Tegucigalpa, Honduras.- La aprobación de la Ley de Justicia Energética, impulsada por el Gobierno, ha despertado el interés de empresarios internacionales en invertir en el sector eléctrico hondureño.
Así lo dio a conocer este viernes Guillermo Peña Pating, gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), quien destacó que la banca internacional ve la reforma como un “mensaje muy fuerte hacia la inversión”.
En reuniones sostenidas en Nueva York, Estados Unidos, con organismos multilaterales y representantes de la banca internacional, funcionarios del Gobierno del presidente Nasry Asfura percibieron una valoración positiva de la reforma aprobada por el Congreso Nacional el pasado 31 de agosto, con 78 votos a favor.
“Lo ven como un mensaje muy fuerte hacia la inversión, hacia el desarrollo económico, hacia tener reglas claras”, manifestó Guillermo Peña Panting, gerente de la ENEE.
La reforma aprobada por el Legislativo elimina las compras directas de energía y establece licitaciones públicas internacionales y subastas competitivas, medidas que, según lo expuesto por el Gobierno, brindan transparencia y previsibilidad a los inversionistas extranjeros.
Además, la ley divide a la ENEE en tres sociedades —generación, transmisión y distribución— bajo una empresa matriz que conserva el 100% de las acciones. Según el Gobierno del presidente Nasry Asfura, esta estructura garantiza que no habrá privatización.
El sector eléctrico hondureño requiere inversiones por alrededor de seis mil millones de dólares para modernizar la infraestructura, reducir las pérdidas y ampliar la cobertura, una cifra que el Gobierno busca atraer mediante la nueva normativa.
En ese sentido, la reforma abre la puerta al capital privado en generación, transmisión y distribución mediante procesos competitivos y reglas que el Gobierno plantea como claras para los inversionistas.
Entre las áreas priorizadas por el Gobierno se encuentran las licitaciones para nueva capacidad de generación, el fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución, así como la modernización de medidores y sistemas de control.
Uno de los puntos que analiza el Gobierno es el congelamiento de la tarifa eléctrica durante los primeros seis meses de vigencia de la ley, una medida que busca proteger a los usuarios ante la presión internacional sobre los precios del diésel.
Panting explicó que "si la ley se publica antes de que entre en vigor el ajuste tarifario, el Estado asumirá el costo de ese incremento durante el periodo de congelamiento, una decisión asumida por el Ejecutivo".
El funcionario advirtió que Honduras no está aislada de las tensiones energéticas globales. “Estamos viendo en Europa gasolineras sin diésel; en Estados Unidos el diésel llegando a precios históricos”, señaló.
El funcionario agregó que el Gobierno del presidente Asfura monitorea la situación para asegurar el suministro.
"Para el presidente Asfura, esta reforma representa la transformación más grande del sector eléctrico en la historia reciente de Honduras, con el objetivo de reducir precios, mejorar la calidad del servicio y atraer inversión que permita cerrar la brecha de infraestructura", destacó Panting.
