Tegucigalpa, Honduras.- La Plataforma Defensores de Honduras, una coalición ciudadana conformada por sociedad civil, denunció ante la Organización de Estados Americanos (OEA) al Partido Libertad y Refundación (Libre) por generar crisis en el proceso electoral en Honduras.
Esta organización concentra sus esfuerzos en la defensa de la institucionalidad democrática, los derechos humanos y la transparencia electoral.
Mediante un escrito remitido a Catherine Pognat, representante de la OEA en Honduras, la Plataforma Defensores de Honduras, plasmó que existe "una serie de hechos que ponen en riesgo la legitimidad del proceso electoral de 2025, el respeto a la voluntad popular y la estabilidad democrática en el país".
Recordaron que "durante las recientes elecciones internas, se produjeron graves irregularidades logísticas, particularmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde múltiples urnas fueron trasladadas sin control ni supervisión oficial, lo que provocó que el escrutinio en varias oficinas electorales no comenzara hasta altas horas de la noche".
Y añadieron: "Esta situación fue aprovechada por altos mandos de las Fuerzas Armadas, institución responsable del resguardo y traslado del material electoral, quienes se presentaron sin justificación alguna en varios centros de cómputo sin ser agentes asignados. Tales hechos constituyen una amenaza directa a la integridad electoral y atentan contra los principios de transparencia, equidad y seguridad jurídica".
Seguidamente enfatizaron que "estos incidentes ponen en evidencia y vulneran el Artículo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que establece como componentes esenciales de la democracia la celebración de elecciones libres y justas, y la separación e independencia de los poderes públicos".
Continuando con el escrito, denunciaron que Libre está generando una crisis de cara a los comicios del 30 de noviembre.
"Denunciamos un preocupante desequilibrio institucional que favorece al partido oficialista, Libre, a pesar de ser una minoría en el Congreso Nacional, el cual ha tomado decisiones contrarias a la ley con el único fin de beneficiar al oficialismo en el próximo proceso electoral".
Resto del comunicado
El presidente del Congreso Nacional ha asumido funciones que corresponden al pleno legislativo, emitiendo declaraciones y decisiones unilaterales que convierten denuncias administrativas en causas penales, dirigiendo órdenes al Ministerio Público, lo que representa una extralimitación de funciones e intromisión en otros poderes del Estado.
El Ministerio Público ha iniciado acciones penales selectivas, coincidiendo con los intereses del partido de gobierno, desvirtuando su autonomía y violando el principio de legalidad y debido proceso consagrado en los Artículos 2 y 3 de la Carta Democrática.
Se evidencia una preocupante desviación del rol constitucional asignado a las Fuerzas Armadas. El general Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha adoptado un discurso abiertamente partidista, replicando señalamientos contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) y asumiendo posturas que comprometen su deber de neutralidad. Esta conducta lo ha colocado en abierto conflicto con la autoridad electoral y vulnera el artículo 272 de la Constitución de la República, que establece que las Fuerzas Armadas “son una institución nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante” y que su papel en los procesos electorales se limita exclusivamente al resguardo y vigilancia del material y recintos electorales, bajo las órdenes del CNE.
Si bien la presidenta de la República ostenta legalmente la jefatura suprema de las Fuerzas Armadas, el problema radica en que está ejerciendo ese rol jerárquico con una clara interferencia en el proceso electoral. Ha emitido declaraciones públicas que descalifican al CNE y lo enfrentan políticamente, generando un ambiente de hostilidad institucional. Esta acción operativa del alto mando militar a una narrativa política oficialista erosiona la autonomía del ente electoral, debilita el principio del control civil democrático y rompe con los contrapesos necesarios entre poderes, en abierta contradicción con el Artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, que exige la separación e independencia de los poderes públicos y la sujeción de toda autoridad al orden constitucional.
Declaraciones del expresidente Manuel Zelaya Rosales, actual asesor presidencial, y figura dominante del partido de gobierno, indican la existencia de 30,000 “colectivos” dispuestos a actuar durante el proceso electoral. Uno de sus voceros ha llegado a afirmar que “si es necesario tomar las armas, lo harán”. Estas declaraciones constituyen una amenaza directa a los derechos políticos y a la convivencia pacífica, en abierta contradicción con los principios del Artículo 1 de la Carta.
En virtud de lo anterior, solicitamos respetuosamente a la Organización de los Estados Americanos:
1. Que mantenga una presencia activa de observación, acompañamiento y vigilancia durante todo el proceso electoral, en coherencia con el Artículo 23 de la Carta Democrática, que faculta a la OEA a brindar apoyo a los Estados miembros en la realización de procesos electorales justos y transparentes.
2. Que emita un pronunciamiento firme en defensa de la autonomía del Consejo Nacional Electoral (CNE), rechazando cualquier presión política o judicial indebida sobre sus miembros, tal como lo exige el Artículo 3 sobre la independencia de los poderes del Estado.
3. Que respalde técnica y políticamente las iniciativas ciudadanas de veeduría electoral, en consonancia con el Artículo 6 de la Carta, que reconoce el derecho y el deber de los ciudadanos de participar activamente en la vida democrática.
4. Que promueva, en todos sus espacios de cooperación, el respeto a la Constitución, al Estado de derecho y la no injerencia de las Fuerzas Armadas y cuerpos de seguridad en el proceso electoral, conforme a los principios consagrados en los Artículos 2 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
Reiteramos nuestra confianza en el papel vital que la OEA puede jugar en la prevención de una crisis institucional y electoral en Honduras. Su vigilancia, acompañamiento y compromiso con los valores democráticos pueden marcar la diferencia entre un proceso electoral libre y uno viciado por el abuso de poder.
