Tratos diplomáticos
La libertad de expresión será sometida a un veredicto este día con la celebración del juicio oral del proceso legal por difamación constitutiva de calumnias incoado por el exviceministro de Deportes Godofredo Fajardo contra el director ejecutivo de diario EL HERALDO, Carlos Mauricio Flores.
La acción judicial se ejerció
luego de que EL HERALDO divulgara el año pasado información proporcionada por el Ministerio Público sobre el inicio de una investigación por aparentes actos de racismo
en contra del exministro de Cultura, Artes y Deportes, Bernard Martínez.
La nota divulgada por este medio fue veraz en el sentido que la fiscal especial de las Etnias y Patrimonio
Cultural, Janny del Cid, fue quien informó del inicio de las diligencias para indagar el caso.
Esta declaraciones se publicaron en varios medios de comunicación por ser un hecho que involucraba a dos servidores públicos en ese momento
y de eso hay constancia en el expediente del juicio.
La querella menciona dos publicaciones hechas por EL HERALDO sobre el tema, una publicada el 31 de agosto y la otra el 10 de octubre
de 2011 y ambas solo se reproducen las palabras de la fiscal.
“La denuncia por el caso de discriminación que recientemente interpusieron los abogados del ministro de Cultura está siendo investigado, bajo la dirección de la fiscalía especial”, aseguró la fiscal del Cid cuando se le consultó si se había aperturado una investigación, según información publicada el 10 de agosto de 2011.
“Efectivamente, la declaración del ministro es en cuanto a los actos o conductas que él considera le son lesivas, dio una amplia declaración al respecto a la fiscal encargada del caso”, fueron otras palabras de la funcionaria sobre ese caso.
Contra EL HERALDO
No
obstante, Fajardo puso su mira solo en EL HERALDO. Presentó una demanda en el
Tribunal de Sentencia de la capital contra el director ejecutivo de este medio.
La libertad de prensa y de expresión nuevamente se encuentra en entredicho ante este tipo de acciones de parte de un exfuncionario que no supo discernir entre una noticia soportada en declaraciones y otra que estuviera sin fundamento.
Esta acusación
más que una intimidación a EL HERALDO, es una atentado en contra del sagrado derecho de la ciudadanía de estar informada de la realidad nacional, pese a que sean hechos
que pongan el descubierto diferencias entre personajes públicos.
En concreto, se divulgó una verdad y por ello no debe de haber represalias, según la Declaración de Chapultepec, adoptada en la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México el 11 de marzo de 1994
y de la que Honduras es signataria.
“Ningún medio de comunicación o periodista debe ser sancionado por difundir la verdad o formular críticas o denuncias contra el poder público”, cita el numeral 10 de ese acuerdo.
Ataques
El director de EL HERALDO, el periodista Flores, dijo que este tipo de acciones judiciales promovidas desde el poder forman parte de toda una serie de ataques sistemáticos contra el ejercicio del periodismo independiente que buscan acallar las voces que representan las grandes inquietudes y preocupaciones de la sociedad.
Flores explicó que en una sociedad democrática los medios de comunicación social se convierten en los auditores de la gestión pública y los funcionarios están obligados a la rendición de cuentas y explicar sus conductas.
“Cuando se ataca la libertad de expresión, cuando se quiere callar la voz de los periodistas y de los medios de comunicación, en realidad se busca silenciar a la sociedad”, dijo.
Honduras vive momentos difíciles, hay más de 30 comunicadores que han muerto víctimas de la ola de violencia y no sabemos quiénes han sido los responsables de estos crímenes, el Estado no ha dado respuestas contundentes, incrementando así los niveles de impunidad, reflexionó.
Asimismo hay decenas de compañeros querellados solo por ejercer el derecho a la libertad de expresión y otros que todos los días son víctimas de amenazas e intimidaciones.
Precisó que en este caso, EL HERALDO lo que ha hecho es reproducir declaraciones de una fiscal del Ministerio Público sobre situaciones que se dieron al interior de la Secretaría de Cultura que tuvieron como protagonistas al ministro Bernard Martínez y al viceministro Godofredo Fajardo por lo que calificó de insólita e inaudita la acción judicial.
Desconocimiento
Fajardo alega que el periódico lo ha difamado al publicar información sobre los dimes y diretes que el año pasado tuvo con su jefe, el entonces ministro de Cultura y
subraya que en la Fiscalía no hay documentada una denuncia en su contra.
Sin embargo, fue la propia fiscal de las Etnias y Patrimonio Cultural, Janny del Cid, la que en su calidad de funcionaria del Ministerio Público
informó a los periodistas sobre las denuncias contra el entonces viceministro Fajardo. Esas declaraciones fueron publicadas por todos los medios de comunicación, radiales, televisivos, digitales y periódicos.
“Estamos a las puertas de un precedente funesto para la libertad de expresión, esta acción es un ataque sistemático al periodismo ético y al ejercicio independiente”, subrayó.
Los tres jueces que dirigirán la audiencia oral tomarán una decisión al final de la misma.
