Tegucigalpa, Honduras.- Marlon David Ochoa fue destituido como consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) este jueves 16 de abril, tras haber sido sometido a un juicio político.
El informe de la comisión investigadora determinó que el ahora exfuncionario incurrió en varios delitos por los que fue denunciado el pasado 9 de abril.
Ochoa fue destituido de su cargo luego de que 88 de los 128 diputados votaran a favor. Durante todas las etapas del juicio político, Ochoa se mantuvo ausente, negándose a acudir a los citatorios hechos desde el Congreso.
El informe de la comisión de investigación fue presentado ante el pleno durante la sesión del pasado miércoles 15 de abril y entregado a la Secretaría del Congreso Nacional.
El documento recomendó que Ochoa, así como el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez, debían ser destituidos de sus cargos.
El ahora exconsejero del CNE era representante del Partido Libertad y Refundación (Libre) y asumió el cargo el 11 de septiembre de 2024. Por la dinámica rotativa del órgano, contemplada en la Ley Electoral, a Ochoa le correspondía asumir la presidencia del CNE el 11 de septiembre de este año 2026.
Durante su gestión como secretario fue señalado por una conducción conflictiva, destacando su negativa a firmar la declaratoria de elecciones generales, su ausencia en varias reuniones del pleno y su rol en denuncias de fraude electoral y señalamientos de conductas antidemocráticas por parte de las otras dos consejeras.
La comisión de investigación que conoció el caso de los cuatro exfuncionarios estuvo conformada por Tania Pinto, quien fungió como presidenta; Lissi Matute Cano, vicepresidenta; Alberto Cruz, secretario; y los congresistas Kilvett Bertrand, Sarahí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.
Testigos en su juicio
Una de las piezas clave que compareció en el juicio político de Ochoa fue la consejera del Consejo Nacional Electoral, Cossette López, quien fue la última testigo.
Durante su intervención, la abogada expuso varias situaciones y señaló que el boicot al cronograma electoral fue la falta más grave atribuida a Ochoa.
“Ochoa, el 22 de octubre, empezó a enarbolar la bandera del fraude: que no iba a haber conectividad, pero la hubo; que no iba a haber transporte, pero lo hubo; que no iba a haber biometría, pero la hubo”, dijo.
Agregó: “Recibimos la primera denuncia por el delito de traición a la patria por haber ejercido el voto en contra de lo que quería Ochoa. Ellos querían un TREP a su medida y que el CNE renunciara a su derecho a hacer una verificación y análisis de actas”.
Ochoa denunció a López ante el Ministerio Público, señalando que presuntamente planeaba un boicot electoral, y presentó una memoria USB con audios que le atribuía. Sobre ello, López sostuvo: “Como dijo alguien, los audios son reales; sí, son reales, si les doy ‘play’ suenan, pero de eso a que sea yo son dos cosas distintas. Debo confesar que nunca terminé de escucharlos”.
“Estuve en total desventaja. Yo no tenía poder, no tenía medios, no tenía dinero, no tenía esas redes de bots, pero tenía algo más peligroso: la verdad”, añadió.
Otra de las figuras clave que compareció fue Marco Noé Martínez Pereira, quien formaba parte de la comisión evaluadora y también de la comisión encargada de la supervisión de los procesos de impresión de edocumentos electorales en el CNE.
El testigo reveló, sustentado en un video, que una memoria USB que contenía el diseño de las actas fue extraída de la imprenta, pero posteriormente logró recuperarla. Advirtió que existía el riesgo de que se clonaran las actas, lo que podría generar documentos duplicados del CNE.
En el video presentado durante la audiencia se observa lo narrado por el testigo. La diseñadora que recibió la USB sale del lugar y se encuentra con el codirector electoral del partido Libertad y Refundación (Libre), Allan Alvarenga. Según se indicó, Angélica Álvarez es su esposa y fue candidata a designada presidencial por ese partido. Según se mencionó, las personas que intentaron sustraer la memoria USB eran parte del equipo de trabajo de Ochoa.
A la lista se suma Eduardo Enrique Fuentes, actual comisionado de la Unidad de Política Limpia, quien fungió como codirector del Consejo Nacional Electoral (CNE). Relató las irregularidades que provocaron retrasos en el cronograma electoral y denunció que hubo una conspiración para boicotear el proceso.
Delitos íntegros de la denuncia
Marlon David Ochoa Martínez, Consejero Propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), ha sido denunciado por varias causales en el desempeño de su cargo.
Causales invocadas: Denuncia grave en el desempeño del cargo: Se le acusa de realizar acciones y omisiones sistemáticas para paralizar el CNE, obstaculizar el cronograma de las Elecciones Generales 2025 y atacar institucionalmente a sus compañeras propietarias del pleno del CNE, impidiendo el funcionamiento regular del órgano electoral.Actuaciones contrarias a la Constitución y al interés nacional: La parálisis sistemática del proceso electoral, la obstaculización de la declaratoria de resultados y la deslegitimación del proceso electoral con argumentos infundados de fraude, desmentidos por organismos independientes, se consideran contrarias a los artículos 2 y 4 de la Constitución de la República.Manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia: Su conducta reiterada de obstaculizar en lugar de facilitar el proceso electoral, ausentarse injustificadamente de sesiones críticas y negarse a firmar resoluciones evidencia una manifiesta incompetencia para cumplir sus funciones. Hechos documentados que sustentan la denuncia:
Sabotaje del cronograma electoral: A pesar de haber votado a favor del Cronograma Electoral para las Elecciones Generales 2025 y los Medios y Lineamientos de Divulgación de Resultados Preliminares (TREP), posteriormente saboteó estas decisiones.Bloqueo físico e institucional del TREP (7-14 de julio de 2025): El 7 de julio de 2025, colectivos afines a su partido impidieron físicamente el ingreso de oferentes a las instalaciones del CNE para la implementación del TREP. Ante la solicitud de prórroga, Ochoa Martínez no dio respuesta, a diferencia de otras consejeras.Cuatro semanas de parálisis por incomparecencia: No asistió a sesiones de Pleno convocadas para el 10 y 14 de julio de 2025, impidiendo el quórum necesario y obstaculizando la continuidad del cronograma electoral. En total, cinco sesiones no pudieron materializarse por su inasistencia y la de los consejeros suplentes, lo que provocó una parálisis de cuatro semanas.Intervención del Congreso Nacional para ampliar plazos: Su obstaculización alteró el cronograma electoral, obligando al Congreso Nacional a aprobar el Decreto Legislativo No. 49-2025 para ampliar plazos.Obstrucción de la verificación de resultados y el escrutinio (diciembre 2025): Bloqueó la fase de corrección de errores de transcripción durante más de una semana y sus tácticas dilatorias hicieron que los recuentos de votos duraran 12 horas en lugar de 45 minutos. Se retiró antes de la votación sobre la declaratoria de resultados presidenciales el 23-24 de diciembre de 2025, calificándola de "golpe de Estado electoral", y se negó a participar en la sesión del CNE para la declaratoria de resultados al Congreso Nacional y corporaciones municipales el 30 de diciembre.Patrón de ataques institucionales contra las Consejeras: Desplegó una estrategia de ataques sistemáticos contra sus colegas consejeras, particularmente contra Cossette Alejandra López-Osorio Aguilar, para desestabilizar el órgano electoral.Denuncias públicas de fraude electoral sin fundamento: Emitió reiteradamente opiniones públicas acusando a las demás consejeras de fraguar un fraude electoral, lo cual fue desmentido por organismos independientes como la MOE-OEA, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la plataforma OEH25.Entrega de grabaciones sin autenticidad: El 22 de octubre de 2025, entregó al Fiscal General una memoria USB con 24 grabaciones de audio para desacreditar a una consejera y desestabilizar la institución, cuya autenticidad y legalidad fueron cuestionadas.Recusación formal contra la Consejera López-Osorio: El 31 de octubre de 2025, presentó una recusación formal contra la Consejera Propietaria Cossette López-Osorio Aguilar para impedirle conocer y resolver la Declaratoria de las Elecciones Generales 2025. Delitos electorales vinculados:
Violación de Deberes de Funcionario (Artículo 499 del Código Penal): Por la negativa reiterada a participar en sesiones, firmar resoluciones y responder solicitudes urgentes.Coacción y Amenaza Electoral (Artículo 542 numeral 4 del Código Penal): Al impedir que el CNE cumpliera sus funciones constitucionales mediante su conducta obstructiva.Delitos Electorales (Artículo 544 numeral 19 del Código Penal): Por la obstaculización del desarrollo del cronograma de actividades electorales.Traición a la Patria (Artículo 555 del Código Penal): Por la suplantación de la soberanía popular y la vulneración de la alternabilidad democrática. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) documentó su conducta obstructiva, señalando que "La negativa posterior del consejero de LIBRE a participar en las sesiones plenarias y la falta de voluntad de los miembros suplentes del CNE para sustituirlo, provocaron una parálisis del CNE que duró cuatro semanas". También se menciona que "El consejero de LIBRE en el CNE entregó al fiscal general una memoria USB con 24 grabaciones de audio [...] con el objetivo de desacreditar a su compañera y desestabilizar la institución."
