Tegucigalpa, Honduras.- La Corte Suprema de Justicia designó a los jueces naturales que conocerán las querellas presentadas por la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, contra el fiscal general, Johel Zelaya, y el consejero Marlon Ochoa.
La responsabilidad recayó en los magistrados Walter Miranda Sabio, quien conocerá la querella presentada contra el fiscal general, y José Ricardo Pineda, designado para atender el caso contra Ochoa.
El portavoz de la CSJ, Melvin Duarte, explicó que "se realizó la designación de los otros expedientes, uno de ellos corresponde a la querella interpuesta en contra del Fiscal General de la República y siguiendo el procedimiento para los altos funcionarios será conocido por un juez natural"
La Secretaría General del Poder Judicial notificará a los magistrados designados para que inicien el proceso de análisis de la documentación y ejecuten las acciones correspondientes conforme a la normativa vigente.
La consejera del CNE, Cossette López Osorio, a través de sus representantes legales, presentó una querella contra el fiscal general Johel Zelaya, a quien acusa de haberla difamado y prejuzgado públicamente en el marco de la divulgación de audios de una supuesta conversación con el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
Asimismo, se interpuso una segunda querella contra Marlon Ochoa por tres delitos de calumnias con publicidad.
Los querellados disponen de tres días hábiles a partir del martes para responder a la acción penal. En caso de que las querellas sean admitidas, el proceso continuará con las diligencias judiciales correspondientes.
En relación con estas querellas, la secretaría general del Poder Judicial enviará a los magistrados designados como jueces naturales para que estos establezcan lo que manda la normativa para hacer el análisis de la información y ejecutar la primera acción en el proceso de la querella.
Los querellados tienen tres días hábiles a partir del martes, si las querellas son estimadas, los querellados tendrán tres días para responder a la acción penal.
