Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, interpuso una querella penal contra el fiscal general Johel Zelaya, a quien acusa de haberla difamado y prejuzgado públicamente en el marco de la divulgación de audios de una supuesta conversación con el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
La acción legal fue presentada ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), según confirmó la propia López, quien sostiene que el fiscal general actuó con “absoluta parcialidad” y “violó los principios de objetividad” al pronunciarse públicamente sobre un caso en curso, sin que existan pruebas formales en su contra.
“Básicamente, él dio una instrucción para que la Fiscalía me culpabilice con base en algo que él ya dio por sentado, incluso arrogándose funciones de juez”, declaró López, al señalar que Zelaya no solo vulneró el debido proceso, sino que además usurpó atribuciones que no le corresponden.
Según la funcionaria electoral, la divulgación de los audios por parte del Ministerio Público constituye una violación de secretos y de los procedimientos internos de investigación, ya que el fiscal general “tenía la obligación de no exhibir pruebas mientras no existiera una resolución judicial”.
No obstante, López subrayó que su principal reclamo no radica en la exposición del material, sino en el daño moral y reputacional causado por las declaraciones del propio fiscal, a quien acusa de difundir imputaciones falsas y dar por sentado su culpabilidad.
“Lo más grave no es la filtración, sino la difamación. Él ya me juzgó públicamente, vulneró mi derecho de inocencia y me indicó un delito. Cualquier persona no puede hacer eso, pero un fiscal general menos, porque es agravante que lo haga desde el poder que ostenta”, apuntó la consejera.
López sostiene que el accionar de Zelaya constituye una falta grave por tratarse del máximo representante del Ministerio Público, institución que por mandato constitucional debe actuar con objetividad e imparcialidad.
A su juicio, el fiscal evidenció “prejuicio y prejuzgamiento” al opinar sobre su presunta responsabilidad sin haber concluido ninguna investigación formal.
La querella, presentada con el acompañamiento de sus abogados, solicita que la Corte Suprema conozca el caso y determine si el fiscal general incurrió en abuso de autoridad, difamación y violación de derechos fundamentales.
