Un grupo de pobladores del Bajo Aguán se plantó este lunes frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ) para protestar contra el 'sicariato judicial'.
Los manifestantes se identifican como miembros de de las fincas San Isidro, Despertar y La Trinidad, y protestan contra supuestas prácticas amañadas en el manejo de la justicia en las corte de apelaciones de La Ceiba y Francisco Morazán.
'Repudiamos el sicariato judicial de las cortes de apelaciones de La Ceiba y Francisco Morazán', rezaba una de las pancartas que los manifestantes llevaron hasta la sede del Poder Judicial.
En otra, hacían un llamado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Aviles, para que 'ponga un alto al sicariato judicial. Es su deber histórico, el mundo lo juzgará si lo sigue permitiendo'.
Los campesinos del Bajo Aguán mostraban en otra pancarta los nombres de los magistrados Celino Aguilera, Joel Cerrano y Carlos Eduardo Castelar, a quienes cuestionan por supuestos contuvernios con el empresario René Morales. '¿Por cuánto se han vendido?', preguntan en uno de sus mensajes a nombre de del Movimiento Unificado Campesino (Muca), Movimiento Auténtico Reinvidicador Campesino del Aguán (Marca) y la Empresa Asociativa Campesina de Isleta (EACI.
Los grupos campesinos fueron desalojados hacia las 12:30 AM por elementos Cobras que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. En respuesta, algunos de los campesinos agredieron con piedras y palos a los elementos del orden.
Transcendió que los campesinos nombraron una comisión que se reunirá entre hoy y mañana, junto a sus apoderados legales, con autoridades de la CSJ y el Congreso Nacional.
El grupo pedirá a las autoridades reactivar algunos juicios en los que se ha detectado un comportamiento irregular en los tribunales en materia agraria y administrativa, dijo el dirigente campesino Rafael Alegría.
'Son miles de campesinos enjuiciados por problemas agrarios', añadió.
Recurso de inconstitucionalidad
Los campesinos del Bajo Aguán también están preparando un recurso de inconstitucionalidad contra el desarme aprobado por el gobierno en Bajo Aguán, dijo Rafael Alegría.
Los comerciantes, la sociedad civil y los campesinos consideran que este decreto está aprobado solo para un sector, expresó Alegría.
Los guardias seguridad y empresarios se pueden mover con las armas que quieran, pero los ganaderos, comerciantes y campesinos no, y la ley es de carácter general y no particular, señaló.
A inicios de agosto, el Congreso Nacional de Honduras aprobó un desarme general
en el departamento de Colón, particularmente en el bajo Aguán.
