El gobierno de Honduras aprobó hoy en Consejo de Ministros un decreto de emergencia para reducir el gasto público en unos mil 200 millones de lempiras en lo que resta del 2012.
El proyecto de decreto, que entrará en vigencia el 1 de septiembre, fue presentado en Casa Presidencial por el recién nombrado
ministro de Finanzas Wilfredo Cerrato
y contiene medidas como la reducción en un 11% de los salarios de los funcionarios que sobrepasen los 50 mil lempiras al mes.
La reducción del gasto público, a la que deberán ceñirse los gerentes y directores de las instituciones descentralizadas, no incluye medicamentos, alimentos para hospitales ni centros penitenciarios.
El decreto también prohíbe la contratación de personal permanente, por contrato y por jornales, congela las plazas vacantes, incluyendo las del personal que se jubila, a menos que hayan sido justificadas y aprobadas por el Ejecutivo.
El presidente de Honduras dijo que el decreto aprobado por el gobierno le da la autoridad moral para mostrar al sector privado que se está 'sacrificando' e instar a que ellos paguen sus impuestos en relación a la Tasa de Seguridad, cuya recaudación ha bajado de 170 millones de lempiras a 90 millones en el último mes.
'Me da un no sé qué, legalmente (los empresarios) han buscado la manera de evadir. El primer mes 170, el segundo mes 104 y el tercer mes 90, así que presidente del Comité de la Tasa de Seguridad, Reinaldo Sánchez, a saber cómo le va a venir el cuarto mes de recaudación”, expresó.
La decisión del gobierno ha sido calificada como una medida desesperada por la decana de Ciencias Económicas de la UNAH, Belinda Flores.
Fuera paracaidistas
En uno de los artículos del decreto ejecutivo aprobado en Consejo de Ministros, se menciona también que se cancelará al personal sin funciones asignadas o que se compruebe que no tengan presencia en su puesto de trabajo, es decir, a los paracaidistas.
Las medidas entrarán en vigencia a partir del 1 de septiembre próximo y culminarán el 31 de diciembre del año en curso, establece la iniciativa.
“Este es el comienzo, les felicito, ministros, por ese acto de solidaridad con el pueblo hondureño... No estoy de acuerdo con el despido injustificado de empleados públicos, sí de paracaidistas, porque el pueblo no le puede pagar a una persona que no trabaje”, dijo el Presidente.
Lobo ordenó que también se debe incluir en el decreto la reducción de salarios a los consultores de programas internacionales que prestan una labor en diferentes instituciones del Estado.
“Tienen que hacerlo de manera voluntaria, y de no ser así, pues que se contrate a otro personal”, advirtió.
El decreto faculta a la Secretaría de Finanzas para que a través de una resolución interna establezca el desglose de los diferentes gastos que estarán sujetos a reducción y congelamiento en las distintas secretarías de Estado e instituciones desconcentradas y transferencias para las instituciones descentralizadas.
Además, contempla que el ministerio de Educación deberá presentar ante la Secretaría de Finanzas, a más tardar el 30 de agosto, los resultados del plan de ahorro pactado entre varias instituciones en marzo pasado.
Se fijó que la Dirección General de Inversión Pública, junto con las unidades encargadas de proyectos, realicen una revisión física y financiera en las diferentes instituciones para establecer los montos de las asignaciones presupuestarias que será recortadas para la reducción del gasto.
Los montos serán registrados ante la Dirección General de Presupuesto para que ésta implemente los congelamientos debidos por medio del Sistema Integrado de Administración Financiera (Siafi).
Finanzas también, por medio de la Oficina Normativa de Compras y Adquisiciones del Estado (ONCAE), tendrá que realizar una evaluación para establecer cuáles son las prioridades del plan anual de compras y contrataciones del 2012 de las instituciones del sector público con el fin de racionalizar las compras del gobierno en lo que resta de 2012.
El decreto argumenta que desde 2010, el gobierno asumió obligaciones derivadas de gastos ejecutados sin respaldo presupuestario, provocando un fuerte impacto en el flujo de caja del gobierno y generando un desbalance financiero que conduce a recortar el gasto corriente.
