Tegucigalpa, Honduras.-El Ministerio Público (MP) solicitó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la juramentación de un perito que tendrá a su cargo el análisis de un video de la sesión legislativa del 8 de enero de 2026.
La solicitud fue abordada durante una diligencia prejudicial que se prolongó por aproximadamente tres horas y que está relacionada con el proceso penal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y los 12 diputados que integraron la comisión permanente.
Al concluir la audiencia, la exdiputada Silvia Ayala, una de las acusadas en el proceso, informó que los equipos de defensa presentaron una oposición al procedimiento.
Según explicó, consideran que la juramentación del perito forma parte de las mismas líneas de investigación del proceso judicial iniciado el 15 de octubre, luego de la emisión del requerimiento fiscal contra los imputados.
"Se preguntó directamente al Ministerio Público —si las diligencias prejudiciales— se trataban de las mismas líneas de investigación, lo cual fue respondido de manera afirmativa por el fiscal que se hizo presente a la audiencia", aseguró.
Por su parte, el abogado defensor Darwin García señaló que la solicitud de juramentación del perito debe distinguirse de la designación de Anny Ochoa, realizada el 22 de octubre para conocer el caso contra los integrantes de la extinta comisión permanente.
Sin embargo, la diligencia no concluyó con la juramentación del experto que analizará el material audiovisual. Al término de la audiencia, la defensa informó que la jueza encargada de conocer el procedimiento programó la resolución para el lunes 9 de noviembre.
Decreto 58-2026: el recuento voto por voto
El Decreto Legislativo 58-2025 constituye uno de los elementos centrales de la investigación que desarrolla la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (FETCCOP) contra Redondo, 12 exintegrantes de la comisión permanente y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas, Edis Moncada.
La disposición fue aprobada el 8 de enero y publicada en el diario oficial La Gaceta el 9 de enero de 2026. El documento ordenaba al Consejo Nacional Electoral (CNE) realizar un recuento general "voto por voto" de las elecciones generales de 2025.
El decreto contemplaba revisar las actas de cierre que presentaran inconsistencias o impugnaciones en los niveles residencial, legislativo y municipal.
Además, uno de sus puntos más controvertidos establecía que, si el CNE no realizaba el procedimiento, el Congreso Nacional asumiría directamente el escrutinio de los votos.
La disposición generó cuestionamientos de sectores jurídicos y políticos, que señalaron posibles vicios constitucionales relacionados con la autonomía del órgano electoral y el procedimiento utilizado para aprobar el decreto.
Entre los señalamientos figuró el supuesto incumplimiento del quórum necesario para aprobar la disposición. Sectores de oposición sostuvieron que la sesión no reunió los 65 diputados propietarios requeridos para alcanzar una mayoría simple y también cuestionaron la mayoría necesaria para modificar disposiciones de carácter electoral.
Imputados
El Ministerio Público acusa a Luis Redondo por perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios y usurpación de funciones.
La exsecretaria del Poder Legislativo, Luz Angelica Smith, es señalada por falsedad en documentos públicos, usurpación de funciones y violación de los deberes de los funcionarios.
La acusación por usurpación de funciones incluye a Hugo Noé Pino, Carlos Raudales, Karen Martínez, Fabricio Sandoval, Juan Barahona, Silvia Ayala, Osman Chávez, Kritza Pérez, Linda Donaire, Scherly Arriaga y Edgardo Casaña.
Por su parte, al exgerente de la ENAG, Edys Moncada, se le atribuyen tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con la publicación de las certificaciones electorales, las resoluciones aprobadas el 28 de octubre de 2025 y el decreto 58-2025.
