TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de 67 días de protestas, desde que el pasado 3 de febrero tomaran la decisión de no laborar más, a falta de una firma, la crisis laboral en el Ministerio Público (MP) estaría a punto de terminar luego de llegar a un preacuerdo con el Poder Ejecutivo mediante la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Así lo dieron a conocer públicamente los voceros del movimiento que se mantuvo en huelga durante más de dos meses, en el edificio principal de esta entidad, en la colonia Lomas del Guijarro, en la capital.
“Son 2,000 lempiras en concepto de aumento salarial y 1,600 lempiras por costo de vida, de forma general y de manera retroactiva desde el mes de enero”, detalló Víctor Marín, presidente de la Asociación de Fiscales de Honduras (AFH), en referencia al incremento de salario que estarían recibiendo según el acuerdo.
El empleado del Ministerio Público destacó que con este incremento de más de 3,000 lempiras todos los trabajadores de esta entidad saldrán ganando, principalmente los que laboran en el área administrativa que habían sido los más vulnerados en los últimos años.
Al ser un monto generalizado para todos los trabajadores del MP, para los que devengan salarios altos no es tan significante, más no así para los que ganan salario mínimo, para quienes esta ampliación salarial significará hasta un 26% de incremento con relación a su sueldo actual.
Víctor Marín apuntó: “Esta lucha se acaba hasta que se haya firmado ese acuerdo por escrito; acuerdo que debe de llevar también la protección de no traslados de no arbitrariedades, no procesos disciplinarios para cada uno de nosotros”.
Esto en referencia a potenciales represalias en el ámbito laboral que pudieran darse contra todos los trabajadores que estuvieron en plan de lucha por que se les diera un aumento de sueldo y que por ende dejaron sus lugares de trabajo durante los 67 días.
El preconvenio al que se llegó ayer entre las máximas autoridades del Ministerio Público, en este caso el fiscal general adjunto, Daniel Sibrián, y la Secretaría de Finanzas, no es algo oficial por que todavía no hay un documento oficial que lo respalde.
Debido a esto, las oficinas del ente acusador del Estado permanecerán cerradas en todo el país, así como no se harán levantamiento, ni autopsias, hasta que no estén las rúbricas de quienes corresponda en este documento.
