La petición surge en torno al caso 'Red de diputados', por lo que en los próximos días la Sala Constitucional deberá pronunciarse, según confirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta.
El decreto conocido como pacto de impunidad favoreció a cinco parlamentarios señalados en este caso también denominado 'Subsidiazo', mismo que al final fue archivado.
En la resolución de la Corte de Apelación se pide además revocar las medidas cautelares contra la Red de Diputados.
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Ante la iniciativa, el titular de la CSJ detalló que 'la Constitución y la ley sobre justicia constitucional brinda la potestad a los Juzgados o Tribunales de hacer lo que efectado por la Corte de Apelaciones'.
'Es un procedimiento que la Constitución y la ley contempla con toda naturalidad, aunque no se da con mucha frecuencia', apuntó. 'No debe existir blindaje para nadie, la ley debe aplicarse de manera igualitaria indistintamente del cargo que tenga', agregó Argueta.
En caso de ser declarado el Artículo 131-A como inconstitucional, el proceso a seguir sería el estipulado en la Ley sobre Justicia Constitucional que indica un análisis para demostrar si es pertinente o no actuar procesalmente en el caso.
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