Honduras

Consejo de Defensa enviará decreto al CN

Ampliarán “superpoderes” al director de la Policía Nacional para garantizar expulsión de agentes y oficiales corruptos. El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad preparará otro decreto para garantizar la depuración de la Policía Nacional.

07.04.2014

El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad comenzará este día a preparar otro decreto para ampliar la vigencia de la Ley Especial de Depuración Policial.

Con esta medida se pretende extender los “superpoderes” al director de la Policía Nacional (PN), Juan Carlos Bonilla, para que continúe aplicando pruebas de confianza a oficiales y agentes y proceda a destituir a quienes resulten reprobados.

El presidente Porfirio Lobo anunció el fin de semana que enviará al Congreso Nacional (CN) una ampliación al decreto 89-2012 que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial, aprobada por seis meses el pasado 25 de mayo.

Dicho decreto venció el domingo y declara situación de emergencia nacional en materia de seguridad pública para acelerar un proceso expedito y confiable de depuración en la Policía otorgando facultades y atribuciones excepcionales y temporales al director de la Policía Nacional.

El gobierno ampliará la vigencia de la Ley en medio de la inconformidad que persiste en la sociedad ante la “lentitud” con que se está llevando a cabo el saneamiento de la Policía Nacional, sumida en una profunda crisis ante la vinculación de agentes y oficiales en actos de corrupción y bandas del crimen organizado.

El Presidente de la República afirmó que la Ley de Depuración Policial debe continuar, por lo que anunció que esta semana el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad enviará al Congreso Nacional un nuevo decreto.

El gobernante aseguró que esta vez se incluirán en el instrumento varias observaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para evitar complicaciones por inconstitucionalidades en la implementación del proceso de depuración policial.

Resultados

La Ley Especial para la Depuración Policial ha permitido la aplicación de 1,271 pruebas de confianza a través de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) a los miembros de la Policía, que suman alrededor de 14 mil.

Según datos de la institución, se han practicado 774 pruebas de polígrafo a agentes y oficiales policiales, de los cuales 150 dieron positivo y también se han realizado 352 pruebas toxicológicas, dando como positivo 25 en total.

Asimismo, se han realizado 145 pruebas integrales, de las cuales 55 dieron positivo para un gran total de 230 pruebas con resultado positivo, es decir, 230 miembros de la Policía que enfrentan un proceso de separación de la institución.

“En el marco de ese ámbito jurídico (Ley Especial de Depuración) la DIECP realizó 150 resoluciones que afectan a otros tantos miembros de la Policía Nacional porque fallaron como la ley establecía cualquiera de las pruebas de evaluación... La ley dice que cuando el evaluado reprobare cualquiera de las pruebas que se practiquen”, explicó Eduardo Villanueva, director de la DIECP.

“En base a esos 150 miembros de la Policía Nacional que decepcionaron la prueba del polígrafo, 25 miembros de la carrera policial que dieron positivo en la prueba de toxicología y 55 que igualmente reprobaron cualquiera de las pruebas, las resoluciones de la DIECP se emitieron, en total 230, para que esos miembros de la Policía fueran separados de la Policía Nacional como corresponde a la aplicación de esta Ley Especial”, explicó.

Decreto autoriza despidos en la PN

El decreto 89-2012 que contiene la Ley Especial para la Depuración Policial declara emergencia nacional en materia de seguridad pública y en su artículo segundo faculta al director de la Policía a realizar evaluaciones de confianza a agentes y oficiales de la institución.

En su artículo tres el decreto autoriza el despido de cualquiera de los miembros de la carrera policial, producto de la aplicación de las medidas, acciones y facultades establecidas en el artículo segundo de la ley.


El instrumento establece que las acciones del director de la Policía no implicarán en ningún caso, ni tiempo, responsabilidad patrimonial para el Estado de Honduras, ni responsabilidad patrimonial, civil, administrativa o penal a los funcionarios encargados de la aplicación del decreto que venció ayer tras seis meses en vigor.