Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional se encuentra a la espera de que el Poder Ejecutivo remita formalmente el proyecto de reformas al Código Procesal Penal, con el objetivo de actualizar las herramientas legales contra una criminalidad que ha "mutado" en sus formas de operar.
Las nuevas normativas buscan atacar de frente el uso de tecnologías financieras y el reclutamiento de menores por parte de estructuras criminales.
La iniciativa, que ya fue socializada preliminarmente por la Secretaría de Seguridad ante las bancadas de la cámara legislativa, pretende que Honduras deje de "copiar leyes de otros países" y diseñe un marco jurídico acorde a la realidad nacional.
Entre los puntos más críticos se encuentra la regulación de las transferencias monetarias electrónicas y el rastreo de cuentas bancarias utilizadas para el cobro del "impuesto de guerra".
Las autoridades han detectado que los grupos criminales ahora utilizan métodos sofisticados de suplantación de identidad. Según las investigaciones, cuando la policía rastrea una cuenta de depósito, suele pertenecer a personas que sufrieron el robo de su identidad o cuyos datos bancarios fueron hackeados, lo que dificulta la captura de los verdaderos extorsionadores.
“Tenemos que acondicionar estas leyes de acuerdo a las nuevas formas que están operando; hay menores de edad que están utilizando, está el tema de las billeteras electrónicas y el hackeo de números”, explicó el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma.
El parlamentario detalló que, una vez que el proyecto llegue desde Casa Presidencial, será remitido a la Comisión de Seguridad.
Como paso obligatorio, se solicitará la opinión jurídica de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para asegurar que las reformas a los artículos del Código Procesal Penal no vulneren garantías constitucionales pero sean "contundentes".
Uno de los ángulos más agresivos de la reforma es la clasificación de maras y pandillas como grupos terroristas.
Esta medida busca elevar las capacidades de persecución penal, permitiendo un tratamiento diferenciado para los integrantes de estas organizaciones que mantienen bajo asedio al sector transporte y al pequeño comercio.
“Específicamente de esos sectores, maras y pandillas, la intención es declararlos terroristas, pero tenemos que esperar la opinión de la Corte Suprema de Justicia para ver si va de acuerdo a lo que se requiere en esta lucha frontal”, señaló Ledezma.
La reforma también pone la lupa sobre el narcomenudeo, un flagelo que las autoridades vinculan directamente con el repunte de la violencia de género en el país.
Datos de la Secretaría de Seguridad revelan que una proporción alarmante de los femicidios registrados en los últimos meses tienen su origen en disputas de territorio o represalias ligadas a la venta de estupefacientes a pequeña escala.
Ledezma enfatizó que el nuevo Congreso Nacional tiene el compromiso de legislar basándose en las necesidades del pueblo hondureño.
En ese sentido, mencionó que también se revisará la seguridad en los centros penales, donde el uso de tecnologías satelitales externas a las operadoras locales está permitiendo que se sigan coordinando delitos desde el interior de las cárceles.
“Tenemos tecnologías satelitales que no necesitan estar en las compañías que popularmente conocemos; hay que ver cómo se puede regular para que desde las cárceles no se sigan dando extorsiones”, advirtió Ledezma.
Para que estas medidas sean efectivas, el Legislativo buscará un esfuerzo conjunto con la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el sistema financiero privado.
El objetivo es crear un cerco digital que impida el flujo de dinero ilícito a través de las plataformas digitales de pago, que se han convertido en el refugio de las estructuras de extorsión.
“Este es un esfuerzo de manera conjunta entre todas las entidades de gobierno para bajar estos índices de criminalidad, y de manera particular la extorsión que tanto daño hace”, puntualizó el legislador.
