Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó por unanimidad este lunes 26 de enero el decreto que autoriza la venta del avión presidencial, una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y presentada ante el pleno por el diputado nacionalista por Yoro, Eder Mejía.
La aprobación faculta al Poder Ejecutivo, a través de las instancias correspondientes, a vender el avión presidencial Embraer Legacy 600, matrícula FAH-001, mediante un proceso de subasta pública u otro mecanismo legal, bajo criterios de transparencia y conforme a la normativa vigente.
La iniciativa se aprobó con la dispensa de dos debates y se espera que sea sancionada este martes por el presidente electo, Nasry Asfura.
De acuerdo con el decreto aprobado, previo a la venta deberá realizarse un avalúo exhaustivo por expertos independientes, con el fin de establecer un precio de mercado justo y evitar un perjuicio al patrimonio del Estado.
El proceso de comercialización deberá cumplir con todos los requisitos legales establecidos.
El decreto establece que los fondos obtenidos por la venta de la aeronave serán destinados exclusivamente a programas sociales, entre ellos el fortalecimiento del sistema de salud pública, abastecimiento de medicamentos e insumos hospitalarios, construcción y mantenimiento de centros educativos, programas de nutrición y apoyo alimentario, así como proyectos de acceso a agua potable en comunidades vulnerables, bajo supervisión del Congreso Nacional.
Durante la exposición de motivos, se argumentó que el avión presidencial representa un alto costo de mantenimiento y que su uso ha sido limitado en los últimos años, por lo que su venta permitirá redirigir recursos públicos hacia necesidades prioritarias de la población hondureña, en un contexto de restricciones fiscales y deterioro de indicadores sociales.
El decreto aprobado entrará en vigencia 20 días después de su publicación en el diario oficial La Gaceta, y forma parte de las primeras medidas legislativas impulsadas por el nuevo gobierno para promover austeridad, eficiencia y reorientación del gasto público.
Debate
Durante el debate legislativo, el diputado del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU/SD), Carlenton Dávila, cuestionó la permanencia de bienes de alto costo operativo en un país con múltiples carencias sociales.
“No es coherente que el Estado mantenga bienes de alto costo operativo cuando hay hospitales, escuelas, carreteras, comunidades que requieren apoyo. Un avión presidencial no es indispensable para gobernar. Existen mecanismos más económicos y eficientes para la movilidad de nuestros funcionarios sin cargarle los costos a nuestro pueblo”, expresó.
El parlamentario añadió que los gastos asociados a la aeronave van más allá de su adquisición. “No se trata solo del avión, sino de mantenimiento, combustible, tripulación, seguros, repuestos, son millones de lempiras que se podrían destinar a prioridades en nuestro país”, sostuvo, al considerar que la venta del avión envía un mensaje de responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
“Vender este activo es una decisión responsable y envía un mensaje claro que los recursos del Estado deben servir al pueblo y no a privilegios del poder”, agregó, Dávila, condicionando el respaldo de su bancada a que el proceso se realice bajo criterios técnicos y de evaluación transparente.
Desde la bancada del Partido Liberal, la diputada Iroshka Elvir elevó el tono del debate al señalar responsabilidades políticas y administrativas en la compra de la aeronave durante el gobierno de Juan Orlando Hernández. “Ustedes están rectificando sobre un error que ustedes mismos cometieron en la administración de Juan Orlando Hernández sobre la compra de este avión presidencial para el año 2014 y que mintieron”, afirmó.
Elvir sostuvo que inicialmente se presentó la aeronave como una donación del gobierno de Taiwán, pero posteriormente se conoció que los fondos provinieron de la tasa de seguridad, señalando además que la operación se habría realizado bajo esquemas de secretismo.
“Es importante señalar esto porque el pueblo hondureño no debe olvidar estas acciones, pero lo importante más allá de los errores es la rectificación y que el dolo que se realizó en esta administración no debe quedar impune, debe haber una responsabilidad administrativa, penal y civil”, manifestó.
La diputada agregó que, además del valor de adquisición, los gastos de administración y operación del avión han superado los 40 millones de dólares, cuestionando la viabilidad de mantener este tipo de activos en un país con altos niveles de pobreza.
“En un país tan pobre donde la gente vive con $1 al día, nosotros no podemos tener un avión tan costoso. Debemos vivir sobre todo los políticos con las medidas económicas que representen la dignidad del pueblo hondureño y no utilizar este tipo de transporte que es un lujo en un país tan pobre como el pueblo hondureño”, concluyó.
