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Tegucigalpa, Honduras.- Entre rejas frías, lejos de su tierra y de sus familias, decenas de hondureños esperan en silencio que alguien recuerde sus nombres. Son hombres, mujeres e incluso niños que, sin haber cometido delitos, fueron detenidos en centros migratorios de Estados Unidos y hoy permanecen invisibles para las autoridades de su país.
El eco de su ausencia apenas llega a través de voces como la de Itsmania Platero, defensora de derechos humanos, quien advierte que el gobierno de Honduras no ha dado un solo paso concreto para saber cuántos compatriotas están tras las rejas ni para exigir su liberación.
“Hasta ahora ningún interesado del gobierno de Honduras ha accedido a las cárceles para verificar cuántos hondureños hay. Sí hay hondureños, claro que hay, pero no podemos decir cuántos porque no ha ido ninguna comisión”, lamentó Platero.
La falta de datos oficiales contrasta con la magnitud del sistema de detención migratoria estadounidense, que cuenta con unas 200 instalaciones, entre centros de detención, cárceles del condado y complejos privados contratados por ICE.
En al menos 176 de estos sitios se ha confirmado la presencia de personas privadas de libertad, pero no hay constancia de cuántos son hondureños.
En los próximos días, aseguró Platero, se inaugurará un nuevo centro en Indiana con capacidad para mil personas, “igual que Alcatraz”.
Esta expansión, señaló, se da mientras persisten denuncias de violaciones al debido proceso, detenciones arbitrarias y falta de acceso a defensa legal para migrantes que no han cometido delitos.
La defensora recuerda que en centros de procesamiento de Texas murieron hondureños, incluidos menores, sin que Cancillería informara jamás las causas ni el seguimiento de los casos.
“Se murieron y punto. No nos informaron ni por qué, ni qué pasó”, lamentó. La opacidad en torno a estas muertes alimenta la desconfianza hacia las autoridades hondureñas y subraya la urgencia de un mecanismo formal de supervisión.
El drama no solo ocurre dentro de las paredes de los centros, sino también en la forma en que muchos llegan a ellos.
Platero denunció que recientemente se ejecutó una operación conocida como “Caballo de Troya”, donde trabajadores agrícolas, a quienes se había prometido protección bajo programas como el TPS, fueron engañados para subir a un autobús supuestamente de transporte laboral, solo para ser detenidos por agentes migratorios.
Entre ellos había al menos 16 hondureños, además de salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos.
En Texas, solo uno de los cinco centros de detención alberga 587 hondureños, según cifras del consulado. De los otros centros, no hay información. Tampoco se sabe cuántos hondureños hay en instalaciones como Alligator o en otros complejos de alta seguridad.
La solución que plantea Platero es movilizar a todos los cónsules hondureños en Estados Unidos y conformar una comisión de expertos legales para inspeccionar cada centro, verificar la presencia de hondureños, confirmar su identidad y estatus legal, y gestionar su liberación cuando no exista delito.
Esta práctica ya la aplican países como México, que mantienen equipos jurídicos activos en los puntos neurálgicos de detención.
Según datos de ICE, más de 670 mil personas en Estados Unidos ya han agotado su proceso legal y se encuentran en situación de deportación o detención.
Una porción de esta cifra son hondureños, pero sin inspecciones directas es imposible saber cuántos.
Platero advierte que en estos lugares podría estar la clave para localizar a personas reportadas como desaparecidas por sus familias en Honduras.
La defensora pide que la Cancillería actúe con inmediatez. “El migrante privado de libertad (sufre condiciones) terribles... nadie se está acordando de él. Y si es inocente, tiene que ser excarcelado”, reclamó.
Mientras no haya una voz oficial que confirme cuántos hondureños están tras las rejas, sus historias seguirán perdiéndose en la estadística, recordó.
El llamado silencioso que emana de esos centros no espera discursos, sino acción: puertas que se abran, nombres que se pronuncien y familias que puedan volver a abrazarse.
Más atención al migrante
La Fundación 15 de Septiembre instó al gobierno de Honduras a conformar de manera urgente una comisión especial que supervise y atienda la situación de los hondureños que se encuentran recluidos en centros de detención de migrantes en Estados Unidos, ante la falta de información oficial sobre cuántos connacionales enfrentan actualmente procesos migratorios o están a la espera de deportación.
Juan Flores, presidente de la organización, señaló que esta comisión debe estar integrada por autoridades consulares, representantes de la Cancillería, organizaciones defensoras de migrantes y miembros de la sociedad civil, con el fin de garantizar que se respeten los derechos humanos y se brinde acompañamiento legal a los detenidos.
“No tenemos un dato real de cuántos hondureños están detenidos en los centros de ICE. Es preocupante porque sin esa información es imposible diseñar estrategias efectivas de apoyo”, advirtió.
De acuerdo con Flores, la comisión también podría coordinarse con las autoridades estadounidenses para agilizar la identificación de casos vulnerables, como personas enfermas, mujeres embarazadas, menores de edad o víctimas de trata, que requieran una atención prioritaria.
“Cada día hay hondureños que son arrestados por redadas o retenes, y en muchos casos sus familias no saben dónde están ni cómo ayudarlos”, lamentó.
En 2024, datos de organizaciones migratorias estimaron que más de 22,000 hondureños fueron detenidos en diferentes operativos migratorios en territorio estadounidense, aunque la cifra oficial podría ser mayor debido a que no todos los casos se reportan públicamente.
Flores recordó que en ocasiones, los consulados no logran dar cobertura a todos los casos debido a limitaciones de personal y presupuesto.
Por eso, la creación de una comisión especial permitiría ampliar la capacidad de respuesta y establecer un canal directo de comunicación con las familias en Honduras.
Además, insistió en que el país debe fortalecer sus programas de asistencia legal para migrantes, capacitar al personal consular y garantizar fondos para traslados, pagos de abogados y visitas a los centros de detención.
“Nuestros compatriotas no pueden sentirse abandonados. La migración irregular es un fenómeno complejo, pero eso no justifica la indiferencia”, recalcó.
La Fundación 15 de Septiembre también planteó que la comisión trabaje de la mano con organizaciones hondureñas en Estados Unidos para monitorear denuncias de abusos, condiciones inadecuadas en los centros y casos de detención prolongada sin acceso a representación legal.
“Se trata de derechos humanos, de dignidad y de justicia. No podemos seguir sin un plan claro para proteger a quienes, por necesidad, se han visto obligados a dejar el país y ahora enfrentan un sistema migratorio tan duro como el estadounidense”, enfatizó Flores.
