La persecución de migrantes indocumentados en los Estados Unidos escala con el paso de los días en diversas ciudades y estados de ese país. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha redoblado su presencia, o mejor dicho, intensificado la cacería de indocumentados, en centros de trabajo, espacios públicos y comunidades de alta densidad migrante. Estos operativos, realizados sin previo aviso, están generando, por un lado, pánico entre la población que teme ser detenida y expulsada a sus países de origen; y por otro, han provocado manifestaciones de protesta que han desencadenado en detenciones masivas, agresiones y hasta toques de queda.
Testigos reportan la detención de personas sin antecedentes penales, de familias completas, de menores de edad e incluso de quienes estaban siguiendo sus trámites legales para regularizar su condición migratoria.
Los casi dos millones de hondureños y hondureñas que residen en Estados Unidos, en su gran mayoría sin documentos legales, también forman parte de la población objeto de los operativos migratorios ordenados por la administración Trump. Incluso, unos 55,000 que están cobijados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) esperan la decisión sobre su extensión en las próximas semanas. Desde Honduras, las autoridades de la Cancillería llaman a los hondureños residentes en Estados Unidos a no participar en las manifestaciones de protesta, mientras aseguran que ya brindan asistencia a quienes han sido detenidos. La situación es cada día más compleja e impredecible. Para muchos, “el sueño americano” ha dejado de serlo. Están viviendo ahora mismo la “pesadilla americana”, con miedo, escondidos, sin poder ir al trabajo, con el temor de perder sus bienes e incluso sus familias. Incluso, viven la incertidumbre, en el caso de Honduras, de regresar a una patria quizá muy diferente a la que dejaron a su partida, con muy pocas oportunidades para que puedan acá reiniciar sus vidas.
