Tegucigalpa, Honduras.-La decisión del Ministerio Público de citar a exintegrantes de la desaparecida Comisión Permanente del Congreso Nacional reabre uno de los episodios más controversiales de la política hondureña reciente.
La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) investiga si este órgano legislativo, que operaba durante los recesos parlamentarios, incurrió en actuaciones ilegales al asumir decisiones que excedieron las facultades conferidas por la Constitución y las leyes de la República.
Entre los citados figura el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a otros miembros de la Comisión Permanente, algunos de los cuales aún ejercen como diputados.
La investigación pone nuevamente bajo escrutinio decisiones adoptadas desde 2023, incluyendo el polémico nombramiento interino de las autoridades del Ministerio Público, un episodio que desató una crisis política, derivó en cuestionamientos judiciales y terminó con la eliminación definitiva de esta figura legislativa mediante una reforma constitucional en abril de este 2026.
1. La crisis comenzó en 2023 con el bloqueo para elegir al fiscal general
El origen de la controversia se remonta a noviembre de 2023, cuando el Congreso Nacional no logró consensos para elegir a las nuevas autoridades del Ministerio Público tras el vencimiento del período de las anteriores.
En medio de ese estancamiento político, la Comisión Permanente asumió protagonismo en una decisión que marcaría el inicio de una de las mayores disputas constitucionales recientes.
2. La Comisión Permanente nombró de forma interina al fiscal general y al fiscal adjunto
Ante la falta de acuerdos en el pleno, la Comisión Permanente designó, en febrero de 2024, a Johel Zelaya como fiscal general y a Mario Morazán como fiscal general adjunto interinos.
El oficialismo defendió la medida como una salida institucional para evitar un vacío de poder en el Ministerio Público, pero la oposición y sectores jurídicos cuestionaron de inmediato la legalidad del nombramiento, argumentando que esa facultad correspondía únicamente al pleno legislativo.
En marzo de 2026, el Congreso destituyó mediante juicio político al entonces fiscal general Johel Zelaya, tras acusaciones de abuso de autoridad, persecución política y falta de independencia en el ejercicio de sus funciones.
Los diputados señalaron que utilizó el Ministerio Público para impulsar acciones contra autoridades electorales y líderes de oposición en medio de la crisis poselectoral, además de cuestionar una supuesta omisión en investigaciones sensibles relacionadas con narcotráfico.
Con más de 86 votos, el pleno aprobó su salida y nombró como sucesor a Pablo Reyes Theodore.
3. Durante 2024 y 2025 continuaron decisiones que aumentaron la polémica
La controversia no terminó con el caso del Ministerio Público. Durante recesos legislativos posteriores, la Comisión Permanente continuó adoptando resoluciones de alto impacto político, incluyendo decisiones relacionadas con decretos legislativos, asuntos presupuestarios y temas electorales.
Cada nueva actuación profundizó el debate sobre si el órgano estaba ejerciendo funciones administrativas temporales o sustituyendo indebidamente al Congreso Nacional.
4. La Corte Suprema declaró sin valor legal actuaciones de la Comisión Permanente.
En noviembre de 2025, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que invalidó actuaciones de la Comisión Permanente, al considerar que existían vicios en su integración y posibles invasiones a competencias exclusivas del pleno del Congreso.
Esa resolución se convirtió en uno de los antecedentes jurídicos más importantes del caso.
5. El Congreso eliminó definitivamente la Comisión Permanente en 2026
Tras meses de controversia política y cuestionamientos legales, el Congreso Nacional aprobó en abril de 2026 una reforma constitucional para eliminar por completo esta figura legislativa.
La decisión devolvió todas las facultades al pleno de 128 diputados y cerró la posibilidad de que un grupo reducido de congresistas adopte decisiones durante recesos parlamentarios.
6. El Ministerio Público abrió una investigación penal contra sus exintegrantes
Con el antecedente judicial y la desaparición de la figura, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) inició una investigación para determinar si existieron responsabilidades penales individuales.
Las pesquisas se enfocan en presuntos delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública.
7. Exmiembros de la Comisión ahora deberán rendir declaración ante fiscales
La etapa más reciente del caso es la citación girada por el Ministerio Público contra exintegrantes de la Comisión Permanente para que comparezcan y rindan declaración dentro de las investigaciones en curso.
Entre los citados figuran Luis Redondo Guifarro, Juan Barahona, Osman Danilo Chávez, Carlos Raudales, Karen Vanessa Martínez, Silvia Ayala y Linda Donaire.
Asimismo, está pendiente definir fecha, hora y lugar para la comparecencia de Hugo Noé Pino, Luz Angélica Smith, Fabricio Sandoval, Kritza Pérez, Sherly Arriaga y Edgardo Casaña, quienes continúan ejerciendo como diputados, por lo que el proceso deberá seguir el procedimiento especial aplicable a funcionarios en funciones.
