Tegucigalpa, Honduras.- El subgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Amílcar Valdez, aseguró este lunes que la entidad únicamente imprimirá los documentos remitidos oficialmente por el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de la Presidencia.
Valdez explicó que el proceso de impresión y publicación se canaliza a través de la Secretaría de la Presidencia, dirigida por Saraí Cerna, quien es la encargada de remitir los documentos oficiales para su impresión.
“Las publicaciones de cada gobierno tienen un parámetro definido. En este momento solo procesamos lo que envía Casa de Gobierno, a través de la ministra Cerna”, insistió Valdez, al ser consultado sobre si se imprimirán resoluciones del grupo de diputados de oposición.
En relación con la visible presencia policial en las instalaciones de la ENAG, el funcionario aclaró que no se debe a razones políticas ni de seguridad personal, sino a medidas preventivas durante la segunda fase de modernización y construcción del edificio.
“Tenemos maquinaria nueva y moderna; como el edificio está parcialmente abierto, la seguridad interna es baja y por eso se mantiene esta protección temporal”, explicó.
El funcionario agregó que estas medidas también son preventivas ante el proceso electoral y las festividades de fin de año, períodos en los que aumenta el riesgo de incidentes en instalaciones públicas.
¿Qué dice la Constitución de la República?
La Comisión Permanente del Congreso Nacional no equivale al pleno legislativo y, por tanto, sus atribuciones están limitadas por la Constitución de la República.
El artículo 195 establece que esta comisión solo puede funcionar durante los recesos del Congreso, con facultades específicas y restringidas, entre ellas velar por el cumplimiento de la Constitución, convocar a sesiones extraordinarias, autorizar al Ejecutivo para ausentarse del país y atender asuntos urgentes.
Sin embargo, no puede ejercer las funciones plenas del Congreso Nacional, como aprobar leyes, decretos o reformas.
El artículo 208 de la Constitución de la República en las atribuciones de la Comisión Permanente establece que su función principal es dar continuidad administrativa al Poder Legislativo mientras el pleno no está reunido.
El mismo artículo deja claro que la comisión no puede legislar, aprobar decretos de ley, ni sustituir las decisiones del Congreso en pleno, ya que sus funciones son de carácter provisional y administrativo.
En términos, constitucionales, su papel es garantizar que el Legislativo no quede inactivo durante los recesos, pero no tiene autoridad para ejercer las facultades plenas del artículo 205, que corresponden exclusivamente al Congreso Nacional.
Acciones de la oposición
El 28 de octubre, un grupo de más de 70 diputados de oposición del Congreso Nacional se autoconvocó para extender el período de sesiones ordinarias, que legalmente concluía el 31 de octubre.
La reunión se desarrolló en la vía pública, en plena Plaza La Merced, en Tegucigalpa, luego de que la directiva del Congreso no convocara a sesión y tampoco permitiera a los parlamentarios ingresar al hemiciclo, colocando un retén policial en los bajos del Congreso.
En esa asamblea, los legisladores aprobaron una resolución para prorrogar las sesiones del 1 de noviembre hasta el 20 de enero de 2026, argumentando que el país enfrentaba una coyuntura política que requería mantener activa la función legislativa.
La autoconvocatoria ha sido cuestionada y descalificada por el bloque oficialista señalando que la sesión no cumplió con los requisitos legales ni con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
A pesar que la sesión superó la mitada más uno de los parlamentarios y la diputada Merary Díaz llevó el acta del decreto a las instalaciones de la ENAG, fue rechazada por Valdez, porque según dijo, no cumplía con los requisitos para su debida publicación, como la firma del presidente del legislativo, Luis Redondo.
Esa falta de aval fue confirmada por las propias autoridades de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), quienes aclararon que no publicarían resoluciones ni decretos provenientes de sesiones no autorizadas.
Los miembros de la Comisión Permanente fueron denunciados hoy en el Ministerio Público, por usurpación de cargos y abuso de los deberes de los funcionarios.
