Tegucigalpa, Honduras.- A partir del 27 de enero, Honduras inicia una nueva etapa política con la toma de posesión de Nasry Juan Asfura como presidente, en medio de una elevada expectativa ciudadana por cambios estructurales en áreas clave como el combate a la corrupción, la salud pública y la seguridad.
Analistas políticos y representantes de la sociedad civil coinciden en que el respaldo otorgado en las urnas implica una responsabilidad histórica para transformar un país golpeado por la impunidad, el deterioro institucional y la violencia.
Para Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y analista política, uno de los primeros termómetros del nuevo gobierno será la conformación de su gabinete.
A su criterio, los nombres que se conozcan en las próximas horas marcarán el rumbo y la credibilidad de la administración entrante.
“Con el gabinete que conozcamos entre hoy y mañana, ahí vamos a ir viendo. Si vienen familias o personas que han estado en esas estructuras corruptas usufructuando los beneficios del poder, creo que la tendrá difícil y habrá críticas”, advirtió Castellanos.
La analista señaló que la ciudadanía está atenta a las señales iniciales del Ejecutivo, especialmente en materia de transparencia y ruptura con prácticas del pasado.
Asimismo, cuestionó que hasta ahora el discurso político no haya colocado en el centro el combate frontal a la corrupción, en particular desde el Congreso Nacional.
“No ha parecido bien que no se hable del combate a la corrupción en lo que ha señalado el Congreso. Se estaba esperando posiciones para reformar esos códigos que favorecen la impunidad, esos pactos de impunidad. Deben derogarse”, subrayó.
Salud, un foco histórico de corrupción
Castellanos también alertó sobre uno de los sectores más vulnerables a la corrupción en Honduras: el sistema de salud pública, especialmente a través de las compras directas y los contratos de emergencia.
“Por las compras directas, por esas compras de emergencia es por donde la corrupción ha venido”, señaló.
La exrectora recordó casos detectados durante su gestión en los que se evidenció un uso ineficiente y opaco de los recursos públicos.
“Nosotros encontramos corrupción incluso en los exámenes de imágenes biomédicas. Se invertían millones y no había interés en reparar las máquinas, porque ese era el negocio del sector privado de salud”, relató.
En ese contexto, hizo un llamado al nuevo gobierno a vigilar con especial cuidado los contratos con hospitales privados.
“Póngale ojo a esos contratos, porque por ahí se pueden ir millones y solo le van a resolver el problema a unos cuantos”, advirtió.
Corrupción y voluntad política
Desde el análisis político, Jorge Yllescas, analista, coincidió en que la corrupción sigue siendo el gran tema pendiente en el discurso oficial.
A su juicio, el problema no se limita al saqueo de fondos públicos, sino que también incluye lo ocurrido durante el reciente proceso electoral.
“Corrupción no solamente es robarle al Estado, sino también lo que pasó en el proceso electoral. Los que violentaron la Constitución y la Ley Electoral, eso es parte de la corrupción, y de eso no se ha dicho absolutamente nada”, afirmó.
Yllescas sostuvo que el combate a la corrupción no depende exclusivamente de mecanismos internacionales, sino de una verdadera voluntad política interna.
“No se requiere la CICIH; se requiere voluntad política para hacer funcionar los órganos del Estado, fortalecerlos y exigirles”, señaló.
Seguridad y finanzas públicas
En materia de seguridad, el analista fue contundente al señalar que el crimen organizado continúa profundamente arraigado en las instituciones del país.
“El crimen organizado está enraizado en las instituciones políticas y en la empresa privada. Se requiere una política muy fuerte y decidida, y yo no veo que se estén abordando los temas fundamentales”, expresó.
Yllescas también advirtió sobre la situación financiera del Estado y consideró urgente que el nuevo gobierno impulse auditorías forenses, especialmente en la Secretaría de Finanzas.
“Se habla de la deuda externa e interna, pero no se ha hablado nada de la deuda flotante que se va a dejar en millones de lempiras”, indicó.
Estado de excepción bajo la lupa
En cuanto a la seguridad ciudadana, Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), señaló que el estado de excepción no logró resolver los problemas estructurales de violencia durante el gobierno de Libre.
“No ha demostrado ser una solución estructural. Los delitos no se redujeron de forma sostenida y vimos un incremento en denuncias por abusos de autoridad y violaciones a derechos humanos”, afirmó.
Para el representante de ASJ, el nuevo gobierno tiene la oportunidad de replantear la estrategia de seguridad.
“El país necesita fortalecer la investigación, la inteligencia financiera, la persecución penal estratégica, el control de cárceles y la depuración institucional”, sostuvo.
Con estos desafíos sobre la mesa, el gobierno de Nasry Asfura inicia su mandato bajo una fuerte expectativa social.
Los analistas coinciden en que los hondureños no solo votaron por un cambio de administración, sino por una transformación real, sustentada en transparencia, instituciones sólidas y políticas públicas que respondan a la compleja realidad que enfrenta Honduras.
