Honduras se hundió en "alta restricción" a la prensa bajo gobierno de Libre

Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos tres años, Honduras descendió estrepitosamente del puesto 13 al 16 entre los 23 países evaluados por el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, protagonizado así uno de los retrocesos más alarmantes en esa materia, pilar fundamental de la democracia.

Desde 2020, Honduras ya venía desplomándose anualmente en el respeto de tales derechos ciudadanos, situándose en el 2022 en el puesto 13, aunque en la denominada franja de “restricción”; sin embargo, en 2023 cayó al lugar 16, el nivel de “Alta restricción”.

Aunque en 2024 se ubicó en la posición 15, en 2025 volvió a descender al puesto 16, superando únicamente a Perú, México, Haití, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela, países donde la libertad de expresión se ha deteriorado a niveles preocupantes o donde el respeto a los medios de comunicación y a los periodistas es prácticamente inexistente.

La medición solo revela que el incremento de las agresiones a los medios de comunicación, periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas, sindicalistas, críticos y la violación del espacio cívico en el gobierno de Xiomara Castro llevó a que Honduras cayera al nivel de “Alta restricción”.

En la pasada administración, el entorno para el ejercicio del periodismo se volvió tan hostil y peligroso que las Fuerzas Armadas (FFAA), lideradas por Roosevelt Hernández, a través de su medio digital llamó a tres periodistas “sicarios de la verdad”, acosó a otros y vinculó a dueños de medios con el crimen organizado, sin ningún tipo de sustento.

Por estas acusaciones actualmente la Fiscalía Especial para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia ya citó a declarar a Hernández, así como al coronel Irwin Lara Franco, exdirector de Relaciones Públicas de las FFAA y a la subteniente Sarahí Álvarez.

Todo ese nivel de violencia, tanto física como psicológica —ejercida en gran parte a través de redes sociales, publicaciones y páginas digitales por militares, funcionarios y troles pagados por el gobierno— hoy se refleja en el Índice Chapultepec, que evidencia el deterioro sistémico que viene experimentando el derecho a la libertad de expresión, de prensa y de información.

Pedro Cárdenas, oficial de protección y espacio cívico de Article 19, organización mexicana que monitorea la libertad de expresión en varios países de América, al ser consultado por EL HERALDO manifestó: "Article 19 y la Red Rompe el Miedo Honduras observamos que las personas periodistas quienes cubren temas sobre corrupción, crimen organizado, política y seguridad enfrentan altos riesgos de ser víctimas de estas agresiones”.

“El año pasado en particular, marcado por las elecciones presidenciales en el país, profundizó las pugnas internas por el poder, derivando en el aumento de hostilidad en contra de quienes informan", agregó Cárdenas.

Las estadísticas muestran que los últimos seis años han sido nefastos para una libertad de expresión y prensa asfixiada por una combinación de violencia física, verbal, acoso judicial y una marcada polarización política tanto pre como post electoral.

Entre el 2020 y 2021, Honduras se situó en el puesto 12 y 11, respectivamente; y para 2022 bajó a la posición 13- que el Índice Chapultepec considera “con restricción”- compartiendo desprestigio con Colombia, Perú, Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia México y el Salvador.

Sin embargo, en 2023 cayó al lugar 16 en el rango de naciones con “Alta restricción” junto a El Salvador, Bolivia y Guatemala. En el 2024 recuperó un puesto, pero en el 2025 nuevamente se situó en el 16.

La medición de 2025, las más reciente de este barómetro, otorgó a Honduras una puntuación de apenas 35.64 puntos de 100 posibles, la cifra más baja alcanzada en las seis ediciones de esta evaluación internacional, colocando al país por debajo de la media regional, alejándose de los estándares democráticos mínimos de una sociedad informada.

En la valoración, de 30 puntos que se daba al aspecto de "ciudadanía informada y libre de expresarse", Honduras sacó 11.33.

En tanto, de 40 puntos otorgados a la "actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios" apenas obtuvo 8.53 y de 30 puntos sobre "Control de Medios y Periodismo" solo logró 15.78, quedando aplazada con un puntaje de 35.64.

Según el informe de evaluación, Honduras continúa en la franja de países con “Alta Restricción” en el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa, categoría en la que permanece desde el retroceso registrado en 2023. Esa caída se produjo ya iniciado el gobierno de Xiomara Castro de Zelaya, en medio de una crisis política en el Congreso Nacional.

El agravamiento de la situación en el periodo analizado se produjo “en el marco de un proceso electoral que implicó un patrón diverso de agresiones a la prensa, que incluyó el asesinato de dos comunicadores, Juan López, en diciembre de 2024 y Javier Antonio Hércules Salinas, en junio de 2025”. Hércules Salinas “gozaba de un mecanismo de protección estatal que fue ineficaz”.

“En enero de 2025, el Gremio de Periodistas y Comunicadores de Colón denunció que varios profesionales fueron falsamente vinculados con grupos criminales. Se documentaron al menos 64 agresiones no letales que tuvieron a comunicadores como víctimas, solo entre el 1 de enero y el 4 de junio de 2025. En el período, altos mandos militares calificaron a periodistas como 'sicarios de la verdad, acusándolos de tener vínculos con el crimen organizado'”, precisa el documento.

Asimismo, la medición establece que solamente República Dominicana (1.4%) goza del prestigio de contar con una libertad de expresión "Sin amenazas"; con "Baja restricción" aparecen seis países, equivalente al 6.26%; otras seis naciones (6.26%) están "En restricción", 8 países (8.35) en "Alta restricción" y en dos países (2.9%) "No hay libertad de expresión".

Amada Ponce, directora del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), señaló que este retroceso en materia de libertad de expresión y prensa sitúa a Honduras en una posición de vulnerabilidad extrema. El hecho de que Honduras se mantenga en la franja de "Alta restricción" desde 2023 es un síntoma de que las promesas de cambio en materia de derechos humanos no se han traducido en políticas públicas efectivas para el sector prensa, sostuvo.

Recordó que, desde 2000 a la fecha, hay 111 asesinatos de periodistas, comunicadores sociales y otro personal vinculado a medios de comunicación; esta situación no parece tener reversión. Ella mostró una preocupación también por el tema de impunidad que tiene que ver no solo con los asesinatos, sino con todas las agresiones cometidas en contra de los periodistas.

Por otro lado, también bastante grave es la normativa penal, que no es nada amigable con el ejercicio del periodismo, por eso constantemente hay amenazas de querellas por delitos de difamación o calumnia que los organismos internacionales defensores de derechos humanos y libertad de expresión han recomendado despenalizar

Otro elemento es que a pesar “de que tenemos un mecanismo de protección, este todavía sigue siendo insuficientes, lo vimos reflejado en casos como el asesinato de Javier Hércules en Santa Rosa de Copán, el año pasado, cuyos medios de protección pues no fueron ni suficientes ni efectivas. Esto es una tendencia que no solo vemos en las prensa, sino también en otros sectores poblacionales beneficiarios de este mecanismo”, lamentó Ponce.

Consideró que en los últimos años se viene registrando un discurso permanente de criminalización y de estigmatización del trabajo de los periodistas, del trabajo de los defensores de derechos humanos y ambientalistas, al no reconocer su rol dentro de los procesos democráticos.

A tal extremo, rememoró, que el espacio cívico también se ha visto vulnerado últimamente por un estado de excepción, permitiendo a policías y militares irrumpir en el libre ejercicio de del derecho de agrupación y de manifestación.

Explicó que las amenazas a la libertad de expresión, de prensa y de información se han acentuado con las redes sociales y el actuar inescrupulosos de algunos funcionarios públicos, que se dan a la tarea de atacar a los críticos del gobierno y a poner sello de falso a información de los medios de comunicación.

El año pasado "vimos cómo en las redes sociales aparecieron más de 30 publicaciones digitales con formatos de medios de comunicación, pero que no lo son", sino que son espacios para posicionar determinadas temáticas de grupos de interés o crear utilizando la Inteligencia Artificial campañas de desinformación y agresión, recordó la directora de C-Libre.

A la periodista Dina Meza, directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), no le extrañó que en la dimensión “actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra medios y periodistas” Honduras solo obtuviera 8.53 puntos de 40.

El resultado de la evaluación "solo es un fiel reflejo de un Estado indiferente a una problemática que cada vez amenaza la democracia y la seguridad de quienes luchan por consolidar el sistema de libertades, frente a quienes buscan sembrar el temor en los que cuestionan la gestión pública", expresó la veterana defensora de derechos humanos.

Meza es del criterio que durante toda la administración anterior los periodistas, los medios de comunicación y los críticos del gobierno estuvieron bajo permanentes ataques “y todavía seguimos teniendo en las redes sociales gente que estuvo en el gobierno y activistas políticos que siguen agrediendo a quien no piensa como ellos”.

La defensora espera que el actual gobierno vea en la calificación que el Índice Chapultepec dio a Honduras una alerta y trabaje en mejorar y respetar el derecho de libertad de expresión y prensa para no seguir debilitando la democracia.

En cuanto al papel del gobierno, Meza criticó la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos, dado que a pesar de los cambios de autoridades no se han visto mensajes contundentes, ni acciones que realmente busquen desbaratar las amenazas contra la prensa, por lo que considera que la inacción estatal se convierte en una forma de complicidad con los agresores.

Según la directora de Asopodehu, mientras el Estado no desmantele los discursos de odio y las amenazas que emanan desde las esferas del poder, el índice continuará en caída libre, arrastrando consigo la calidad de la democracia hondureña y la reputación del país.

Demandó de las máximas autoridades del gobierno un mensaje muy claro, obligando a los funcionarios a seguir la misma línea con el fin de mejorar el ambiente para la prensa y para que todos los ciudadanos puedan gozar del derecho de manifestarse o divergir sin el temor a ser agredidos desde el mismo Estado.

“Incluso le estamos demandando al gobierno que abra una mesa de libertad de expresión donde confluyamos todos los sectores y podamos dialogar, medios, periodistas y todo mundo que esté afectado o atropellado por las restricciones a la libertad de expresión”, exigió Meza.