Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Juan Carlos Sierra, respaldó el informe 2024 del Departamento de Estado de Estados Unidos, que señala la falta de avances en materia de derechos humanos y libertad de expresión en el país.
"No nos sorprende en lo absoluto lo que ha sacado el Departamento de Estado. Es una radiografía exacta de lo que ha sucedido en el país... Y eso que solamente es el 2024. Esperemos el 2025 cuando más se ha agudizado específicamente en temas de libertad de expresión, integridad física y protección a periodistas", afirmó.
Sierra cuestionó que el actual gobierno, que llegó al poder con promesas de fortalecer la seguridad y la defensa de los derechos humanos, no haya cumplido con esas expectativas.
"Por lo menos saquen la cara y no vayan a decir, por favor, que esto es una injerencia. Más bien preocúpense, porque este gobierno entró con la esperanza de dar seguridad y no fue así", dijo.
El dirigente gremial advirtió que periodistas y defensores de derechos humanos continúan en “un panorama de riesgo” y que la institucionalidad no está respondiendo.
“La impunidad continúa imperando en el país... La Fiscalía, la Policía e incluso las Fuerzas Armadas han violentado derechos humanos. Esto significa que la institucionalidad prácticamente no sirve”, sostuvo.
Sierra llamó a las autoridades a ver el reporte como una oportunidad para corregir fallas.
“Espero que no lo tomen como una crítica ni como una injerencia, sino como un llamado de atención. Falta mucho por decir en este 2025 y el gobierno debería poner las barbas en remojo”, concluyó.
Honduras sigue con violaciones a DD. HH.
El informe sobre las prácticas de derechos humanos en 2024 revela que Honduras sigue enfrentando serios desafíos. El documento señala la persistencia de arrestos arbitrarios, torturas, desapariciones y otros tratos crueles.
Además, se evidencian "graves restricciones" a la libertad de expresión y de prensa, destacando que el personal de los medios de comunicación ha sido víctima de amenazas.
El documento indica que gran parte de los crímenes, como la extorsión, los homicidios y la trata de personas, son perpetrados por pandillas y grupos criminales. Aunque el gobierno ha investigado y procesado algunos de estos delitos, se subraya que la impunidad es generalizada.
En el ámbito laboral, el documento detalla que la ley no se ha aplicado de manera eficaz. Se han registrado atropellos "en algunas industrias, como la agricultura, el servicio doméstico y la seguridad, los empleadores no respetaban los derechos de maternidad ni pagaban el salario mínimo, las horas extra ni las vacaciones".
