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La destitución de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) es una clara violación a la Constitución de la República.
Así lo sentenció un experto en materia legal, el abogado Jaír López.
“Jurídicamente hay que decir claramente que es una violación a la Constitución de la República, a la independencia del poder Judicial y que, como tal, ya que es un pilar fundamental del estado de derecho, se pone en riesgo el estado de derecho mismo”, expresó el jurista.
Para el caso, la Constitución ya prevé que a los jueces y magistrados se les deben respetar sus derechos fundamentales, como el de defensa, en el caso de cualquier responsabilidad.
Las leyes señalan que los magistrados no pueden ser separados, suspendidos ni jubilados, sino por causas y con las garantías establecidas por la ley.
En el caso concreto de los cuatro magistrados, se les violentó el derecho de ser escuchados.
Sin facultad
Asimismo, ilustró que el CN no tiene la atribución de destituir magistrados.
La Constitución no le concede esa facultad expresa, refirió.
Asimismo, según su valoración jurídica, es lamentable que el CN se haya tomado una atribución que no le corresponde de juzgar sentencias.
“Las sentencias se emiten por un poder independiente, en este caso lo que ha hecho el Congreso es convertirse en un contralor de sentencias judiciales, convertirse en un juez”, señaló el abogado. Por lo tanto, el acto es nulo y quienes lo aprobaron están supeditados a la responsabilidad del caso.
“Lo grave de esto es que se está generando la amenaza general en el Poder Judicial de que, si va opuesto a los decretos aprobados por el Congreso Nacional, puede ocurrir algo similar”, expresó.
Es mucho más grave en este caso específico, ya que se trata de un fallo dictado por una sala, por mayoría, que no tiene ningún efecto jurídico, será el pleno quien emitirá una sentencia definitiva.
“El mensaje está claro, si la Corte se atreve a confirmar el decreto, los restantes magistrados pueden correr la misma suerte”, indicó.
“La clase política debe reflexionar al respecto, no podemos seguir sacrificando la seguridad jurídica de nuestro país”, concluyó López.
