La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, solicitó al Estado de Honduras le remita un informe sobre cómo se dio la destitución de cuatro magistrados del Poder Judicial.
El pasado 12 de diciembre el Congreso Nacional (CN) resolvió destituir a los magistrados de la Sala Constitucional: José Antonio Gutiérrez Navas, Rosalinda Cruz, Gustavo Bustillo y Francisco Ruiz Gaekel. En su lugar nombró a Silvia Santos, German García, Elmer Lizardo y Víctor Lozano.
La denuncia sobre vulneraciones a derechos humanos en perjuicio de los separados y la ilegalidad del proceso fueron razones para que la CIDH iniciara trámites para documentarse y confirmar si existe o no violación a la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras convenciones suscritas por Honduras en esta materia.
La Procuraduría General de la República (PGR) ya inició acciones como defensor del Estado para responder inquietudes del organismo internacional de derechos humanos.
“La Comisión Interamericana nos ha solicitado un informe sobre los acontecimientos relacionados con esto”, informó la procuradora general, Ethel Deras. A efecto de preparar y enviar a la CIDH el informe que solicita la PGR requirió al Poder Judicial y al CN a que les envíen información sobre el asunto. “Estamos esperando los informes que nos tengan que brindar la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional, estamos preparando la documentación de soporte para rendir el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó Deras. La información que enviarán estos dos poderes del Estado a la PGR deberá contener los motivos, razones y hechos que sustentan la destitución de los cuatro magistrados.
A su criterio es difícil predecir qué podría resolver la CIDH, pero aseguró que la tarea de la PGR es preparar toda la documentación y los argumentos que se van a exponer en defensa del Estado. Los magistrados destituidos anunciaron que demandarán al Estado si internamente no se rectifica su destitución.
De oficio
En un inicio, la Procuradora dijo que los magistrados destituidos comparecieron ante la CIDH presentando una denuncia contra el Estado de Honduras, que por eso obedecía la solicitud del informe. EL HERALDO confirmó con magistrados separados que aún no interpusieron la denuncia ante la CIDH, que para ello esperan agotar un trámite interno.
Luego, una fuente de la PGR confirmó a EL HERALDO que la CIDH actuó de oficio al enterarse de lo acontecido en Honduras. En el oficio que envió a la PGR, a través de Cancillería, no especifica qué procede a raíz de una denuncia.
Relacionado al caso, un informe del Comisionado Nacional de Derechos Humanos confirmó que la destitución de los cuatro magistrados careció de sustento legal, que fue un acto abusivo, ilegal y arbitrario del CN, lo que acarrearía responsabilidades al Estado. Constató violación al derecho de defensa y debido proceso, entre otros.
El presidente de la CSJ, Jorge Rivera Avilés, convocó a los integrantes de la Sala Constitucional especial para reunirse mañana y comenzar el trámite para resolver los dos amparos interpuestos contra la destitución de los magistrados.
