Tegucigalpa, Honduras-. Integrantes de la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), montaron un campamento este miércoles frente a la Corte Suprema de Justicia, exigiendo que se ejecute una orden judicial pendiente contra la estructura criminal conocida como "Los Cachos".
El vocero de la Plataforma Agraria, Yoni Rivas, informó que los campesinos exigen a las autoridades del Poder Judicial que se señale una nueva fecha para cumplir la resolución emitida por el Juzgado en Competencia Nacional en Crimen Organizado, que ordena la expulsión de "Los Cachos" de las tierras pertenecientes a la Cooperativa Campesina Camarones, en el departamento de Colón.
"La orden ya está emitida, solo pedimos que se cumpla la ley. No queremos favores, exigimos justicia", manifestó Rivas, mientras confirmaba que alrededor de 200 personas del Bajo Aguán permanecen instaladas en un campamento frente a la sede judicial.
Según Rivas, la orden de desalojo se ha suspendido en tres ocasiones desde diciembre de 2024, lo que mantiene en incertidumbre a más de 150 familias desplazadas forzosamente de sus tierras, las cuales constituyen su principal fuente de sustento.
El grupo campesino denunció que la banda "Los Cachos" no solo ha desplazado familias, sino también ha ejecutado ataques armados contra las cooperativas El Tranvío y El Chile, además de enfrentarse a la Policía Nacional en un hecho ocurrido el 1 de febrero de 2025, donde once agentes resultaron heridos.
Rivas confirmó que los manifestantes permanecerán de forma indefinida en el denominado "Campamento por la justicia y la tierra", instalado con carpas, colchonetas y cocinas improvisadas, mientras esperan una respuesta de la Sala Constitucional.
En un comunicado, la Plataforma Agraria y COPA denunciaron que la empresa Corporación Dinant habría respaldado a la banda criminal, presuntamente prestando vehículos para transportar a sus miembros y promoviendo campañas mediáticas en contra de las cooperativas afectadas.
La organización campesina advirtió que la falta de acción del Poder Judicial envía un mensaje de impunidad que alienta la violencia y el despojo en el Bajo Aguán, región donde persisten los conflictos agrarios y la vulnerabilidad del movimiento campesino.
Intervención policial y acompañamiento
El comisionado de la Policía Wilber Mayes Ríos, informó que la institución mantiene presencia en el lugar para garantizar el orden durante la manifestación. "Nuestra labor en este momento es de acompañamiento, asegurando que la protesta se desarrolle en paz y tranquilidad", explicó.
Mayes detalló que la presencia de antimotines y agentes preventivos responde a un protocolo de seguridad acordado con las autoridades judiciales.
"Ya se creó una comisión que atenderá a los dirigentes campesinos para buscar soluciones pertinentes para ambas partes", afirmó.
En relación con los enfrentamientos en Colón, el oficial confirmó que unidades especiales realizan investigaciones para capturar a los responsables del ataque criminal contra agentes policiales. "Este grupo ha actuado cobardemente, provocando incluso la muerte de compañeros", denunció el comisionado.
Las autoridades policiales reiteraron que cualquier desalojo en la zona se ejecutará únicamente por mandato judicial, en cumplimiento de la ley.
El campamento instalado frente a la Corte Suprema se mantiene activo y en vigilancia policial. Mientras, los campesinos del Aguán exigen que se ejecute la orden judicial pendiente.
