Amenazan a directivos de Plataforma Agraria por recuperación de tierras en Colón
La violencia en el Bajo Aguán ha dejado más de 200 muertes en tres décadas, afectando a campesinos, defensores y periodistas en la región
- 23 de enero de 2025 a las 17:46
Directivos de la Plataforma Agraria de Honduras, organización que intenta recuperar tierras de campesinos, están recibiendo nuevas amenazas de muerte de una banda criminal en el sector de Quebrada de Arena, departamento de Colón, informó a EFE uno de los amenazados.
“Después del 24 de diciembre nos hemos desplazado de nuestra vivienda a otro lugar por amenazas de los miembros del grupo criminal Los Cachos”, dijo Yony Rivas, portavoz de la Plataforma Agraria, creada en enero de 2012 con bases campesinas y empresas asociativas del Bajo Aguán, Colón, en el Caribe hondureño.
Agregó que los campesinos sufren la “usurpación de sus tierras” por parte de al menos tres familias y una multinacional estadounidense que alegan que las compraron.
“Los miembros de Los Cachos llegan a las casas de los compañeros a decirles: ‘decile a Yony Rivas que se ha ganado los plomos en la frente, que lo estamos buscando hasta debajo de las piedras’”, enfatizó Rivas, de 47 años, quien tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).
La Plataforma Agraria busca recuperar tierras de la reforma agraria que fueron heredadas a campesinos por el Estado hace medio siglo, y más tarde “arrebatadas” por agroindustriales, violentando la Ley de Reforma Agraria.
A partir del año 2000, explicó Rivas, se ha venido desarrollando “una lucha fuerte acudiendo a instancias judiciales, pero cuando hemos logrado obtener sentencia firme, nos han asesinado a los abogados, como es el caso de Antonio Trejo” en 2012.
Los conflictos en el Aguán, una región fértil que hace medio siglo era una de las mayores productoras de granos básicos, se iniciaron en 1992, luego de que el Gobierno que presidió Rafael Callejas (1990-1994), mediante una arbitraria reforma y contratos de compraventas, le permitió a grandes empresarios la adquisición de miles de hectáreas que el Estado le había heredado a los campesinos.
En tres décadas han sido asesinadas alrededor de 200 personas, entre campesinos, defensores de derechos humanos, ambientalistas, guardias de seguridad de empresas que acaparan miles de hectáreas cultivadas con palma africana y policías, entre otros.
Las nuevas amenazas de muerte están dirigidas contra seis directivos de la coordinación de la Plataforma Agraria, cinco de la junta directiva de la Cooperativa Camarones y otros campesinos de las cooperativas Chile y Tranvío, señaló Rivas.
La Plataforma Agraria ha acudido a instancias como la Cidh, que ahora conoce un caso en contra del Estado de Honduras, que está en transición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corteidh).
La Corteidh “ha recomendado que se respete la posesión uso y goce de la tierra a sus propietarios, que son las cooperativas que tienen sus títulos definitivos de propiedad”, agregó.
Para buscar una solución definitiva en Colón, una de las regiones más violentas de Honduras, donde muchos, incluso periodistas, callan por miedo a que los maten, en febrero de 2022 se firmó un acuerdo entre el Gobierno que preside Xiomara Castro y 41 representantes de los asentamientos campesinos aglutinados en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (Copa).
El acuerdo señala que “el conflicto creado en Gobiernos anteriores debe ser resuelto con un enfoque de respeto a los derechos humanos, reparación a las víctimas y acceso a justicia. Además, mediante el diálogo, medios pacíficos y soluciones duraderas”, pero tres años después el conflicto sigue entre el miedo y la impunidad, principalmente en el sector de Tocoa, donde además, los narcotraficantes han venido operando con libertad.
Pese a la gravedad del conflicto, del que también han sido víctimas mortales ambientalistas opositores a empresas mineras, Rivas avizora “un panorama positivo” por el trabajo que se está haciendo con una subcomisión jurídica, pero considera que “si la Secretaría de Seguridad y el Ministerio Público (Fiscalía) no ejercen control en la región del Aguán y persiguen el delito, los criminales continuarán tomando justicia por sus propias manos”.
“Mientras esas instituciones no ejerzan soberanía y tomen el control, podemos decir que la ley se la toma el más fuerte y en este caso son los grupos criminales aliados a los agroindustriales”, afirmó Rivas.
Añadió que en los Gobiernos anteriores no hubo la voluntad política para resolver el conflicto, y el de Xiomara Castro “no le ha prestado toda la atención debida para poder resolverlo”, aunque la semana pasada algunos de sus ministros dijeron que están “investigando y persiguiendo el delito” en el Aguán.