Un grupo de profesionales del derecho aglutinados en la Barra de Abogados Hondureños Anticorrupción formalizó el lunes un recurso de amparo contra la tasa migratoria.
La acción de amparo la promovieron ocho abogados: Mauricio Torres Molinero, Rafael Virgilio Padilla, Tony Humberto Rivas, Abella Ester Carbajal, Tula Hernández, Daniel Flores Henríquez, Elmer Enamorado Castellón y Lydia María Torres.
Tal como lo anunció EL HERALDO, el amparo se interpuso ayer ante la Secretaría de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
La demanda se interpone contra el Decreto No. 252-2011 de fecha 14 de diciembre de 2011, dictado por el Congreso Nacional, que aprueba un contrato para la operación de un sistema de control de la entrada y salida de las personas hacia o desde el territorio nacional y que autoriza el cobro de una tasa de 17 dólares a las personas que entren o salgan del territorio nacional por vía aérea, terrestre o marítima.
La idea original era interponer un recurso de inconstitucionalidad, sin embargo, se valió del amparo en virtud que el referido decreto aún no es publicado en el diario oficial La Gaceta.
Razones
Los ocho abogados exponen en el escrito sus motivaciones que dieron pie a impugnar el decreto 252-2011. 'Según la Constitución de la República, toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional.
En ese sentido, si una persona desea salir o entrar al territorio nacional y no puede o no quiere pagar los 17 dólares que impone la tasa creada por el Poder Ejecutivo y aprobada por el Congreso Nacional, pierde la libertad que establece dicha disposición constitucional', cita el amparo.
Por tanto, los abogados sostienen que al aprobar dicho decreto se infringen cinco artículos constitucionales. El primero, el 31, referido a que los extranjeros gozan de los mismos derechos civiles de los hondureños, con las restricciones que por distintas razones, como la seguridad, establecen las leyes. El precepto 61 constitucional que garantiza a los hondureños y extranjeros residentes en el país, el derecho a la inviolabilidad a la vida, a la seguridad individual, a la libertad, igualdad ante la ley.
El 64 dispone no aplicar leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en la Constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan.
Argumentan que el decreto vulnera el artículo 69 de la Carta Magna, que refiere a que la libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente. Finalmente, el 81, que está relacionado a que 'toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional...'.
Los recurrentes solicitan a la Corte Suprema admitir el amparo, ordenar al Congreso Nacional que en un término de cinco días remitan los antecedentes de creación del decreto, pedir la opinión del Ministerio Público y en definitiva fallar otorgando el amparo y mandando a proceder conforme a derecho. El otorgar el amparo implicaría que la tasa no aplicaría a los que la impugnen.
Vergonzosa 'cachurecada'
El abogado Rafael Padilla calificó como ilegal la tasa, destacó que el amparo va orientado a proteger los intereses de la sociedad.
Asimismo, condenó cómo el Congreso Nacional y Ejecutivo emitieron disposiciones afectando al pueblo hondureño y a los extranjeros que visitan el país.
'La codicia, la avaricia, el afán de hacer dinero sin trabajar, por parte de algunos funcionarios del gobierno, ha provocado estos actos vergonzosos', cuestionó Padilla.
Al mismo tiempo deploró que el irrespeto a la Constitución fomenta el robo, la violencia, en perjuicio de los hondureños. Igualmente condenó 'la practica del Congreso Nacional, de aprobar contratos clandestinamente, a hurtadillas, en la noche, quiero respetar a audiencia, pero es una ‘cachurecada’ verdaderamente, es una práctica que debe terminar'.
Sospecha que tras el contrato podría existir un acto de corrupción que debe ser investigado.
Por su parte, el abogado Torres Molinero afirmó que el decreto 'tiene un contenido de corrupción, se violentan garantías constitucionales'. Calificó la normativa como de 'pobre calidad', un 'pillaje', una 'trama ruda, tosca, vulgar, contra la población'.
