Tegucigalpa, Honduras.- Cindy Rodríguez, una hondureña que reside en Estados Unidos desde 2022, ve con preocupación e incertidumbre su futuro y el de su familia en ese país.
Con la asunción hoy de Donald Trump como presidente de la nación norteamericana, la joven madre que llegó junto a sus dos hijas a tierras estadounidenses teme que las medidas que ha venido anunciando el mandatario desde su campaña electoral se hagan realidad a partir de hoy.
Trump, quien se convierte en el cuadragésimo séptimo mandatario de Estados Unidos y asume su segundo mandato presidencial, planteó una serie de medidas estrictas para frenar la migración irregular que van desde las deportaciones masivas, el posible fin de programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS), hasta eliminar la ciudadanía a personas nacidas en ese país. Las posibles políticas migratorias han hecho que muchos migrantes que no tienen un estatus legal se trasladen a otros estados huyendo de las posibles redadas y deportaciones que Trump anunció desde el inicio de su campaña electoral.
Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el número de inmigrantes que deberán ser expulsados de Estados Unidos suma 1,020,602, entre los que destacan en los primeros lugares los migrantes originarios de Honduras, Guatemala, México, El Salvador y Nicaragua.

El informe, dado a los legisladores norteamericanos, revela que los hondureños encabezan la lista de países con más órdenes de deportación; son un total de 261,651 connacionales que estarían en riesgo de ser deportados durante los próximos cuatro años.
Para Honduras, las medidas de Trump plantean una serie de retos significativos y, de acuerdo a analistas, la ausencia de un plan estratégico por parte del Gobierno hondureño podría agravar las dificultades que enfrentarán los migrantes como sus familias en ese país.

Diferentes sectores han expresado su preocupación ante la falta de una estrategia clara por parte del Gobierno.
“Estamos preocupados por las consecuencias que puede tener en Honduras, que se concreticen algunas medidas que el presidente Trump ha prometido a sus electores una vez tome posesión”, manifestó Carlos Hernández, director ejecutivo de Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Agregó que las deportaciones de hondureños traería un fuerte impacto en la economía del país. “Honduras recibe más de nueve mil millones de dólares en remesas; si apenas el 10% de los hermanos hondureños fueran deportados eso podría tener un impacto de 2,000 millones de lempiras, si a eso le sumamos que para el 45% de receptores de remesas en el país ese es su único ingreso, eso puede tener un impacto enorme en la salud y la subsistencia de las personas”, dijo.
Hernández exhortó al Gobierno a estructurar un plan estratégico para enfrentar la inminente situación.
Falta de comunicación
Hasta ahora el Gobierno de Honduras ha mantenido silencio sobre una estrategia concreta para lidiar con la nueva administración de Trump.
Aunque funcionarios hondureños señalaron que se busca fortalecer el diálogo diplomático y construir una agenda conjunta basada en intereses mutuos, no hay detalles específicos sobre políticas migratorias o económicas.

En noviembre, tras ganar la elección Trump, Héctor Zelaya, secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, indicó que Honduras buscará fortalecer las relaciones bilaterales, abordar el tema migratorio de forma “respetuosa y constructiva” y ampliar la cooperación en seguridad y defensa.
“El Gobierno está preparado para continuar y manejar nuestras relaciones internacionales con pragmatismo y respeto mutuo. Entendemos la importancia de la cooperación bilateral y estamos comprometidos a trabajar en áreas de interés común, como la seguridad y defensa y el fortalecimiento de los vínculos económicos, respetando siempre nuestra soberanía y los principios democráticos
que nos guían”, dijo en ese entonces.
A pesar de que hay señales de disposición para fortalecer las relaciones, aún no se ha delineado públicamente un plan para abordar áreas claves.
Los sectores cuestionaron que, en lugar de buscar acercamientos con la nueva administración, la presidenta Castro en su discurso de año nuevo amenazó con retirar la base militar de Estados Unidos que opera en el país desde 1980 si se llegaran a concretar las deportaciones.

Juan Flores, representante de la comunidad hondureña en Estados Unidos, indicó que el Gobierno hondureño en los últimos meses ha mantenido relaciones de poca comunicación con EUA, y en su opinión será igual con Trump.
“Las relaciones entre ambas naciones las vemos distantes, no vemos buena comunicación y esto quedó claro con las declaraciones de la presidenta al amenazar a la nueva administración con canjear una base militar por la no deportación de los migrantes hondureños”.
Flores arguyó que esas declaraciones podrían crear tensiones y acarrear consecuencias serias para los hondureños en EUA.
Otros analistas manifestaron que el futuro de la relación bilateral dependerá de la capacidad del Gobierno hondureño para adaptarse a las nuevas políticas estadounidenses y del diálogo que se mantenga.
“Lo único que puedo decir es que ojalá que el Gobierno tenga una estrategia clara para mejorar su relación con Estados Unidos, porque al fin y al cabo hay un millón de hondureños que viven allí, y son los que sostienen la economía de Honduras; hay que andar con mucho cuidado porque si no se va a quitar el financiamiento, porque el mayor ingreso de divisas a Honduras proviene de las remesas”, afirmó el excanciller Carlos López Contreras.
Plan del Gobierno
Las autoridades gubernamentales defendieron las acciones que están haciendo para establecer las relaciones con el país norteamericano y la administración de Trump.
Wilson Paz, director del Instituto Nacional de Migración (INM), negó que la relación entre Honduras y Estados Unidos sea distante.
“Nosotros siempre tenemos acercamiento con las autoridades de Estados Unidos, a pesar de que sea haga ver lo contrario; nosotros con los Estados Unidos hemos tenido una relación en los 36 meses de colaboración en diferentes áreas, en seguridad, en el área económica y en el área migratoria permanente”, defendió.
Sin embargo, dejó claro que la relación será de coordinación, más no de subordinación.
“Y bajo ese enfoque nosotros, siendo un país libre, soberano e independiente, vamos a tener que tomar algunas decisiones o ellos toman decisiones que en algún momento no nos gustan y eso genera que haya discordia, pero eso es natural en cualquier relación bilateral”, añadió. Paz indicó que están conscientes que con la nueva administración habrá cambios más rigurosos en la frontera sur de Estados Unidos.
Bajo ese contexto, el titular de Migración aseguró que ya tienen definidas algunas medidas integrales desde el año pasado para abordar el tema de la migración en Estados Unidos.
“Ya tenemos una propuesta desde hace un par de días finalizada y nosotros estamos esperando el momento del cual vamos a salir anunciando las medidas que vamos a continuar tomando, porque son cosas que ya las hacemos en varias situaciones y otras que son nuevas medidas para beneficiar o para proteger a nuestros con nacionales en Estados Unidos”, aseguró.