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Tegucigalpa, Honduras.- Durante los últimos tres meses, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional fue escenario de un festival de contrataciones, ascensos, aumentos salariales y blindajes laborales, ejecutado mediante una serie de memorandos y acuerdos administrativos emitidos entre septiembre, octubre y noviembre de 2025.
La revisión de estos documentos oficiales, hecha por EL HERALDO, evidencia una estrategia sostenida para asegurar plazas y salarios en Cancillería , en un contexto político marcado por la derrota electoral del partido Libre y la inminencia de un cambio de administración.
El proceso tuvo su punto de partida con el Memorándum No. 1727-SRH-2025, un documento de 74 páginas que, lejos de tratarse de un trámite ordinario, concentra un paquete masivo de decisiones laborales.
Este memorándum detalla 27 acuerdos emitidos únicamente en noviembre de 2025, cada uno correspondiente a una persona beneficiada, lo que explica la extensión del expediente.
Cada acuerdo incluye información exhaustiva como el nombre del beneficiario, el cargo asignado, la estructura presupuestaria, la institución, el programa, la actividad, el número de puesto y la condición del cargo respecto al régimen de Servicio Civil.
Entre los cargos asignados en noviembre figuran puestos diplomáticos y administrativos de alto nivel, como primer secretario, embajador alterno, agente consular, oficial de auténticas, cónsul general, director del ceremonial diplomático, ministro consejero, vicecónsul y analista de estudios económicos y geopolíticos, entre otros.
Los salarios reflejan una amplia disparidad, que va desde L.18,000.00 para agente consular y L.20,500.00 para oficial de auténticas, hasta L.59,000.00 para embajador alterno y L.62,900.00 para el director del ceremonial diplomático, comprometiendo recursos públicos de manera permanente.
Además de los nombramientos, el memorándum de noviembre también incorpora aumentos salariales, ascensos y cesantías, detallando los montos, las fechas de vigencia y, en algunos casos, la modificación o sustitución de acuerdos anteriores.
El festín de decisiones laborales no se limitó a noviembre. En septiembre de 2025, Cancillería emitió múltiples acuerdos administrativos individuales que abarcan nombramientos, ascensos, reintegros, cesantías y ajustes salariales.
En estos documentos aparecen cargos como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, ministro consejero, cónsul, primer secretario, consejero, oficial de seguridad, guardian, oficinista, conserje, analista de cooperación externa, director del ceremonial diplomático y jefes de unidad, entre otros.
Los salarios registrados en septiembre oscilan entre L.16,300.00 para trabajadores de servicios generales y hasta L.59,000.00 para cargos diplomáticos de alto rango.
En octubre de 2025, el patrón se mantuvo sin variaciones. Los acuerdos emitidos durante esos meses abarcan nombramientos, ascensos, reintegros, ajustes salariales y modificaciones de cargos para personal administrativo, técnico y diplomático.
Entre los puestos más destacados figuran especialista de cooperación externa, ministro consejero, cónsul, analista de política multilateral, auditor interno, oficiales administrativos, supervisores, oficinistas y personal de servicios generales.
Los salarios van desde L.17,238.13 para cargos técnicos y de supervisión hasta L.45,200.00 para ministro consejero y L.40,000.00 para especialistas de cooperación externa.
Un elemento común en los tres meses es la ausencia de un consolidado oficial que indique cuántas personas fueron beneficiadas en total y cuál es el impacto presupuestario mensual y anual de estas decisiones.
Aunque cada acuerdo detalla el salario individual, ninguno de los documentos presenta una proyección global del costo que estos nombramientos, ascensos y aumentos salariales representarán para el Estado, trasladando esa carga financiera a la próxima administración.
El análisis conjunto de los documentos muestra además que los beneficios no se distribuyeron de manera homogénea dentro de la Cancillería, sino que se concentran en determinadas direcciones, unidades administrativas y áreas estratégicas.
Más allá de la legalidad formal de los procedimientos, los documentos evidencian una práctica recurrente en la administración pública, aprovecha los últimos meses de gestión para asegurar plazas, ascensos y salarios, reduciendo el margen de maniobra de las autoridades entrantes.
Todos estos movimientos y beneficios están bajo la absoluta autorización del canciller, Javier Efraín Bú Soto, a quien EL HERALDO buscó para conocer su reacción, pero no respondió.
Irrespeto
El analista Graco Pérez considera que los movimientos recientes en Cancillería no solo responden a una práctica recurrente al final de los gobiernos, sino que en este caso revisten una gravedad mayor.
A su juicio, se trata de acciones políticas ejecutadas cuando el gobierno ya va de salida, orientadas a favorecer a personas específicas y asegurarles estabilidad laboral, sin que exista un sustento técnico o legal que las respalde. Para Pérez, lo ocurrido en Cancillería confirma que la institución fue utilizada como parte del botón político.
Pérez explica que, mediante decretos y acuerdos administrativos, se ingresó al escalafón diplomático a personas que no cumplían con los requisitos establecidos en la ley.
Señala que se confundió deliberadamente el rango funcional con la carrera diplomática, otorgando la categoría de embajadores de carrera a funcionarios como cancilleres y vicecancilleres, cuando ese rango solo corresponde a la función y no se convierte automáticamente a una persona en diplomático de carrera.
Según el analista, estas decisiones violentan la Ley del Servicio Exterior y Consular, la Ley del Servicio Civil y todo el marco jurídico que regula el escalafón diplomático.
Además, el analista denuncia que hubo casos en los que personas fueron despedidas o presentaron su renuncia y posteriormente fueron recontratadas con salarios más altos y en cargos distintos, para luego ser ingresadas al escalafón mediante acuerdos.
Para Pérez, esta práctica constituye una cadena de irregularidades administrativas que buscan blindar a determinados funcionarios, sin respetar concursos, evaluaciones ni méritos, lo que evidencia una manipulación del sistema con multas puramente políticas.
Si bien reconoce que este tipo de maniobras también ocurrieron en gobiernos anteriores, como los de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández, Pérez subraya que en esos casos al menos se intentó “disfrazar” las decisiones mediante concursos de oposición para ascensos dentro del escalafón diplomático.
En contraste, sostiene que en el actual gobierno no se realizaron concursos y que los rangos y cargos se asignan de manera directa, lo que representa una violación aún más evidente de la ley y una degradación más profunda de la carrera diplomática.
Finalmente, Graco Pérez advierte que estas acciones no solo son ilegales, sino que afectan gravemente al país, ya que Cancillería no es una secretaría más, sino la encargada de la imagen y las relaciones internacionales de Honduras.
También se trató de consultar a las autoridades de Cancillería sobre estos movimientos en la estructura de su personal pero no hubo respuesta.
