El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) realiza una auditoría total en el consulado de Honduras en Phoenix, Arizona.
Inicialmente, el ente contralor abrió un expediente a raíz de la denuncia expuesta por EL HERALDO sobre la compra de un lujoso vehículo que hiciera la cónsul Astrid Gaborit, con recursos del Estado.
Los registros de compra del automotor, un Volkswagen Routan 2010, aparecen a nombre de la diplomática.
Además de esta denuncia puntual se auditará todo el consulado, informó una fuente oficial del TSC.
Será una auditoría financiera y de cumplimiento legal. Se revisará todo el rubro de los ingresos que recibe esa sede diplomática. Asimismo, se auditarán todos los gastos efectuados por dicho consulado.
Para esa labor el TSC ya solicitó a Relaciones Exteriores que le remita un informe detallado sobre ingresos y gastos. Parte de la información ya la remitió Cancillería, correspondiente a los informes que rinden anualmente dicho consulado.
Se informó que la auditoría total comprenderá el período del 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2012.
En vista de que el TSC carece de presupuesto, no podrá enviar auditores a dicho consulado. La auditoría se efectuará desde la capital, revisando toda la información documental solicitada a Cancillería.
Se prevé que la investigación demore unos tres o cuatro meses, informó la fuente.
Producto de la investigación que se realice, el TSC emitirá un informe notificando si procede o no deducir responsabilidades de tipo penal, civil o administrativa.
Sigue investigación
Recientemente, el canciller Arturo Corrales justificó la compra del lujoso vehículo que se adjudicó la cóncul con dinero del Estado.
Corrales aseguró que el dinero malversado por la cónsul, entre 2010 y 2012, equivale al que se le destina para su movilización para aspectos de trabajo a razón de unos 300 dólares mensuales. “Esta forma en que lo hizo ella le ahorró dinero a Cancillería”. El único “error” que, según el canciller, cometió la cónsul, fue haber reportado esa erogación como pago de letras de su carro y no como gasto de transporte.
No obstante la justificación, el TSC continuará con su investigación para confirmar si existe o no alguna responsabilidad que amerite deducir.
Por su lado, el Ministerio Público también abrió un expediente investigativo para confirmar si procede deducir responsabilidad penal a la cónsul por la compra del lujoso vehículo.
Para confirmarlo se anunció que libraría un oficio a Cancillería solicitando un informe referido a esta denuncia. Se investigan los delitos de malversación de caudales públicos, fraude o violación de los deberes de los funcionarios.
