Tegucigalpa, Honduras.- Han pasado nueve días desde el ataque con un artefacto explosivo contra la diputada Gladis Aurora López en los bajos del Congreso Nacional, y hasta ahora el caso sigue sin personas detenidas.
El tiempo transcurrido comienza a generar cuestionamientos legítimos sobre la efectividad y la celeridad de las investigaciones, especialmente por tratarse de un hecho ocurrido en una de las zonas con mayor resguardo de seguridad del país y en un contexto de alta tensión política.
El atentado no solo puso en riesgo la vida de una parlamentaria, sino que también evidenció vulnerabilidades en los esquemas de seguridad del Estado.
Nueve días después, la ausencia de capturas alimenta la percepción de lentitud institucional, aun cuando las autoridades aseguran contar con información clave.
La preocupación ciudadana no se centra únicamente en el caso particular, sino en el mensaje que se envía cuando un ataque de esta magnitud permanece sin responsables ante la justicia.
Desde el inicio, se informó que los presuntos atacantes fueron identificados y que existen imágenes que los ubican claramente en el lugar de los hechos.
En la zona del Congreso Nacional operan más de 25 cámaras de vigilancia, entre sistemas privados y las del Sistema Nacional de Emergencias 911, las cuales habrían captado fotografías y videos que muestran el recorrido y la presencia de los sospechosos antes y después del ataque.
Este nivel de cobertura hace que la falta de detenciones resulte aún más difícil de comprender para la opinión pública.
A pesar de ello, las autoridades han reiterado que el proceso investigativo sigue activo y que no habrá impunidad. Como parte de las acciones para dar con los responsables, la Policía Nacional anunció una recompensa de 300 mil lempiras por cada uno de los sospechosos, con el objetivo de incentivar la colaboración ciudadana y acelerar su ubicación y captura.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ha explicado que se están realizando análisis técnicos de los videos de seguridad, cruces de información, reconstrucción de los hechos y seguimiento de líneas investigativas que permitan establecer no solo quiénes ejecutaron el ataque, sino también si hubo autores intelectuales.
Según las autoridades, este tipo de casos requiere un manejo cuidadoso para garantizar capturas sólidas y procesos judiciales bien sustentados.
Por su parte, el Ministerio Público ha señalado que trabaja de forma coordinada con la DPI, revisando pruebas audiovisuales, testimonios y peritajes relacionados con el artefacto explosivo utilizado.
La Fiscalía sostiene que el expediente avanza y que se están preparando requerimientos fiscales en el momento oportuno, a fin de evitar errores que puedan debilitar el caso en los tribunales.
La diputada por el departamento de La Paz, ya se encuentra en su casa en un proceso de recuperación y a la espera de más evaluaciones médicas para determinar los daños en su sistema auditivo.
