Honduras

Áreas protegidas de la zona sur de Honduras son asediadas por litigios

La isla Inglesera es reclamada por un supuesto dueño que se declara heredero. Para llegar a la isla Inglesera se requiere contratar una lancha. El viaje es de 30 minutos desde Amapala. La población de la zona es de 80 personas.

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26.04.2012

Las tierras que por décadas han mantenido la categoría de áreas protegidas en el Golfo de Fonseca son perseguidas por personas que pretenden convertirlas en zonas privadas.

Para evitar este fin las autoridades municipales se enfrentan a procesos judiciales.

En las últimas semanas, vecinos de Muruhuaca retomaron un proceso legal antiguo por disputa de tierras que no se ha podido resolver entre Alianza y Goascorán.

Un nuevo caso se develó en las últimas horas. Se trata del reclamo de las tierras de la isla Inglesera, ejecutado por el Elías Francisco Canales.

Según la denuncia de las autoridades municipales de Amapala, el demandante se ha declarado heredero de la zona, pese a que es un área protegida.

La comunidad se encuentra a 30 minutos en lancha desde Amapala.

Alberto Cruz, alcalde, manifestó su malestar ante la ambición de personas que pese a no residir en la comunidad desean apoderarse de un espacio que es área de reserva natural.

“Son personas a las que no les bastaba tener bienes en otros departamentos y sin ningún documento válido se quieren apoderar de tierras donde residen personas pobres desde hace varias décadas”, manifestó el funcionario.

Lo que no desconoce Cruz es que la zona es un paraíso por su riqueza natural, lo cual la convierte en apetecible por nacionales y extranjeros.

Lo que no están dispuestos es a aceptar que el territorio que por años han protegido y tratado de mantener con el menor impacto ambiental les sea arrebatado, en especial porque es un lugar que pertenece al Estado de Honduras.

“Esta isla pertenece al Estado y ha sido dada en carácter de arrendamiento a los pescadores que han vivido toda la vida aquí”, agregó.

El alcalde apeló a la buena voluntad de las autoridades de justicia para que de inmediato investiguen el caso y no permitan que las personas que residen en la comunidad desde hace más de 100 años sean desalojadas de la zona.

Según Cruz, existe un requerimiento fiscal en el juzgado de Amapala con el cual se reclaman estas tierras que son zonas protegidas.

“Yo denuncio que ha aparecido una persona que reclama la isla, el cual carece de documentos fidedignos para comprobar su pertenencia, pues luego de analizarlos hemos encontrado varias irregularidades”, recalcó.

Los organismos responsables de la protección de esta área son las autoridades de la Alcaldía y el Instituto de Conservación Forestal (ICF) mediante el Departamento de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

Derecho

De acuerdo con Yesica Araceli Romero, apoderada legal del Comité de Defensa de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (Codefagolf), los pescadores apelan a los derechos que han obtenido durante su permanencia en la zona, pero no se quieren apropiar del territorio, pues conocen la ley.

La abogada explicó que el reclamante de la zona aún no cuenta con un documento que compruebe de manera concreta que le pertenece la isla.

Según el artículo 109 de la Ley Forestal, es prohibido otorgar títulos de dominio pleno sobre tierras que estén bajo la categoría de áreas protegidas, como sucede con la isla Inglesera.

Lo que existe es un acto de admisión donde se admite el requerimiento fiscal del supuesto propietario de esta isla, pero esto no significa que desde ya se le otorga la potestad para decidir sobre el espacio, dijo la apoderada legal.

“Los habitantes de la isla mantienen un contrato de arrendamiento que fue otorgado por la municipalidad a quienes acreditan que han residido en la comunidad desde hace varias décadas”, reveló.

Uno de los beneficiados con este documento es Rodolfo Núñez Pacheco, quien logró el contrato de arrendamiento debido a que ha permanecido en la isla durante 46 años.

Núñez Pacheco dijo que lo que ellos saben es que su abuelo Margarito Osorio era el dueño de la isla y le compraron a los primeros dueños cuyos nombres se desconocen, pero que no existen documentos que pueden confirmar lo que por años se ha conocido en la zona.

La población de la isla es de 80 personas, en su mayoría familiares.

Por décadas se ha conocido que los grupos asentados en Amapala se encuentran en tierras ejidales rurales, según las versiones de los pobladores y autoridades municipales.

Desalojo

El año pasado, según el entrevistado, un contingente de la Policía llegó a la comunidad para desalojarlos, pero los habitantes de la zona se opusieron y se enfrentaron de forma valiente a la comitiva que pretendía sacarlos de sus casas.

“Llegaron con una apoderada legal que nos informó que debíamos irnos de nuestra comunidad, pero nadie atendió esta petición”, recordó Núñez Pacheco.

La mayor parte de los pobladores se dedican a la pesca artesanal para subsistir, y en menor cantidad para la comercialización.

Entre las especies que más se explotan están el bagre, robalo y corvina. Otros productos que se explotan son los ostiones, curiles y jaibas.

“Nosotros hemos decidido que no vamos a dejar nuestra tierra, de acá nos sacaran solo muertos”, dijo el representante de los habitantes.

Amenaza

Para Jorge Varela, director ejecutivo de Codeffagolf, estas son amenazas que ha existido sobre las islas y playas del Golfo de Fonseca.

En otros años otras personas se han querido apropiar de tierras en áreas protegidas, como la reciente en el sector de Muruhuaca en Goascorán, dijo Varela.

En el caso actual, de forma aparente la persona que reclama la isla Inglesera ha afirmado que la adquirió mediante herencia, pero esto no puede ser posible por ser un espacio declarado como protegido por el Estado.

“No se dejará que este caso prospere, ya que si se deja que estas personas se apropien de esta isla lo harán con otras”, dijo Varela.

Esta zona está amparada en el decreto 599-E, publicado el diario oficial La Gaceta del 20 de enero de 2000.

“El supuesto propietario aduce que la zona es parte del documento del terreno de Nagarejo y que es parte de playa Grande, pero esto no es así”, concluyó.

Ubicación

La isla pertenece al Parque Nacional Marino del Archipiélago del Golfo de Fonseca.

Esta es un área ubicada entre la porción marítima de los municipios de Amapala y Alianza, en el departamento de Valle. Tiene una extensión de 4,057 hectáreas y es una zona de anidamiento de una variedad de aves nativas y migratorias.


Forman parte de este archipiélago las Islas: Garrobo, San Carlos, Exposición, Violín, Sirena, Comandante, El Padre, Las Almejas, Los Pájaros, Pacar, Coyote, Inglesera, Conejo, Zacate Grande y El Tigre, siendo estas dos últimas consideradas como las más grandes del Golfo de Fonseca.

Jurisdicción

Amapala es un municipio del departamento de Valle, formado por la isla de Amapala o Isla del Tigre y varios islotes.

Gracias a un profundo canal natural, y a pesar de que carecen de una infraestructura moderna, la comunidad recibe cada año a miles de visitantes, en su mayoría extranjeros.

La comunidad data de la época colonial, pero su mayor auge lo obtiene a partir de la fundación del muelle en 1833. Desde 1848 se le llamó Puerto de Amapala. En 1869 se establece la municipalidad.

Se roban cable del tendido eléctrico de isla San Carlos


La oscuridad que habían vencido tras lograr la instalación del servicio de energía eléctrica en la isla San Carlos ha retornado.

Un grupo de delincuentes identificados como salvadoreños fueron los que cometieron el delito de hurto del cable del tendido eléctrico que es llevado bajo el agua hasta la comunidad, de acuerdo con los vecinos.

Son tres kilómetros de cable que trasladaba la energía eléctrica desde Zacate Grande hasta la isla San Carlos, más conocida como Garrobo, informó el alcalde Alberto Cruz.

El edil hizo un llamado al comandante de la Fuerza Naval para incrementar la vigilancia en la zona costera.

Y es que, de acuerdo con los vecinos, en las comunidades fronterizas se han incrementado los ilícitos por parte de bandas extranjeras.

El proyecto de energía eléctrica fue inaugurado en 2007 a un costo de 10,000,000 de lempiras.

La electrificación de la comunidad fue financiada por las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El cable fue robado con el propósito de extraer el cobre para la venta, una actividad que se ha convertido en una faena de trafico. En la isla Mianguera sucedió lo mismo, según el funcionario.

“Pedimos apoyo a las autoridades gubernamentales y diputados de la zona para que se investigue esta situación”, dijo el alcalde.

Para recuperar el proyecto se necesita 1,000,000 de lempiras.

En la isla residen unas 600 familias, las que son de escasos recursos económicos, por lo que no pueden aportar los fondos para restablecer el servicio público.

El mayor robo se registró el Sábado de Gloria debido a que días antes se habían llevado una parte. En la primera ocasión se robaron 200 metros de cable.

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