Tegucigalpa, Honduras
El dictamen de la Ley Nacional de Ciberseguridad no tiene las garantías para que el Estado cumpla con su obligación de libertad de expresión de la ciudadanía, poniendo en riesgo la labor de defensores, comunicadores sociales así como propietarios de dominios web.
Esa fue una de las conclusiones hecha por la representante residente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Honduras, María Soledad Pazo, durante la reunión con diputados y delegados de otras entidades con las que se socializó esta normativa.
“Consideramos que como está en este momento -dictamen- no contiene las garantías suficientes para garantizar el cumplimiento de la obligación positiva del Estado en materia de libertad de expresión de la ciudadanía y pone en especial riesgo la labor de los defensores de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y propietarios de dominio web, así como personas con discursos críticos hacia el Estado y sus instituciones”, planteó en su intervención.
Además, la delegada de esta dependencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sugirió el desarrollo de enfoques alternativos y educativos para el uso responsable del Internet, la promoción de la autorregulación de los sitios web y redes sociales como una herramienta efectiva para abordar expresiones de odio y discriminación.
Miembros de la comisión dictaminadora nombrada en el Congreso Nacional continuaron ayer con la socialización de esta polémica legislación con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), Asociación de Prensa Hondureña (APH), Asociación de Medios de Comunicación (AMC) al igual que el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
Los delegados de estas instituciones y entidades internacionales coincidieron en que este instrumento jurídico violenta la libertad de expresión, prensa y a su vez la libre emisión del pensamiento a través de los medios digitales.
Solicitud
Una solicitud de análisis de la Ley Nacional de Ciberseguridad enviará la comisión de dictamen tanto al relator especial de libertad de expresión de la OEA y de la ONU para que presenten su recomendación en torno al tema de libertad de expresión, confirmó el titular del CPH, Dagoberto Rodríguez.
Mencionó que “debe de deslindarse todo lo que puede afectar la libertad de expresión y suscribirse incluso al convenio de Budapest para proceder a crear una ley que no afecte la libertad de prensa”.
Entre tanto, el presidente de la APH, Carlos Ortiz, enfatizó la necesidad de darle más tiempo de socialización al marco legal entre todos los sectores sociales. “No podemos permitir que esta ley como está diseñada se apruebe y los diputados han tenido a bien tomar en cuenta las observaciones”, indicó.
Aunque al finalizar el encuentro, los diputados que conforman la comitiva legislativa brindarían una conferencia de prensa, esta fue cancelada, sin brindar detalles al respecto. En la cuenta oficial de Twitter del CN se publicó que “Comité de Ciberseguridad no tendrá potestad para bajar página web o contenidos, ni será órgano de juzgamiento. Solo canalizará denuncias a órganos competentes”.
La OACNUDH exteriorizó su preocupación por la naturaleza de este Comité en relación con el otorgamiento de competencias propias de entes jurisdiccionales que implicaría no solo una extralimitación de competencias ante figuras penales de especial relevancia como ciberterrorismo, terrorismo electrónico, suplantación de identidad o amenazas. Añade que la composición institucional de este órgano menoscaba o debilita la independencia de poderes del Estado.
