Tegucigalpa, Honduras.- Alexander “Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, reconoció ante la justicia de Estados Unidos haber ordenado el asesinato de 56 personas, incluidos dos homicidios que, según su propio testimonio, cometió personalmente.
No obstante, el reconocimiento de esos homicidios en Estados Unidos no se ha materializado en un proceso judicial en Honduras por las muertes que el propio Ardón atribuyó a sus acciones.
El exalcalde se entregó a las autoridades estadounidenses en marzo de 2019, cuando se presentó en Guatemala.
Posteriormente, fue llevado ante una Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde se declaró culpable de delitos relacionados con el narcotráfico, entre ellos tráfico de drogas hacia ese país, uso de armas automáticas para cometer delitos, asociación con organizaciones dedicadas al narcotráfico y lavado de dinero.
Durante su participación como testigo en el juicio contra Juan Antonio “Tony” Hernández, en octubre de 2019, Ardón relató que había participado en 56 asesinatos y varias torturas. También declaró que dos de las personas asesinadas fueron víctimas de acciones que él mismo ejecutó.
Su testimonio volvió a aparecer años después, durante el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández, en 2024, cuando Ardón reafirmó aspectos de las actividades criminales que había descrito ante las autoridades estadounidenses.
Sin procesos judiciales
La declaración de Ardón ante la justicia de EE UU constituye uno de los elementos más contundentes sobre la violencia asociada a la estructura criminal de "gran escala".
Lo que marca una diferencia entre ambos sistemas de justicia: en Estados Unidos, Ardón fue procesado y se declaró culpable de delitos que incluían homicidio; en Honduras, el proceso que actualmente enfrenta estuvo relacionado con lavado de activos, no con los 56 asesinatos que reconoció ante la justicia estadounidense.
"Chande" Ardón, en Honduras, fue absuelto de un proceso por el delito de lavado de activos, luego de que un Tribunal de Sentencia encontrara inconsistencias en la pericia financiera presentada por el Ministerio Público.
¿Por qué fue absuelto en Honduras?
Aunque el proceso contra Ardón en Honduras se trató de una acusación por lavado de activos, el tribunal debía determinar la responsabilidad penal de Ardón a partir de las pruebas presentadas por el Ministerio Público dentro de ese expediente.
No obstante, durante la audiencia de lectura de fallo se cuestionó la pericia elaborada por un experto de la Fiscalía: los jueces encontraron inconsistencias técnicas y matemáticas en el análisis utilizado para sustentar la existencia del delito.
En el proceso se discutieron diferentes cantidades de dinero que, de acuerdo con la acusación, no podían ser justificadas legalmente.
Entre los montos mencionados figuraron alrededor de seis millones de lempiras y otra cantidad cercana a un millón de lempiras.
Además, durante la audiencia se presentaron cifras que inicialmente resultaban favorables para Ardón y que posteriormente fueron modificadas.
Estas inconsistencias fueron relevantes para el tribunal porque la prueba financiera constituía uno de los elementos utilizados por la Fiscalía para demostrar el origen ilícito de los fondos.
Uno de los puntos determinantes de la resolución fue que el perito del Ministerio Público no pudo justificar de manera suficiente los cálculos y conclusiones utilizados para demostrar el lavado de activos.
Es decir, aunque Ardón había admitido en Estados Unidos su participación en lavado de dinero, esa declaración no sustituyó la obligación de la Fiscalía hondureña de probar el delito que le imputaba dentro del proceso seguido en Honduras.
En Honduras, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), presentó requerimiento fiscal contra Amílcar Alexander Ardón Soriano, alias “Chande”, y su hermano Hugo Alfredo, por suponerlos responsables del delito de lavado de activos en perjuicio del orden socioeconómico del Estado.
De acuerdo con diligencias de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) realizadas en 2017, el denominado Cartel “AA” operaba desde aproximadamente 2003 en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y lavado de activos.
Las investigaciones de la DLCN establecieron que los hermanos Ardón habrían adquirido propiedades y constituido empresas con fondos de origen presuntamente ilícito.
Según el análisis financiero-patrimonial citado por el Ministerio Público, no se conocían fuentes de financiamiento lícitas con documentación que justificara más de 50.1 millones de lempiras, utilizados para adquirir propiedades y constituir empresas.
Las autoridades también los vincularon con reconocidos narcotraficantes como el mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y el guatemalteco Mario Ponce.
Ardón también fue señalado por sus vínculos con sectores políticos y policiales del país, aspectos que quedaron expuestos durante el juicio contra Juan Orlando Hernández en Estados Unidos.
