El Progreso, Honduras.- La conferencia de prensa convocada este lunes por Alexander López, alcalde de El Progreso, se desarrolló en medio de dos escenarios contrastantes: mientras dentro del Palacio de los Deportes el edil defendía el ajuste a la tasa vial, que la población denuncia como un incremento superior al 300%, afuera taxistas y ciudadanos eran desalojados por la Policía Nacional cuando exigían ingresar para escuchar las explicaciones de las autoridades municipales.
La tensión se apoderó del ambiente mientras el alcalde continuaba su intervención junto con otros funcionarios de la comuna. En las afueras, los manifestantes reclamaban que se les permitiera entrar al recinto y pedían que López “le diera la cara” al pueblo y a los transportistas, uno de los sectores que más ha cuestionado la medida por el impacto económico que representa.
Durante su comparecencia, López defendió la actualización de la tasa vial al afirmar que los recursos serán destinados al denominado proyecto de modernidad vial, que contempla la pavimentación de al menos 20 kilómetros de calles con concreto hidráulico de 5,000 PSI, con el objetivo de mejorar la conectividad del municipio y evitar que El Progreso quede rezagado frente al desarrollo del corredor turístico y el libramiento de la ciudad.
López explicó que, cuando asumió la alcaldía, el esquema de aportación estaba distribuido en un 40% para un sector, 40% para otro y 20% para la municipalidad, pero aseguró que su administración modificó ese reparto a partes iguales, bajo una fórmula de 33.33% para cada parte, con el argumento de buscar “justicia social y desarrollo humano”.
El alcalde reconoció, sin embargo, que las condiciones económicas actuales son distintas a las que existían cuando la Corporación Municipal aprobó, en junio de 2026, autorizar la búsqueda de financiamiento para ejecutar el proyecto. Mencionó el incremento en los combustibles y en la energía eléctrica como factores que han cambiado el escenario económico.
“Las mesas de diálogo, como siempre lo hemos hecho, están abiertas. Nada está escrito en piedra”, expresó López, al anunciar que se habilitarán acercamientos con los diferentes sectores para revisar la medida y buscar puntos de encuentro. Según dijo, el diálogo será encabezado por él junto con Carlos Martínez, gerente de ingresos; Yasmín Quiroz, secretaria municipal, y Marlon Giovanni Mejía, gerente administrativo.
El alcalde insistió en que el proyecto traerá beneficios para la movilidad urbana, el comercio, la inversión privada, la generación de empleo, la valorización de bienes inmuebles y la reducción de costos de transporte y mantenimiento vehicular. También aseguró que los transportistas serían de los principales beneficiados, al ser quienes más utilizan las vías públicas del municipio.
No obstante, el malestar ciudadano sigue creciendo. Para los manifestantes, el ajuste representa una carga fuerte para la población y para sectores como el transporte, que demandan explicaciones directas y una revisión de la medida antes de que avance su aplicación.
La controversia ocurre en un momento en que El Progreso busca posicionarse como una ciudad clave por su ubicación estratégica, cercana al puerto y al aeropuerto, y por su conexión con proyectos de infraestructura regional. Sin embargo, la jornada dejó en evidencia que el plan de modernización vial enfrenta un reto inmediato: convencer a una población que exige ser escuchada antes de pagar más.
