Tegucigalpa, Honduras.- Ni el feriado de la Semana Santa ni el inclemente sol del norte detuvieron la lucha de miles de familias defraudadas por la plataforma y fraude piramidal de Koriun.
En pleno Sábado de Gloria, una manifestación pacífica recorrió las principales arterias de Choloma, partiendo desde el Parque Central hasta el bulevar que conduce a Puerto Cortés, con una consigna clara: la liberación de Iván Velásquez como única vía para recuperar su dinero.
La protesta, que retornó al centro del municipio para una asamblea informativa, marca un punto de inflexión en la estrategia de los afectados, quienes ahora apuestan por una salida negociada que permita al principal imputado dejar la prisión bajo condiciones que garanticen el reembolso de las inversiones.
Según los voceros del movimiento, el Estado no ha ofrecido soluciones financieras viables, por lo que la esperanza de las víctimas recae en la supuesta solvencia de Velásquez.
Carlos Fúnez, vocero de los afectados de Koriun, detalló que la presión se intensificará en las próximas horas y confirmó que el próximo miércoles 8 de abril sostendrán una reunión crucial en Tegucigalpa con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano.
En dicho encuentro, pondrán sobre la mesa la propuesta de una "consulta popular" en Choloma para que sea el pueblo quien decida el futuro procesal del exgerente de Koriun, un esquema fraudulento tipo Ponzi que colapso tras que el Gobierno detectara su operación irregular en abril de 2025.
"Llevamos un tema importante que vamos a poner sobre la mesa: la liberación del señor Iván Velásquez para que él nos venga a pagar. Propondremos una consulta documentada al pueblo, que se decida si su liberación o que esté detenido en prisión", explicó Fúnez ante la asamblea.
El dirigente señaló que el Ministerio Público ha sido el principal obstáculo para que Velásquez obtenga medidas distintas a la prisión preventiva, tras que un juez revocara recursos previos de libertad a solicitud de la Fiscalía.
Ante este estancamiento, los afectados advirtieron que, de no obtener respuestas positivas este miércoles, las marchas pacíficas darán paso a tomas de carreteras a nivel nacional.
La magnitud del caso es de país, afectando a siete departamentos, Choluteca, Copán, Santa Bárbara, Cortés, El Paraíso, Olancho y hasta Francisco Morazán. Se estima que al menos 35,000 clientes resultaron afectados, involucrando a más de 6,000 familias de forma directa y a unas 400,000 personas de manera indirecta, con un perjuicio económico que ronda los 8,000 millones de lempiras, según estimaciones de los afectados.
"El gobierno anterior no logró darnos respuesta por medio de un decreto de ley, conseguir 8,000 millones de las arcas del Estado es difícil. Solo nos queda pedir la liberación de Iván Velásquez para que él venga a darnos una solución", sentenció el vocero.
Bajo la ley
Sin embargo, la postura desde el Poder Legislativo muestra una faceta de cautela y exigencia de justicia. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, se manifestó recientemente preocupado por un posible peligro de fuga si se llegaran a otorgar medidas cautelares al cabecilla de Koriun, asegurando que el caso no puede quedar en la impunidad.
Zambrano criticó la falta de controles por parte de las anteriores autoridades de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Ministerio Público, lo que permitió que el fraude creciera sin freno.
Para el titular del Legislativo, el enfoque debe estar en rastrear los activos, inmuebles y transferencias que se realizaron con el dinero de las víctimas.
"Miles de millones de lempiras no se esconden bajo el colchón, tiene que haber inmuebles, tiene que haber transferencias. El nuevo Ministerio Público tiene la responsabilidad de investigar a fondo quiénes más están involucrados en este ilícito", subrayó Zambrano en declaraciones previas.
La cita del próximo miércoles a las 10:00 de la mañana en el Congreso Nacional se perfila como un escenario de alta tensión.
Mientras los afectados ven en la libertad de Velásquez la llave para recuperar su patrimonio, el brazo legislativo y los operadores de justicia enfrentan el reto de dar respuesta a miles de familias sin permitir que uno de los mayores delitos financieros en la historia de Honduras quede sin castigo.
