Tegucigalpa, Honduras.- Un juez del Juzgado de Letras Penal resolvió este miércoles -1 de abril- revocar las medidas sustitutivas otorgadas Iván Abad Velásquez Castro, exgerente de la empresa Koriun Inversiones, y ordena su regreso a prisión preventiva, tras aceptar el recurso presentado por el Ministerio Público.
EL HERALDO consultó al portavoz del MP, Yuri Mora, quien explicó que "el juez determina cambiar las medidas, el Ministerio Público solicita una reposición en el termino de 24 horas como establece la ley y el juez da lugar a la petición del Ministerio Público y continúa en prisión Iván Velásquez".
La resolución judicial establece que Velásquez Castro es acusado por los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir, tenencia ilegal de armas de fuego y desobediencia, en perjuicio del orden socioeconómico del Estado de Honduras, el orden público y la administración de justicia.
El juez concluyó que persisten los argumentos legales que justifican la prisión preventiva, particularmente la gravedad de la pena y la posibilidad de que el imputado interfiera en el proceso.
"Ahí hubo presiones de los medios, la misma Corte, el Ministerio Público, porque este juez, en el día de ayer, emitió cuatro resoluciones en cuatro casos diferentes para que defiendan de libertad personas acusadas", confirmó Mora a este rotativo.
De acuerdo con el fallo, previamente se había concedido al imputado la sustitución de la prisión preventiva por otras medidas cautelares, respaldadas por una caución que superaba los 17 millones de lempiras.
"La defensa técnica del imputado propuso como caución la presentación de tres bienes inmuebles, valorados mediante avalúo privado en la suma de L. 15,348,566.86, además de una caución depositaria en efectivo por la cantidad de dos millones de lempiras (L. 2,000,000.00)", indica el comunicado.
Sin embargo, el Ministerio Público impugnó dicha decisión al considerar que la medida no era proporcional ni suficiente frente a la magnitud del daño causado.
El órgano jurisdiccional valoró que los delitos imputados, especialmente el de lavado de activos, conllevan penas que oscilan entre los 10 y 13 años de prisión, además de que el monto investigado supera los 120 millones de lempiras, lo que incrementa el riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia.
Por lo anterior, se ordenó mantener la medida cautelar de prisión preventiva dictada en la audiencia inicial, dejando sin valor las medidas sustitutivas previamente otorgadas.
