Tegucigalpa, Honduras.-La defensa legal de Francia Sofía Medina Martínez, conocida públicamente como “La barbie fiscal”, denunció una serie de irregularidades en el proceso judicial que se sigue en su contra.
Según explicó el abogado Juan Carlos Berganza, el caso —que comenzó con un requerimiento fiscal contra tres personas— fue presentado inicialmente ante los tribunales de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.
La Sala II se inhibió de conocer la causa al considerar que uno de los delitos está vinculado con la materia de corrupción.
Sin embargo, añadió que la Sala IV, a la cual se remitió posteriormente el expediente, también se declaró incompetente y lo envió a un tribunal ordinario de San Pedro Sula, a pesar de que el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha establecido que estos casos deben ser conocidos por la jurisdicción de criminalidad organizada cuando hay funcionarios públicos implicados.
“No puede haber una inhibitoria sobre otra inhibitoria. Si un tribunal se declara incompetente, el expediente debe remitirse a la Corte Suprema para resolver el conflicto de competencia. Lo que hicieron es un desaguisado procesal”, manifestó Berganza.
El abogado calificó de ilegal la remisión del expediente a un tribunal común, al considerar que con ello “se desacatan los acuerdos de la Corte Suprema y se vulneran los derechos fundamentales” de su clienta.
Asimismo, señaló que la defensa presentó un recurso de nulidad por las actuaciones mencionadas, el cual fue declarado sin lugar, y que la apelación fue tramitada “con efecto devolutivo y no suspensivo”, contrario a lo que establece la ley en casos de competencia objetiva.
“Se continúa con el juicio sin resolver la apelación ni el amparo, lo que evidencia una clara violación al debido proceso”, sostuvo el defensor.
Filtraciones y daños a la imagen
Cuestionó la forma en que se maneja la reserva judicial del expediente, alegando que mientras se prohíbe a la defensa hablar del caso, se filtra información selectiva para perjudicar a Francia Medina.
“El caso está en reserva, pero todos los días aparecen detalles distorsionados en los medios. Están tratando de dañar su imagen, atribuyéndole bienes y joyas sin sustento. Que digan matrículas de propiedad si realmente son de ella”, exigió el abogado.
Además, se refirió a los recientes aseguramientos de joyas, inmuebles, y dinero, que la Fiscalía presentó como parte de la investigación. Cuestionó la veracidad de esas versiones y pidió una revisión exhaustiva de las pruebas.
“Dicen que ella sola movió grandes sumas de dinero desde el Banco Central. ¿Cómo una persona puede sacar ese dinero por su cuenta? Esto huele a manipulación y encubrimiento”, advirtió.
Denuncian hostigamiento y temor en prisión
Berganza también informó que acudió al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) para denunciar presuntas acciones intimidatorias contra su clienta.
“A las 4:30 de la mañana llegó una militar a preguntar por su celda. Eso genera miedo, No presentamos Habeas Corpus, porque en la Corte Suprema esos recursos rara vez prosperan”, declaró.
Según Berganza, la exfuncionaria enfrenta vejaciones psicológicas en prisión, mientras el proceso continúa “plagado de irregularidades”.
Es por ello, que la defensa interpuso un recurso de amparo con suspensión del proceso, al considerar que el tribunal que conoce la causa no tiene competencia.
“El acuerdo CSJ-08-2023 del pleno de la Corte Suprema amplía la competencia de ellos tribunales de criminalidad organizada a casos donde los acusados son funcionarios públicos. Este tribunal está violando esa norma", reiteró Berganza.
El jurista advirtió que la actuación judicial refleja un “deterioro del Estado de derecho” y pidió a la Sala de lo Constitucional que corrija las ilegalidades cometidas.
“Si la sala no actúa, quedará claro que en Honduras el amparo se desampara. Es odioso que en un Estado democrático tengamos que soportar una justicia de esta manera”, concluyó.
La acusación
Francia Sofía Medina fue detenida el 29 de noviembre de 2023 en San Pedro Sula, acusada de haber sustraído más de 88 millones de lempiras (unos 3.6 millones de dólares) de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), fondos que estaban bajo custodia del Ministerio Público.
Tras su captura, un juzgado le dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva, mientras el Ministerio Público aseguró 36 bienes, entre inmuebles, vehículos y joyas presuntamente adquiridos con dinero ilícito.
El requerimiento fiscal la señala por los delitos de lavado de activos, sustracción de fondos públicos, falsificación de documentos, destrucción de evidencia y uso de información privilegiada, entre otros, que suman al menos 41 delitos.
Según la investigación, durante el período 2019-2023 habría efectuado al menos 37 retiros irregulares del BCH, incluso en fechas en que se encontraba con incapacidad médica.
En la causa también figuran otros implicados, entre ellos su presunta pareja sentimental, el exfiscal Germán Silva, quien se encuentra prófugo de la justicia, además de empleados del Ministerio Público y del Banco Central que habrían facilitado o encubierto las transacciones.
El caso permanece en reserva judicial, aunque la defensa ha denunciado filtraciones de información y violaciones al debido proceso.
