Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de frenar el ahogamiento financiero que sufren miles de productores hondureños debido a los embates climáticos, el pleno del Congreso Nacional aprobó por unanimidad la Ley de Alivio Financiero al Productor del Agro.
La iniciativa de ley, presentada por el dictamen de la Comisión Especial de Reactivación Agropecuaria, se admitió tras considerar la urgencia de rescatar la producción nacional, la cual representa el 13% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera el 35% del empleo de la Población Económicamente Activa (PEA).
El nuevo estamento legal, que se venía socializando desde hace mes y medio por parte de la comisión de agricultura y ganadería, permitirá una reestructuración de deudas masiva en el sistema financiero de la banca nacional, ofreciendo tasas del 2% anual y un plazo de hasta 15 años.
Con esto, las autoridades del Legislativo buscan desburocratizar el campo, mitigar la mora y dotar de competitividad al sector productivo, el cual arrastra severas dificultades acumuladas desde el huracán Mitch hasta eventos climáticos recientes.
"Este decreto les va a otorgar un alivio para buscar la readecuación de deudas en el sistema financiero de la banca nacional; les va a otorgar mayor plazo para sus pagos, un interés más bajo, y con esto esperamos reactivar el sector agrícola de Honduras", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
La normativa aprobada establece de forma rigurosa las fechas de corte para los beneficiarios que busquen el saneamiento de sus carteras en mora, tanto en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA) como en Senprende.
Los productores del sector agropecuario general y las Empresas Asociativas Campesinas dispondrán de una fecha de corte fijada al 31 de diciembre de 2023.
Por su parte, los sectores de arroceros, salineros y los pequeños y medianos camaroneros fueron incluidos con un límite fijado al 31 de diciembre de 2025.
Una de las innovaciones del decreto es la incorporación de un subsidio estatal de 100 millones de lempiras anuales para el Seguro Agropecuario Obligatorio, destinado a cubrir la prima de pequeños productores de maíz, arroz y frijol hasta un límite de 70 manzanas.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) regulará los fondos, exigiendo este seguro al 100% en áreas financiadas que no cuenten con sistemas de riego artificiales.
"Tiene una modalidad nueva este decreto, un seguro agrícola para el que se está estableciendo con Finanzas una partida presupuestaria para establecerle un dictamen que venimos por más de mes y medio estando en la socialización, lo podamos enviar a su sanción y esté publicado la próxima semana, para que los sectores productivos puedan hacer uso de ello", manifestó Zambrano.
Alivio
Por el lado de las bases productoras, la dirigencia campesina recibió con optimismo la aprobación de la ley, aclarando que no se trata de un borrón y cuenta nueva, sino de un salvavidas legal para poder continuar sembrando la tierra.
A nivel global, la cartera en morosidad que mantienen los diferentes sectores con la banca de desarrollo del Estado asciende a una cifra cercana a los 3,000 millones de lempiras, lo que mantenía bloqueados a miles de trabajadores.
La imposibilidad de acceder a recursos frescos de la banca estatal o privada había paralizado las inversiones, exponiendo al agro a las amenazas climáticas inminentes, tales como la extensión del fenómeno de la canícula en los granos básicos.
Los productores señalaron que, además del alivio, el Estado debe apostar urgentemente por el mantenimiento y la creación de sistemas de riego escalonados para dejar de depender de las lluvias naturales.
"El tema de readecuar, y lo hemos manifestado hasta la saciedad, no estamos renunciando, no estamos negando que no tenemos deudas con la banca estatal, sino que lo que estamos buscando es un acomodo de las deudas", puntualizó Darwin Cálix, dirigente campesino.
En el caso particular del sector campesino organizado, el beneficio directo abarcará a alrededor de 100,000 pequeños productores independientes a nivel nacional.
Este grupo específico arrastra deudas institucionales desde el año 2013 que superaban originalmente los 120 millones de lempiras y que, debido a la acumulación de intereses corrientes, hoy rebasan los 150 millones de lempiras.
La ley ordena que, una vez que el productor formalice la readecuación pagando los intereses regulares de 90 días, quedará habilitado de forma inmediata para optar a nuevas fuentes de financiamiento públicas o privadas, suspendiendo el bloqueo en la Central de Información Crediticia.
De igual forma, Banadesa conservará un derecho preferente por seis meses para vender mediante contratos de compraventa aquellos inmuebles que ya fueron rematados a productores que aún mantengan la posesión física de sus propiedades.
