Una reforma al Código Tributario contempla penas más duras por el delito de defraudación fiscal y los evasores no podrán evitar ir a prisión.
La iniciativa es conocida por el Congreso Nacional (CN), quien se apresta a aprobar las reformas al Decreto 22-97, que contiene dicho Código. La iniciativa fue introducida anoche al pleno de la Cámara por el diputado nacionalista Javier Menocal.
En la reforma se destaca que los evasores al fisco ya no podrán evadir ir a prisión, ya que el artículo 212 les venía concediendo el beneficio de no ser acusados si pagaban el perjuicio económico que ocasionaron al Estado por la defraudación. Asimismo, penas de hasta once años de reclusión a los que se encuentren culpables de cometer dicho delito.
Esto forma parte de una política de combatir la evasión al fisco, que promueve el nuevo gobierno que presidirá Juan Orlando Hernández. De esta forma se enfocará en un rubro para obtener resultados positivos para solventar la crisis económica que atraviesa el país.
Se estima que el año anterior el gobierno dejó de percibir 5,000 millones de lempiras por pago de impuestos.
Se considera que es imprescindible contar con un cuerpo jurídico que establezca los principios generales, las normas administrativas, penales y procesales aplicables a todos los tributos, a fin de introducir congruencia entre los mismos y uniformar los criterios del régimen sancionatorio en caso de incumplimiento.
Las reformas
El asesor del CN, Ebal Díaz, dijo que con dichas reformas al Código Tributario se pretende aplicar la ley de manera efectiva, eliminando la posibilidad de que los evasores del fisco eviten ir a la cárcel como ocurre con el Código actual.
Forman parte de las medidas antievasión planteadas que buscan sanear las finanzas del país y permitir la continuidad de los programas sociales de la siguiente administración.
Las reformas se centrarán en los artículos 210 y 212 del capítulo III del Código Tributario relativo a las sanciones de multas y reclusión aplicables al delito de defraudación fiscal, de acuerdo al monto defraudado.
En el artículo 210 se incluyen multas en los casos que la defraudación no supere los 50,000 lempiras.
En el numeral uno se propone una multa igual al doble del valor del impuesto, contribución o tasa objeto del delito si dicho valor no excede de 10,000 lempiras.
El segundo numeral impone prisión de dos a cuatro meses cuando el valor de los impuestos, contribuciones o tasas objeto del delito sea de 10,000 a 20,000 lempiras, más una multa igual a tres veces el respectivo valor.
Finalmente se propone una sanción de reclusión de cuatro a seis meses cuando el valor de los impuestos, contribuciones o tasas objeto del delito sea de 20,000 a 50,000 lempiras, más una multa igual a ocho veces dicho valor.
Cárcel
En otro apartado de dicho artículo se establecen en cinco numerales las penas de reclusión mayores a seis meses y hasta diez años, contra los evasores.
Inicialmente, se propone de seis meses a seis años de reclusión si el monto de los impuestos, contribuciones o tasa omitidas sea de 50,000 a 100,000 lempiras, más una multa igual a diez veces el mencionado monto.
Cuando el monto de los impuestos sea de 100,000 lempiras un centavo a 200,000 mil lempiras tendrán que pagar una pena de seis a ocho años en prisión, más una multa por 12 veces del monto mencionado.
De seis a siete años de prisión si el monto de los impuestos, contribuciones o tasas omitidos es de 200,000 a 300,000 lempiras, más una multa igual a 14 veces el mencionado monto defraudado.
Cuando la defraudación sea de 300,000 a 500,000 lempiras se propone una pena de cárcel de siete a ocho años, más una multa igual a 12 veces el mencionado monto.
Finalmente, se propone imponer de ocho a diez años de prisión si el monto de los impuestos, si la defraudación supera los 500,000 lempiras, más una multa igual de 10 veces la mencionada suma. Es decir, que en este caso las multa mínima ascendería a cinco millones de lempiras.
En caso que no se pueda determinar la cuantía de lo defraudado, por causas no imputables al indicado, la pena será de cinco a ocho años de reclusión, más una multa igual a 10 veces del valor defraudado.
También se contempla que si las causas son imputables al indiciado, la pena será de nueve a once años, más diez veces el valor estimado de los impuestos, contribuciones o tasas omitidos.
Sin beneficio
Finalmente, se propone una reforma al artículo 212 del Código Tributario para despojar a los defraudadores al fisco del beneficio de evitar ir a prisión con pagar el perjuicio económico que ocasionó al Estado.
“Se formulará acusación a quien hubiere omitido el pago del tributo u obtenido el beneficio indebido conforme al artículo anterior, aun cuando lo entere espontáneamente con sus recargos antes de que la autoridad tributaria descubra la omisión o el perjuicio o sin que medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión de aquella tendente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales”, cita la reforma. Solo se elimina la palabra no al inicio del anterior párrafo.
Aval
Las reformas tendientes a endurecer penas y enviar a prisión a los evasores al fisco cuentan con el apoyo de las autoridades del Ministerio Público (MP).
La subdirectora de Fiscalías, Loany Alvarado afirmó recientemente que el MP avala la iniciativa de reforma al Código Tributario. El MP aprueba las reformas al Código Tributario, se tiene una ley muy tibia en ese aspecto, manifestó.
Como parte de la coordinación, el MP y la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) conformarán un cuerpo común para combatir la evasión fiscal.
Recientemente, el fiscal general Óscar Chinchilla creó la Fiscalía contra Delitos Tributarios, que conocerá de las denuncias que le remita la DEI, la ciudadanía y las iniciadas de oficio, para ejercer las acciones legales que correspondan. La DEI la apoyará en la investigación, al contar con personal especializado en materia tributaria.
Lo que se pretende es emprender acciones conjuntas para enfrentar los delitos de contrabando, defraudación fiscal, abusos de autoridad y falsificación de documentos públicos, entre otros relacionados.
La directora de la DEI, Mirian Guzmán, dijo que estos delitos son una modalidad del crimen organizado. Por lo tanto, propuso el nombramiento de jueces con jurisdicción nacional para conocer las acusaciones que se interpongan.
