En un informe que se divulgo en noviembre, la Fiscalía de la CPI emitió una evaluación jurídica de las denuncias presentadas por diferentes organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre los hechos ocurridos antes, durante y después del 28 de junio de 2009.
“Después de un análisis cuidadoso de los hechos, ha concluido que no existe una base razonable para creer que los actos atribuidos a las autoridades hondureñas en ese corto período de tiempo constituyen crímenes de lesa humanidad”, cita el primer numeral del informe.
Además, la CPI admite que aunque hubieron restricciones a las libertades de movimiento, expresión y asociación y un gran número de detenciones breves, no se pudo argumentar que estas restricciones, aún si fueran combinadas, hayan constituido un ataque masivo dirigido contra los opositores al régimen de ese momento.
