Los Ángeles, Estados Unidos.- El conflicto por la herencia de Michael Jackson vuelve a los tribunales. Paris Jackson, de 27 años, interpuso una demanda contra los ejecutores del patrimonio de su padre, John Branca y John McClain, a quienes acusa de haber autorizado pagos indebidos y de operar con falta de transparencia en la administración del legado multimillonario.
De acuerdo con documentos judiciales presentados en julio, la artista cuestiona los llamados “pagos premium” que en 2018 se habrían otorgado a varios bufetes por servicios no registrados oficialmente.
Según su equipo legal, esos desembolsos —estimados en 625,000 dólares— constituyen “gratuidades injustificadas” y carecen de respaldo jurídico.
En una presentación posterior, fechada el 3 de octubre, Paris comparó a los ejecutores con el “Mago de Oz”, señalando que “actúan con secretismo”.
Su abogado sostuvo que “ese comportamiento, nacido de la comodidad y la arrogancia, es indefendible... como el Mago de Oz, exigen que el tribunal confíe en ellos a ciegas, impidiendo que alguien mire detrás de la cortina”, según documentos obtenidos por US Weekly.
La hija del “Rey del pop” también reprocha a los administradores haber intentado bloquear la fase de investigación judicial, lo que, según su defensa, obstaculiza la revisión de los pagos cuestionados.
“Los ejecutores no tienen derecho a impugnar su petición, especialmente cuando toda su evidencia proviene de los propios archivos del patrimonio”, se lee en la moción.
La respuesta de Branca y McClain, presentada el 9 de octubre, además de negar las acusaciones, revela por primera vez que Paris ha recibido alrededor de 65 millones de dólares del patrimonio desde 2009.
“Pocos se han beneficiado más del juicio empresarial de los ejecutores que [Paris] misma”, señala el escrito citado por People, donde también se afirma que sin su gestión, ni ella ni sus hermanos, Prince y Bigi, habrían percibido semejante fortuna.
El abogado de los administradores, Jonathan Steinsapir, recordó que cuando el intérprete murió, su patrimonio estaba “agobiado con deudas que superaban los 500 millones de dólares” y que, gracias a las decisiones de Branca y McClain, hoy ese legado alcanza un valor estimado superior a los 2,000 millones.
También defendió que los pagos en disputa “no son regalos ni bonificaciones arbitrarias”, sino compensaciones por “servicios extraordinarios” aprobadas por el tribunal testamentario.