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Tegucigalpa, Honduras.- El rugido de un motor rompió la calma de la colonia José Trinidad Cabañas, al noroeste del Distrito Central. El agua había llegado, pero no por una tubería —porque aquí nunca hubo una— sino en una cisterna privada.
"¡Vaya, doña, póngase viva! ¿Va a querer agua o no?", gritó uno de los jóvenes colgados en la parte trasera de la pipa azul.
Doña Mariela salió corriendo con dos de sus cinco baldes —los únicos que tenía a la mano—. Con cincuenta lempiras arrugados logró comprar un barril completo, y tuvo que hacer tres viajes más antes de que el camión, que pasa apenas una vez por semana y a veces se tarda casi la quincena, se cansara de esperarla.
"Aquí uno no espera que llegue el agua. Uno espera que llegue quien la vende", dijo, sin detenerse.
La Ley General de Aguas dice que el agua es un bien público, su acceso debe ser equitativo y el consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso; por eso, en teoría, no debería racionarse, comprarse ni venderse como un negocio privado.
Pero en el Distrito Central, mientras la ley promete una cosa, la llave del agua responde con otra: solo se escucha el paso del aire, y el recibo municipal —esos 80, 100 o 150 lempiras— sigue llegando cada mes, con o sin gota que justifique el cobro.
30%
de los capitalinos
no tienen una conexión formal al sistema de agua potable
Aproximadamente 1.2 millones de capitalinos viven hoy bajo esa contradicción, según reconoció el propio gerente de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), Gustavo Boquín, el 15 de julio de 2026. Para entender cómo se llegó hasta aquí, hay que empezar por el cielo.
Detrás del negocio que crece alrededor de la sed hay una causa inmediata, y es simple: dejó de llover. La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus revisó las lluvias del último lustro y encontró que los primeros siete meses de 2026 son el período más seco en cinco años, según datos del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
De cada diez lluvias que debieron caer entre enero y julio, casi tres no llegaron. En números, 329 milímetros acumulados en promedio frente a los 458.6 del mismo tramo en 2025 -un hueco de casi 130 milímetros que la ciudad nunca recibió.
El golpe no fue parejo. De dos estaciones pluviales ubicadas en la ciudad, la ubicada en Toncontín revela el reporte más drástico, al caer de 630.6 a apenas 381.5 milímetros.
El punto en la colonia 21 de Octubre, en cambio, recoge una pérdida menor en términos relativos, pero terminó siendo el rincón más seco de toda la ciudad: apenas 276.4 milímetros en lo que va del año.
Y luego vino agosto, que debía traer alivio y trajo lo contrario. En la primera semana del mes las lluvias casi desaparecieron: de los 96.4 milímetros en promedio que cayeron en esos mismos siete días de 2025, este año solo llegaron 11.3 -un desplome de más del 88%.
"No avizoramos lluvias pronunciadas en lo que resta de agosto. Los modelos meteorológicos nos dicen que hasta mediados de septiembre vamos a tener lluvias copiosas. En Tegucigalpa estamos enfrentando una situación crítica. Ya hay que enfrentarla y hablar claro a la población de este tema", advirtió a medios el 14 de agosto Boquín, quien dejará el cargo de gerente de la UMAPS a partir de septiembre próximo tras interponer su renuncia.
Las autoridades atribuyen el déficit a los efectos del cambio climático y al fenómeno de "El Niño". Ese déficit acumulado, de entre 100 y 200 milímetros según Copeco, fue lo que llevó al Distrito Central a entrar en alerta roja indefinida el pasado 18 de agosto, junto a otros 74 municipios del país.
El deterioro se puede medir mes a mes. El 15 de julio, Boquín indicó que Los Laureles estaban al 39.88% de su capacidad, con 4.189 millones de metros cúbicos almacenados; La Concepción, la represa más grande de la capital, al 35.19%, con 12.740 millones.
Un mes después, el 21 de agosto, Los Laureles había caído a 36.76% y La Concepción a apenas 28.95%. En cuestión de semanas, la ciudad perdió varios puntos de sus reservas sin que lloviera lo suficiente para recuperarlos.
"Si se mantiene el actual ritmo de consumo y no se registran lluvias significativas, Tegucigalpa tendrá reservas para garantizar el suministro únicamente hasta finales de agosto. Estamos viviendo el peor escenario", advirtió Boquín en julio.
Julio Quiñónez, director del Sistema Municipal de Gestión de Riesgos (Simger), fue en la misma línea: las condiciones actuales son más complejas que las de 2019, uno de los años más secos que ha vivido Honduras, y si no llueve, los embalses podrían caer hasta un 20% de su capacidad para fin de mes.
"La situación hídrica de Tegucigalpa es crítica y el pronóstico para los próximos meses no es nada halagador", afirmó.
Para Boquín, el problema no es solo que no llueva: es que la ciudad nunca construyó la infraestructura para aprovechar la lluvia que sí cae.
"Tegucigalpa no tiene falta de agua, tiene falta de represas. Estamos experimentando una situación crítica e histórica, similar a la que vivimos en la década de 1990, pero enfrentando desafíos mucho mayores debido al drástico crecimiento poblacional y a la evidente falta de nueva infraestructura de almacenamiento en la ciudad", explicó.
"La diferencia es que en los años 1990 había un millón de habitantes menos. Hoy seguimos teniendo la misma infraestructura, únicamente dos embalses y un productor a filo de agua, y somos casi dos millones de personas."
El dato que más sorprende es que en las cuencas que abastecen a la capital "llueve 17 veces" más de lo que la ciudad necesita al año, según el propio Boquín. El problema es que entre el 40% y el 45% de esa agua se pierde en el camino, por el deterioro de las redes de distribución, antes de llegar a una sola casa.
Ahí, exactamente donde la tubería deja de responder —o donde nunca llegó a existir—, aparece el negocio que Mariela conoce de memoria: las cisternas privadas, que la UMAPS deja llenarse en sus propios puntos de abastecimiento y que luego recorren la ciudad revendiendo el agua puerta a puerta.
Los transportistas privados que compran agua a la municipalidad subieron los precios de reventa ante la alta demanda, según reconoció Gustavo Boquín.
La Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento deja el control de ese mercado en manos del Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento (ERSAPS).
Para obtener más detalles EL HERALDO Plus consultó a la UMAPS como al ERSAPS sobre la vigilancia que ejercen sobre ese negocio; ninguna de las dos instituciones respondió al cierre de esta edición.
Ante la emergencia, el Gobierno activó un plan de contingencia enfocado en los barrios más vulnerables de las zonas altas de la capital: la flota de camiones cisterna municipales pasó de 52 a 80 unidades, y se trabaja en rehabilitar pozos existentes y perforar nuevas fuentes subterráneas.
Quiñónez anunció además una inversión superior a 150 millones de dólares para renovar el sistema de distribución, y explicó que los bajos niveles de las represas también encarecen la producción, porque tratar el agua que queda requiere más químicos.
Mientras tanto, la Alcaldía mantiene una política de "cero tolerancia" contra el uso no prioritario del agua potable, con sanciones contempladas en la ordenanza municipal de emergencia.
El barril que Mariela compró esa tarde le cuesta entre 50 y 100 lempiras, dependiendo del día y de quién maneje la pipa esa semana.
Para una familia que depende por completo de las cisternas, el gasto no baja de 250 lempiras semanales —sin contar el recibo que la UMAPS sigue enviando puntual cada mes, se reciba agua o no.
Mariela nunca pagó ese recibo, porque nunca hubo tubería que lo generara; su costo se mide distinto, en tiempo y en lo que deja de ganar: "Yo antes iba a lavar ajeno o a limpiar casas allá por el centro, pero si a uno le avisan que la pipa viene tal día, ahí se tiene que quedar plantado. Si yo me voy a trabajar, ¿quién me recibe el agua? Una vez perdí un trabajito de tres días cuidando a una señora porque el camión se retrasó".
Y cuando el barril no alcanza, la crisis entra hasta donde más duele: los hijos. Hace tres meses, cuenta, se les dañó el tonel grande y solo lograron guardar tres baldes.
"A media semana ya estábamos secos. Ese día no cociné; nos tocó pasar a tortilla con café, porque no había cómo lavar arroz ni frijoles. Cuando a los güirros les da calentura o esa diarrea que les pega por el mismo polvo, uno se desespera. Si no hay agua, agarro un trapo limpio, lo mojo apenas con un poquito de agua purificada de la que compramos en bolsa, y se los paso por la frente y las axilas para bajarles la fiebre. Uno no puede darse el lujo de bañar al niño completo; cada gota se cuida como si fuera pisto. Toca dejarlos medio cochinos, con el dolor del alma”, relató la entrevistada.
Del otro lado de la ciudad, en Villa Universitaria, Iveth Sosa sí tiene tubería —y la sigue pagando—. Antes el agua le llegaba cada tres días; desde que empezó la emergencia en mayo, depende también de las cisternas.
Gasta 2,000 lempiras al mes en agua doméstica y otros 440 en botellón para beber: 2,440 lempiras que antes no existían en su presupuesto, y que se suman —no reemplazan— al recibo municipal.
En su casa viven sus dos hijas y su madre, una adulta mayor, así que cada decisión sobre el agua se multiplica por cuatro. Para no gastar lavando platos, empezaron a usar productos desechables; el carro dejó de lavarse en casa; la ropa se lava administrando cada gota.
"Me ha tocado reprogramar reuniones y salir tarde para la oficina porque la cisterna dice que llega a las siete y aparece a las diez. El mes pasado dejé a medias una presentación para un cliente porque me avisaron que la pipa ya iba entrando a la colonia; si no salía corriendo, perdíamos el cupo. Siento que esta situación controla mi agenda, mi productividad y mis ingresos", indicó Sosa.
Además compartió siempre “pagamos el recibo, pagamos la cisterna, pagamos para que nos laven el carro, y qué pasa cuando no puedo trabajar: no hay agua, y sin trabajo no hay agua”.
Quiñónez advirtió que este tipo de escasez también eleva el riesgo de enfermedades gastrointestinales, porque sostener la higiene básica con el agua racionada —guardada, medida, estirada hasta el próximo suministro— es cada vez más difícil.
L1,400
millones
se requieren para finalizar la represa de San José en El Tablón.
Como solución de largo plazo, las autoridades municipales proyectan que la represa San José, la primera nueva en tres décadas, esté plenamente operativa en el primer trimestre de 2028.
Primero, el alcalde debe colocar en el mercado internacional la operación de bonos por hasta 500 millones de dólares aprobada recientemente por el Congreso. Esos fondos permitirán financiar lo que falta del nuevo embalse.
Hasta entonces, Tegucigalpa seguirá dependiendo de los mismos dos embalses de los años noventa y la planta de El Picacho, para el doble de la población que entonces.
Mariela ya metió el último balde a la casa. La cisterna azul dobló la esquina, en busca del siguiente cliente antes de que se agotara la pipa.