Pelea de poder con Roosevelt habría provocado salida de Ramiro Muñoz del INP

Tegucigalpa, Honduras.- En junio del 2023, el entonces coronel Ramiro Muñoz, ahora general, inició su gestión penitenciaria con el pie izquierdo, luego que en un video se expuso como un “matón”, al amenazar con “encostalar” a un subalterno que se atrevió a murmurarle. Dos años después, tras ser destituido del cargo de director penitenciario, ha quedado la duda sobre cuál fue la supuesta orden ilegal que no cumplió.

Llevándose para sí el nombre de quién le dio la orden que no quiso cumplir, el militar abandonó esta semana las oficinas del Instituto Nacional Penitenciario (INP), luego de que la presidenta Xiomara Castro le pidiera la renuncia.

Ahora tendrá que regresar al cuartel en el sector del Obelisco, donde Roosevelt Hernández, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, decidirá si le da otra misión o lo manda a formar parte de club de oficiales en disponibilidad, conformado por una treintena de generales y coroneles.

Unos consideran aceptable el trabajo de Muñoz como director del INP, aunque otros lo cuestionaron por supuesta violación de derechos humanos y acoso laboral.

A lo interno de las Fuerzas Armadas, su reputación arrastra cuestionamientos desde que comenzó como subteniente al verse involucrado en un incidente en la comunidad de Estancias, La Paz, y por el supuesto robo de municiones de la armada estadounidense cuando regresó de Irak.

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Sus últimos cargos, al frente de la Policía Militar y del INP, según fuentes vinculadas a la institución militar, los logró gracias al apoyo del exconvicto Marcelo Chimirri, a quien conoció cuando era comandante del Primer Batallón, ubicado en la carretera que conduce a Mateo, en esta capital.

Muñoz fue designado como coordinador de la Comisión Interventora del INP en junio de 2023, en medio de una profunda crisis carcelaria tras el motín en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde murieron 46 mujeres privadas de libertad.

Dos meses después se volvió mediático luego que se filtrara un audio donde amenazó a un subalterno y a su familia. En un ataque de ira se dirigió al policía militar Wilmer Alexander Amaya y le dijo: “Da gracias a Dios, hijuepu... que estás vivo, porque si me hacés esa pasada a mí un poquito fuera de ahí, ahorita estarías en un costal metido”.

Luego le pidió a otro subalterno: “Me sacás ahorita dónde vive la mamá, el papá, dónde viven los hermanos y dónde vive todo el mundo de este pendejo, toditos, toditos, me lo das ese dato a mí”.

Aunque Muñoz pidió disculpas, quedó evidenciado como un militar intratable que consideró la desobediencia de un subalterno como un pecado capital.

Por otro lado, su administración al frente del INP estuvo marcada por el apoyo que dio al gobierno para la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne, iniciativa que no se ejecutó debido a la oposición de ambientalistas contra el proyecto y que las múltiples licitaciones fracasaron.

Asimismo, trató de imitar el sistema carcelario de El Salvador, con la salvedad de que a los criminales de una banda los mandó a La Tolva, El Paraíso, y a los rivales a Ilama, Santa Bárbara.

Durante su gestión se realizaron requisas en la Penitenciaría de Támara, donde decomisaron televisores, cadenas, relojes y dinero que había en caletas, de los cuales nunca se informó sobre su destino.

Aunque entre el 2023 y 2025 mantuvo cierto orden en las cárceles más conflictivas del país, los muertos a lo interno, las fugas y los intentos de amotinamiento siempre estuvieron presentes.

Incluso en diciembre de 2023, la seguridad de la cárcel de La Tolva detuvo a su mismo director, coronel Rodimiro Arita, cuando intentó ingresar al penal 445 mil lempiras que presuntamente iban dirigidos a miembros de la Pandilla 18. Muñoz no protegió a su compañero y lo puso a disposición de la justicia.

A Leonel Casco, veterano defensor de derechos humanos, le hubiera gustado que Muñoz concluyera su gestión administrativa como presidente de la comisión de los centros penitenciarios “porque quiérase o no ha mejorado el orden, la seguridad y las condiciones en los centros penales".

"Ya no se ven los alborotos que se miraba antes", según Casto, "el desorden en atención a los familiares y se disminuyeron los dos últimos años las acciones violentas dentro de las cárceles”.

La separación de militar pudo haber sido por alguna situación en el mando militar que esté requiriendo que a él se le asigne una nueva responsabilidad. Tampoco se descarta la desobediencia a alguna instrucción presidencial o de alguna u otra autoridad que él no compartió o no quiso acatar.

“Si a él le dieron alguna instrucción o alguna orden que no compartió, y si lo hizo en el marco de lo que establece el artículo 321 al 2024 de la Constitución de la República sobre la responsabilidad de los servidores de Estado, mi respeto para él, ese debe ser el ejemplo que se debe dar en toda la administración pública y todos los operadores de justicia”, sostuvo Casco.

Una segunda fuente militar relató que la destitución de Muñoz —integrante de a 29 promoción— del INP también es producto de un enfrentamiento con el jefe del Estado Mayor Conjunto, de la 27 promoción, por cuotas de poder.

Tras lograr sus dos últimos cargos y su ascenso a general con apoyo de Chimirri, Muñoz esperaba ser a partir del 2024 el nuevo comandante del Ejército, pero a última hora ese cargo se lo dieron al general Carlos Efraín Aguilar Hernández.

Para rematar, a Muñoz le quitaron en enero de 2025 la comandancia de la Policía Militar y Orden Público (PMOP). Así, el alto mando lo fue relegando nada más a ejercer labores presidiarias.

Lo último que manejan ciertos oficiales militares activos consultados por este medio es que el mes pasado el jefe del Estado Mayor Conjunto ordenó a la Policía Militar realizar una requisa en la cárcel de Támara, pero uno de sus subalternos le filtró la información a Muñoz. Este supuestamente se adelantó y encontró unas caletas con armas de fuego, municiones, drogas y celulares en uno de los módulos de lujo de la Penitenciaría Nacional de Támara. Esto encolerizó a Hernández.

Tras la salida de Muñoz, Hernández colocó al frente del INP a uno de sus hombres más leales, al general de brigada José Miguel Mejía Medina, un oficial también muy cuestionado dentro de la institución castrense por la pérdida de al menos 13 millones de lempiras cuando fue administrador del INP y por presuntamente haber dejado en números rojos al Instituto de Previsión Militar (IPM) el Hospital Militar y a la fábrica de Industria Militar (IMFFAA).