Fiscalía pide a FFAA expediente por sabotaje electoral e informes de sanciones a militares

Tegucigalpa, Honduras.- La Fiscalía Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público le ordenó recientemente al jefe de las Fuerzas Armadas (FFAA), Héctor Benjamín Valerio Ardón, remitir urgentemente copia certificada de documentación soporte y descargo en la investigación del expediente No. 1332/372, referente a la entrega tardía del material electoral de las rutas 1 y 5, del Distrito Central, durante las elecciones primarias 2025.

A través del oficio 242-2026, de fecha 18 de mayo de 2026, también se le pide al jefe militar enviar con carácter urgente el “informe cual es la sanción o las sanciones aplicadas a cada uno de los investigados expediente No. 1332/372, referente a la entrega tardía del material electoral de las rutas 1 y 5. del Distrito Central, durante las elecciones primarias 2025 y si las mismas fueron cumplidas o fueron objeto de recurso de impugnación y cual fue lo resuelto en los mismos”.

Asimismo, requirió el “informe (sobre) cual es el procedimiento a seguir una vez dadas las recomendaciones de sanciones de índole militar”. Tal solicitud se hace en base al artículo 3 de la Ley del Ministerio Público y al artículo 147 del Código Procesal Penal relacionado al "deber de colaborar".

Además, se “solicita lo mencionado anteriormente señalado, en el proceso de investigación correspondiente a la denuncia Oficio, número 1741551062-2025 por el delito Otros Delitos Electorales en perjuicio de La Constitución de la República”, dice el documento de la Fiscalía.

Una vez que Valerio Ardón fue nombrado nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), los militares de la promoción 27, 29 y 30, mencionados como partícipes en el sabotaje electoral, fueron premiados en la organización actual, asignándolos a diferentes unidades.

EL HERALDO Plus conoció que tras los incidentes del 9 de marzo de 2025 la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas y la Inspectoría General del Ejército abrieron investigaciones separadas.

En el informe de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas se responsabilizó al general Nahún Canales Cruz, en ese momento comandante del Comando de Apoyo Logístico (Calfa), y recomendó relevarlo como supervisor del trabajo de distribución de los materiales electorales.

Mientras que la investigación de la Inspectoría del Ejército señaló del desastre a los coroneles Nicolás Edulfo Serrano Benítez, comandante del COES, quien era el encargado de la distribución a nivel de Francisco Morazán; igualmente al coronel Alan Barahona Rosales, en ese entonces comandante del Primer batallón y responsable de la distribución del material electoral a nivel del Distrito Central.

En el informe de la Inspectoría del Ejército, de acuerdo con las fuentes militares, se pidió relevar a los dos coronales mencionados y someter un tribunal de honor a los tenientes Ariel Oliva Benítez y Noel Adalid Osorio Barahona. Estos oficiales eran los que, de acuerdo a videos y fotografías, tenían detenidos varios autobuses en unos puntos de la capital y tenían las maletas electorales tiradas en el piso.

Según una de las fuentes, esas fueron las investigaciones que se le entregaron a Roosevelt Hernández y "lo que él hizo fue ordenar que se le agregaran los siguientes puntos: impresión tardía de papeletas, proceso lento de maquilación que demoró 48 horas, ausencia de custodios electorales, que no tenían mano de obra civil para cargar maletas por lo que las Fuerzas Armadas cambiaron soldados de civil para cumplir esta tarea, lo cual es falso. Y por último dijo que agregaran el cambio abrupto sin previo aviso de camiones a autobuses de ruta”.

“Aquí todo estaba arreglado, recuerde que el coronel Alan Barahona Rosales fue escolta personal de Mel en el gobierno que este presidió entre 2006 y 2009. En todo ello se ve una maniobra de todos los oficiales mencionados para entorpecer el proceso de elecciones”, dijo la fuente.

Oficiales no leales a Roosevelt Hernández y a Valerio Ardón —por considerarlo, por un lado, una continuación de su antecesor y, por otro, un hombre de confianza de Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por narcotráfico y liberado por un indulto presidencial— también señalan como saboteadores del proceso electoral a los entonces coroneles Raúl Alexis Fuentes Borjas y Otoniel Gross Castillo.

Hasta el momento la fiscalía solo había mostrado interés en llevar ante la justicia a los civiles involucrados en el sabotaje de las elecciones primarias y generales, sin embargo con este requerimiento a Valerio Ardón estaría tratando de sentar un precedente con los militares.