Trump beneficia a corruptos hondureños con pausa de ley

Tegucigalpa. La decisión de Donald Trump de pausar y revisar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) busca reducir las restricciones que esta impone a las empresas estadounidenses en el extranjero; sin embargo, de manera directa, debilita la investigación y el castigo de casos de sobornos y corrupción transnacional.

Esta medida también tendría un impacto en Honduras, donde la aplicación de la FCPA permitió la extradición y el procesamiento en Estados Unidos de exfuncionarios y empresarios hondureños que incurrieron en actos ilícitos, aprovechándose del sistema financiero estadounidense para esos fines.

Según un memorándum de la fiscalía estadounidense con fecha 5 de febrero, la administración de Trump implementó cambios operativos en la aplicación de la FCPA, con el objetivo de enfocar la lucha contra los carteles del narcotráfico y otras organizaciones criminales transnacionales.

El documento ordena a la Unidad de Prácticas Corruptas en el Extranjero priorizar las investigaciones sobre sobornos internacionales que faciliten actividades delictivas de los cárteles, particularmente en los casos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas.

Sin embargo, una cláusula del memorándum, que establece que se “desviará la atención de las investigaciones y los casos que no impliquen tal conexión”, ha despertado preocupación en organizaciones anticorrupción y expertos, quienes temen que la medida favorezca la impunidad en casos de corrupción que no estén vinculados directamente con el crimen organizado.

La FCPA es una ley federal que data de 1977 y castiga a las ciudades y empresas estadounidenses por sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros para beneficiar a sus intereses particulares o comerciales.

Debido a su aplicación a nivel mundial y a reformas realizadas en 1998, el gobierno estadounidense también puede actuar contra empresas y personas extranjeras que, ya sea directamente o a través de intermediarios, ayuden a facilitar o llevar a cabo pagos corruptos en territorio estadounidense.

Sin embargo, la decisión de trump parece asegurar que los infractores no violentos de la FCPA no deben preocuparse de ser procesados por violar esta normativa, cuestionó el exfiscal estadounidense Jacques semmelman, en un artículo publicado en el portal Katten.

Por su parte, Transparencia Internacional consideró en una nota de prensa que “cortar las alas de la aplicación de la FCPA por parte del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) supone un duro golpe para la lucha contra el soborno internacional en todo el mundo”.

Honduras estaría quedando inmersa en la aplicación de esta nueva disposición del gobierno de Trump, ya que en los últimos 20 años el nivel de corrupción y tráfico de drogas que existe en este país alcanzó niveles internacionales, tocando incluso a Estados Unidos.

Un ejemplo de corrupción transnacional es el caso de Francisco Roberto Cosenza, ex director de la Tasa de Seguridad, quien guarda prisión en Estados Unidos por delitos de sobornos en confabulación con empresarios norteamericanos.

La FCPA fue fundamental para cerrar este caso de una trama internacional para pagar y ocultar pagos de cohecho efectuados a Cosenza a fin de garantizar la obtención de contratos para suministrar uniformes y otros artículos a la Policía Nacional de Honduras.

Lo más reciente, es la obstinación del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de eliminar el convenio de extradición con Estados Unidos de los narcotraficantes y terroristas hondureños; determinación que Castro toma luego que su cuñado Carlos Zelaya apareciera en un video recibiendo sobornos de capos de la droga tanto para el partido Libertad y Refundación (Libre) actualmente en el poder, así como para su máximo líder Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta. Un hecho que el actual fiscal general del Estado Johel Zelaya muestra muy poco interés en investigar, a tal grado que últimamente lo consideró un caso político.

Dos de los acusados en este caso fueron acusados de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y uno de ellos se le imputó el cargo de violar la FCPA, según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Para los analistas hondureños, las nuevas disposiciones de Trump y el nuevo enfoque que la fiscalía norteamericana busca implementar contras las estructuras criminales transnacionales también tendrá un impacto directo o indirecto sobre Honduras, donde últimamente los índices de corrupción se han disparado y las estructuras del crimen organizado, que al tener estrechos vínculos con ciertos operadores de justicia y gente en el poder, siguen operando impunemente, incluso una vez se elimine el tratado de extradición sin seguir los procesos respectivos, ya no tendrán temor de comparecer ante la justicia estadounidense.

El analista y también economista Martín Barahona, igualmente tiene claro que el memorándum de la Fiscalía de Estados Unidos tiene como objetivo específico la eliminación total de los carteles y organizaciones criminales transnacionales, no obstante, cuando “se habla de una excepción, cuando los violadores de la FCPA no son violentos deja una duda”.

¿En qué puede afectar a Honduras?, bueno, creo que ya de hecho, de alguna manera indirecta o implícita “nos ha venido afectando, en la medida que la inversión extranjera se ha estancado y “es bueno decirlo no se ha estancado en esta administración viene desde hace años porque el país no tiene buena imagen, porque hay mucha irregularidad mucho soborno, muchas comisiones, muchas redes de corrupción, poco respeto a las leyes, al orden, mucha inestabilidad política y mucha cultura de corrupción”.

Seguramente algunas empresas ya lo han comprobado en todo lo que son trámites, permisos, licencias y hasta para conseguir cambio de divisas, cuando quieren sacar o retirar algunas de sus ganancias. Aquí “estoy hablando de las empresas que ya funcionan o las que van a venir o que piensan o que están pensando o que pensaron en venir a Honduras alguna vez, indagaron que aquí había mucha corrupción, más allá de la de la tolerable”, agregó.

Para este economista, la FCPA es una ley contra la corrupción en el extranjero donde los inversionistas y las estructuras criminales o del narcotráfico mantienen o impulsan sus negocios a base de sobornos. Pero con la nueva disposición parece que por un tiempo solo se van a enjuiciar a las empresas o individuos si sus actuaciones de corrupción caen dentro del ámbito criminal como el tráfico de drogas, de armas de fuego y trata de personas, analizó Barahona.

La medida también implica un giro con respecto al modelo implantado por el expresidente estadounidense Joe Biden, en cuya administración se creó una agencia anticorrupción de Estados Unidos enfocada en prácticas corruptas en el Triángulo Norte de Centroamérica.

La Fuerza de Tareas Anticorrupción se formó para centrarse en investigaciones, procesamientos y recuperaciones de activos relacionados con corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador por medio del programa de cumplimiento de la FCPA. También busca cumplir los procesamientos antinarcóticos y la Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia.

Todavía es incierto si seguirá en funcionamiento esta fuerza, que para la anterior administración era vital para combatir las causas de la migración masiva.

De acuerdo con el analista y economista Roldan Duarte, el memorándum de la fiscal Pamela Bondi, los ciudadanos hondureños “debemos verlo desde un panorama nacional signado por tres situaciones relevantes: La agresiva política migratoria de Trump; el último informe de Transparencia Internacional que clasifica a Honduras en uno de los peores lugares de corrupción, apenas superado por Venezuela, Cuba y Haití; y, el tratado de extradición con Estados Unidos, el cual vence el próximo 28 de febrero”.

Recordó que la reciente gira del secretario de Estado, Marco Rubio, por varios países del área Centroamericana y del Caribe, demuestra que el gobierno de los Estados Unidos ha dejado de calificarnos como un socio confiable, por lo cual ni siquiera hizo el intento de realizar una escala al dirigirse a países vecinos”.

Esto implica que si el gobierno del “socialismo democrático” de Castro de Zelaya no suspende la denuncia del Tratado de Extradición “el país se estaría arriesgando a ser severamente castigado, de una forma tal que ni siquiera me atrevo a imaginar”.

En Honduras la corrupción no disminuye, sino que aumenta, como lo demostró el último informe de Trasparencia Internacional, por lo cual, con el perfeccionamiento y mejor aplicación de la Ley FCPA, el país se estaría aventurando a caer en el ámbito de la misma y sufrir desagradables consecuencias.

Actualmente, el país está expuesto a tres posibles medidas que dañarían gravemente la economía y la situación social: una mayor cantidad de deportados cada mes; la imposición de un arancel del 25% a las exportaciones del país hacia los Estados Unidos; y, un gravamen del 10% a las remesas enviadas por los migrantes hondureños que residen en Estados Unidos, advirtió Duarte.

Esas tres medidas no solo afectarían gravemente la economía nacional, sino que también aumentarían el desempleo, elevarían el nivel de pobreza, aumentarían la informalidad y harían que los robos y las extorsiones se incrementen, afectando a muchos negocios y personas.

En resumen, el nuevo enfoque para hacer cumplir la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras amenaza con perjudicar a la economía hondureña porque las personas, las empresas y el gobierno no ha sabido reducir ni controlar la corrupción, “o posiblemente sería mejor decir que no hemos querido hacerlo”, cuestionó Duarte.

El analista y también economista Martín Barahona, igualmente tiene claro que el memorándum de la Fiscalía de Estados Unidos tiene como objetivo específico la eliminación total de los carteles y organizaciones criminales transnacionales, no obstante, cuando “se habla de una excepción, cuando los violadores de la FCPA no son violentos deja una duda.

¿En qué puede afectar a Honduras?, bueno, creo que ya de hecho, de alguna manera indirecta o implícita “nos ha venido afectando, en la medida que la inversión extranjera se ha estancado y “es bueno decirlo no se ha estancado en esta administración viene desde hace años porque el país no tiene buena imagen, porque hay mucha irregularidad mucho soborno, muchas comisiones, muchas redes de corrupción, poco respeto a las leyes, al orden, mucha inestabilidad política y mucha cultura de corrupción”.

Seguramente algunas empresas ya lo han comprobado en todo lo que son trámites, permisos, licencias y hasta para conseguir cambio de divisas, cuando quieren sacar o retirar algunas de sus ganancias. Aquí “estoy hablando de las empresas que ya funcionan o las que van a venir o que piensan o que están pensando o que pensaron en venir a Honduras alguna vez, indagaron que aquí había mucha corrupción, más allá de la de la tolerable”, agregó.

Esta ley- FCPA- desde ese punto de vista es buena el impacto que puede tener en Honduras es que en la medida en que todas estas normas convenciones, leyes, no solo de Estados Unidos, sino leyes multinacionales como las de la ONU, las de la OCDE, no se cumplen entonces los países empiezan a tener tan mala fama que prácticamente muy poca gente quiere invertir”.

Y los que vienen, “ya sabe que vienen a una especie de selva donde impera la ley del más fuerte, del que más sobornos paga, del que tiene mejores contactos en la burocracia, en la política o en otras instancias y sabe que sólo así va a poder desarrollar su actividad empresarial sin perder, pero que eso le va a costar pagar extorsión, sobornos, comisiones”, lamentó Barahona.

Para este economista, la FCPA es una ley contra la corrupción en el extranjero donde los inversionistas y las estructuras criminales o del narcotráfico mantienen o impulsan sus negocios a base de sobornos.

Pero con la nueva disposición parece que por un tiempo solo se van a enjuiciar a las empresas o individuos si sus actuaciones de corrupción caen dentro del ámbito criminal como el tráfico de drogas, de armas de fuego y trata de personas, analizó Barahona