Caso Marco Vallecillo: exjuez siguió en su cargo pese a ser procesado por extorsión

Tegucigalpa, Honduras.-El exjuez coordinador del Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente, Marco Vallecillo, acusado por el delito de extorsión, continuó en funciones pese a que desde el 24 de agosto de 2024 pesaba en su contra un auto de formal procesamiento firme.

Así lo constató EL HERALDO Plus a través de la solicitud de información SOL-PJ-3652-2026, donde se consultó la cantidad de jueces despedidos por auto de formal procesamiento o sentencia firme desde 2023 hasta febrero de 2026.

La petición enfrentó retrasos, luego de que distintas dependencias del Poder Judicial indicaran no contar con los datos requeridos, hasta que finalmente fue remitida a la Unidad Técnico-Jurídica.

La respuesta oficial consignó que “realizada la verificación correspondiente en los registros, archivos físicos y digitales bajo resguardo de esta Unidad Técnico-Jurídica, y dentro del ámbito de las actuaciones que le son propias, únicamente se identifica un caso que se ajusta a los parámetros específicos requeridos en la solicitud".

Según el documento, el único caso que se registraba era el de un juez de letras adscrito al Juzgado de Letras de Santa Bárbara, Santa Bárbara, quien había sido despedido en fecha 13 de abril de 2023, en virtud de haber sido condenado mediante resolución firme por la comisión del delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública.

Esto indicaba que Vallecillo no fue despedido en tiempo y forma y que, a pesar de tener un proceso penal vigente por extorsión, permaneció en el cargo (se desconoce por cuánto tiempo) sin que se ejecutaran las disposiciones que la propia ley establece.

De acuerdo con las investigaciones que terminaron en la captura en 2024, Vallecillo habría solicitado tres millones de lempiras a un empresario del sector construcción, utilizando como intermediarios a su abogado, Reynaldo Leiva, y a su allegado Nelson Sierra.

A cambio, presuntamente ofreció influir en decisiones judiciales en beneficio del empresario.

La detención se produjo en una gasolinera de Tegucigalpa, escenario donde, según las autoridades, se concretaría el primer desembolso de un millón y medio de lempiras.

De acuerdo con las investigaciones que terminaron en la captura en 2024, Vallecillo habría solicitado tres millones de lempiras a un empresario del sector construcción, utilizando como intermediarios a su abogado, Reynaldo Leiva, y a su allegado Nelson Sierra.

A cambio, presuntamente ofreció influir en decisiones judiciales en beneficio del empresario.

La detención se produjo en una gasolinera de Tegucigalpa, escenario donde, según las autoridades, se concretaría el primer desembolso de un millón y medio de lempiras.

La resolución ordena a la Corte de Apelaciones emitir un nuevo fallo sobre la medida de prisión preventiva impuesta al exfuncionario, dejando sin efecto la resolución anterior.

El amparo a favor del exjuez se refiere exclusivamente al proceso penal. Sin embargo, no modifica la falta de aplicación del procedimiento disciplinario previsto en la Ley de la Carrera Judicial.

El artículo 64, literal B, de la normativa establece con claridad que un servidor judicial podrá ser despedido cuando exista un "auto de prisión por crimen o simple delito".

Además, advierte que "si la sentencia no se produjere dentro de los seis meses siguientes a la comisión de los hechos delictivos el despedido surtirá sus efectos de pleno derecho".

Esto significa que, una vez que se dicta esta resolución judicial (auto de formal procesamiento), se activa un mecanismo legal dentro de la carrera judicial que permite iniciar un procedimiento administrativo en contra del funcionario implicado.

En ese momento, ya sea por iniciativa del juez que dictó el auto de formal procesamiento, del jefe inmediato o, incluso, de oficio por las autoridades competentes, se puede iniciar el proceso correspondiente.

Este proceso comienza con la suspensión del servidor judicial, la cual tiene una duración máxima de seis meses mientras se desarrolla la investigación y el proceso penal sigue su curso.

Durante ese período, distintas instancias del Poder Judicial intervienen respetando las garantías del debido proceso. Por ejemplo, la Dirección de Administración de Personal puede solicitar a la Supervisión General que realice las investigaciones pertinentes, o esta última puede actuar de manera oficiosa.

A lo largo de esta etapa, se debe garantizar el derecho de defensa del servidor, recabando su declaración y desarrollando todas las diligencias necesarias.

Si al finalizar los seis meses no se ha emitido una sentencia firme en el proceso penal, la ley establece que el despido del servidor judicial se produce automáticamente, sin responsabilidad para la institución.

Posteriormente, el caso se remite a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que debe emitir la resolución final de despido y notificarla a través de la Secretaría General.

En el caso de Vallecillo, transcurridos los seis meses, se debió despedir al imputado y notificar a través de la Secretaría General de la CSJ por el apego al debido proceso y para que el exjuez (de estimarlo) hiciera uso de los recursos que considerara pertinentes conforme a la Ley de la Carrera Judicial y su reglamento ante el Consejo de la Carrera Judicial.

La responsabilidad de imponer sanciones disciplinarias recae en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cargo que en ese entonces era ocupado por Rebeca Obando —quien renunció tras rumores de un juicio político en su contra.

No obstante, no se registró ninguna acción administrativa orientada a su separación del cargo, por lo que el exjuez podría recurrir a mecanismos legales como más recursos de amparo o reclamaciones laborales para exigir reintegro o compensaciones económicas, mencionaron especialistas.

La resolución del amparo a favor del exjuez dejó sin efecto el fallo emitido por la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción que confirmó la prisión preventiva y ordenó a ese mismo tribunal emitir una nueva resolución.

Uno de los principales argumentos de la Sala gira alrededor de la figura del antejuicio.

Los magistrados consideraron que, antes de continuar el proceso penal ordinario, debía analizarse si los hechos atribuidos a Vallecillo estaban relacionados con actuaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones como juez y, en consecuencia, si correspondía aplicar previamente ese mecanismo de protección previsto para operadores de justicia.

Asimismo, señalaron que la Corte de Apelaciones no respondió de manera adecuada varios planteamientos formulados por la defensa, especialmente aquellos relacionados con la posibilidad de imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva y la proporcionalidad de esa medida.

No obstante, la Sala Constitucional aclaró que el amparo no constituye un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia del exjuez ni invalida la acusación por extorsión.

La resolución únicamente ordena corregir las deficiencias constitucionales detectadas en el análisis realizado por el tribunal de alzada.

El nuevo fallo abre la posibilidad de que Vallecillo recupere su libertad si la Corte de Apelaciones decide sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar.

Pero lo ocurrido con Vallecillo no es un hecho aislado, pues su hermana, Lisseth Vallecillo, actual magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal en Francisco Morazán, también ha estado vinculada a señalamientos de corrupción.

Cuando se desempeñaba como jueza en 2016, fue señalada por irregularidades; sin embargo, lejos de enfrentar consecuencias, fue ascendida en abril de 2024 —bajo la dirección de Rebeca Obando— al cargo que hoy ocupa.

De acuerdo con el informe especial N° 005-2019-DGSD-CSJ-C del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la funcionaria integró un grupo de burócratas que falsificaron facturas de hoteles para evadir la liquidación de viáticos durante giras realizadas en el país.

A pesar de la gravedad de los hallazgos, el proceso permaneció engavetado durante cuatro años y no fue remitido al Ministerio Público sino hasta 2022.

Este medio también conoció que la magistrada acumula al menos diez denuncias por supuestos procesos irregulares. No obstante, la única sanción registrada en su contra ha sido una audiencia de descargo en 2015, tras posponer sin justificación audiencias de diversos imputados.

Adicionalmente, enfrenta acusaciones por denuncia falsa, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y omisión de deberes de los funcionarios, vinculadas al caso Guapinol, según señalamientos del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria.

Pese a todo, su expediente continúa en el Ministerio Público sin avances importantes y ella sigue siendo magistrada.

Este medio consultó con la supervisora general de la CSJ, Larissa Barahona, sobre el caso a lo interno, a lo que dijo "no saber nada al respecto".

Según fuentes oficiales, los hermanos Vallecillo habrían extendido su influencia en distintas dependencias, lo que les habría permitido escalar con rapidez a posiciones clave dentro del Poder Judicial y ser protegidos por diferentes figuras de poder.