Tegucigalpa, Honduras.- EH Verifica constató que Opinómetro, Le Vote y Pro Encuestas no cuentan con resolución vigente del Consejo Nacional Electoral (CNE) para divulgar encuestas previas a las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, tal como exige la Ley Electoral.
El 31 de julio de 2025, en el programa Frente a Frente, Rixi Moncada, candidata de Libertad y Refundación (Libre), presentó una encuesta de Opinómetro HN que le otorgaba un 32.99% en intención de voto.
Días después, el 5 de agosto, Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, afirmó (en el mismo foro) liderar con un 41% según Le Vote.
Por su parte, Nasry Asfura, del Partido Nacional, encabeza el más reciente estudio de Pro Encuestas con un 37.21%.
Estos sondeos fueron difundidos sin la autorización que la normativa exige para garantizar transparencia y rigor técnico.
Luego de que se cuestionara en redes sociales la validez del sondeo y existencia de la firma, Opinómetro HN presentó una resolución del CNE emitida para las elecciones primarias de 2025 como respaldo de su legalidad.
Pese a esa resolución, la habilitación otorgada a Opinómetro HN no tiene vigencia para las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
Según lo establece la Ley Electoral en su artículo 237, las empresas encuestadoras deben inscribirse y ser autorizadas por separado para cada proceso electoral, ya sean elecciones primarias o generales.
Por tanto, el aval que recibió la encuestadora para marzo no aplica de manera automática para noviembre.
Exigencias legales
El artículo 237 de la Ley Electoral establece que toda persona natural o jurídica que realice encuestas debe registrarse ante el CNE desde la convocatoria a elecciones primarias y generales, con una inscripción separada para cada proceso.
El artículo 238 indica que solo las empresas acreditadas pueden publicar estudios, incluyendo el número de resolución de autorización.
El artículo 239 refuerza que cada sondeo debe mostrar la resolución.
Fuentes del CNE confirmaron a EH Verifica que ninguna de las tres firmas cuenta con permiso vigente para el actual proceso electoral.
A criterio de Denis Gómez, exmagistrado del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), el problema radica en la falta de seguimiento y de mecanismos eficaces para sancionar a las encuestadoras que no cumplen la ley, lo que las convierte en generadoras de desinformación.
“El problema siempre ha sido el tema de cómo se le da seguimiento y cómo se establecen los mecanismos sancionatorios para que todas estas encuestadoras que no han querido sumarse al cumplimiento de la ley, porque no se han registrado, empiezan a publicar encuestas, y si no son legales, son parte de un esquema de desinformación por carecer de la legalidad”, dijo.
Agregó que “en este momento estamos pasando por una guerra de encuestas, pues cada candidato cree que va a ganar porque tiene sus propios números y porque paga sus propias encuestas también, porque no se puede quitar ese escenario”.
Sobre el rol del CNE, consideró que “a nadie se le sanciona, y esa impunidad, lamentablemente, es una impunidad impune en el nivel de aplicación de justicia general, pero también en el nivel de justicia electoral”.
En la misma línea, el analista político Jhonatan Rosales opinó que “el hecho de que se publiquen sin pasar por ese filtro legal que implica recibir la autorización del CNE definitivamente presenta grandes riesgos para el proceso, en el sentido de que se afecta la equidad y también se carece de transparencia”.
Sobre las consecuencias para el electorado, Rosales advirtió que “este tipo de estudios, cuando no cuentan con la aprobación o la autorización del CNE, pueden distorsionar la percepción pública del electorado y colocar a uno u otro candidato en una posición que quizás no es real, dependiendo de los intereses de quien financia esa encuesta”.
Preocupación por opacidad
Opinómetro HN y Pro Encuestas no tienen sitio web oficial ni publican sistemáticamente sus informes técnicos. Le Vote sí cuenta con una página, pero sus estudios recientes no están disponibles.
La presencia digital de las tres es débil y reciente, con escasa interacción en redes sociales, lo que plantea dudas sobre su trayectoria y respaldo institucional.
Semanas antes de las elecciones generales 2025, La Prensa Verifica detectó que al menos cinco encuestadoras de reciente creación difundían datos sin respaldo metodológico, mientras que algunos candidatos publicaron sondeos falsos en redes sociales.
Entre los sondeos de reciente creación se encontró Métrica Encuesta, Pro Encuestas, Opinómetro HN, Talamanca Consulting e Info Factory.
En otros aspectos, una revisión en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) no encontró resoluciones recientes para estas encuestadoras.
La última autorización para Opinómetro fue en febrero de 2025, pero solo para encuestas de boca de urna en las primarias.
Otro punto es que a pesar de contar con facultades para alertar y sancionar estas publicaciones, el CNE no ha emitido pronunciamiento ni anunciado multas, que según la ley pueden oscilar entre 200 y 1,000 salarios mínimos.
La combinación de encuestas no autorizadas, opacidad metodológica y débil institucionalidad representa un riesgo de manipulación electoral. La vigilancia ciudadana y el cumplimiento estricto de la ley son clave para la transparencia del proceso.
