Tegucigalpa, Honduras.- La renuncia del vicecanciller Antonio García generó reacciones en distintos sectores del oficialismo, que lo calificaron de “traidor” y cuestionaron su salida.
El debate tomó un giro adicional cuando el Canal 8, medio estatal de televisión, replicó en sus redes sociales mensajes emitidos por funcionarios del gobierno en la misma línea discursiva donde arremetían contra García por su decisión.
Consultados por EH Verifica, especialistas señalaron que esta práctica puede contradecir el papel que debe desempeñar un medio público, cuya misión, subrayaron, es ofrecer información equilibrada y plural que sirva a toda la población.
Los expertos recordaron que el Canal 8 se financia con recursos del Estado, aportados por todos los contribuyentes, por lo que su línea editorial debe estar orientada a informar con imparcialidad y no a favorecer a un sector político específico.
En su criterio, cuando un medio estatal replica de forma directa narrativas partidarias, puede poner en riesgo su credibilidad y generar percepciones de parcialidad.
Esto añadieron, puede afectar la confianza de la ciudadanía y excluir a sectores que no se identifican con el gobierno de turno.
Especialistas indican que la UNESCO y la Relatoría de la CIDH recomiendan marcos legales y supervisión ciudadana para garantizar la independencia y pluralidad de los medios públicos.
En este caso, indicaron, el Canal 8 pudo haber presentado un contexto más amplio, que incluyera las razones oficiales de la renuncia, las reacciones de distintas partes y el análisis de su impacto político y diplomático, en lugar de centrarse en un único enfoque.
Cabe recordar que el artículo 229 de la Ley Electoral prohíbe que los medios de comunicación del Estado se utilicen para propaganda electoral.
A criterio del analista político, Jhonatan Rosales, con estas acciones "es evidente la instrumentalización que realiza este medio para replicar únicamente opiniones o posturas sesgadas a un mismo bloque de pensamiento como es el del partido de gobierno".
En esa misma línea, Nelson Castañeda, director de Justicia y Seguridad de la Asociación Para Una Sociedad Más Justa (ASJ), consideró que "si un medio estatal se dedica a difundir ataques y señalamientos sin sustento contra un funcionario deja de ser un servicio público y se convierte en un instrumento político".
El analista agregó que "esto no solo erosiona su credibilidad, sino que envía un mensaje peligroso: que los recursos del Estado pueden usarse para golpear a quien piensa distinto. Eso es inaceptable en una democracia".
Por su parte, el abogado Leonel Núñez, confirmó que la normativa electoral "prohíbe el uso indebido de medios estatales que pone en riesgo el proceso electoral".
Independencia editorial
Para los especialistas consultados, garantizar la independencia editorial de un medio estatal es clave para el fortalecimiento democrático.
Argumentaron que un canal público que informa con equilibrio y rigor contribuye a la rendición de cuentas y a un debate ciudadano informado.
Advirtieron que, si no se preserva esta independencia, se corre el riesgo de que el medio sea percibido como un instrumento de propaganda, lo que limitaría el derecho de la población a recibir información diversa y completa.
Caso Venezuela
En experiencias recientes a nivel internacional, se observa claramente el riesgo que implica el uso partidista de medios públicos.
Un ejemplo destacado es Venezuela, donde el chavismo bajo el gobierno de Nicolás Maduro implementó una estrategia sistemática de desinformación para desacreditar a la oposición y controlar la narrativa pública, como lo evidenció EL HERALDO Verifica.
Verificadores independientes han documentado cómo medios estatales venezolanos y afines han difundido información falsa y bloqueado el acceso a portales críticos, especialmente durante procesos electorales, restringiendo así el derecho a una información plural y veraz.
Este caso subraya la importancia de que los medios públicos, como Canal 8 en Honduras, mantengan su independencia editorial y sirvan a toda la ciudadanía, evitando convertirse en instrumentos de propaganda partidaria que socavan la democracia y la confianza pública.
