Tegucigalpa, Honduras.- A cuatro años de haber asumido la presidencia de Honduras, el discurso de toma de posesión de Xiomara Castro se ha consolidado como un punto de referencia clave para evaluar su gestión en función de lo prometido.
El 27 de enero de 2022, la mandataria presentó un amplio paquete de promesas enfocadas en romper con el modelo político y económico heredado, priorizar la justicia social, combatir la corrupción y reconstruir la institucionalidad democrática.
Hoy, varias de esas promesas permiten trazar un balance que incluye avances concretos, logros parciales y compromisos aún pendientes.
En algunos ejes, el cumplimiento fue casi inmediato. El subsidio a la energía eléctrica para hogares con consumos menores a 150 kilovatios hora mensuales se implementó en los primeros meses de gobierno, beneficiando a unas 900,000 familias.
Sin embargo, no alcanzó el millón prometido y su financiamiento recae, en buena medida, sobre el presupuesto nacional.
De igual manera, el Ejecutivo presentó iniciativas para subsidiar combustibles y aplicó medidas para contener el alza de precios. Además, ejecutó programas sociales en áreas como educación, alimentación escolar y retorno a clases presenciales.
Otros compromisos muestran avances parciales. En desarrollo agropecuario, protección ambiental y atención a grupos vulnerables, se han promovido programas, creado instituciones y formulado políticas públicas. No obstante, se cuestiona su alcance estructural y sostenibilidad.
En el caso de la minería, se declaró al país libre de minería a cielo abierto. Sin embargo, no se ha consolidado una reforma legal integral que prohíba definitivamente ese modelo extractivo.
En el ámbito institucional y político, algunas promesas quedaron a medio camino. La derogación de la Ley de las ZEDE fue aprobada, pero no se logró la ratificación constitucional requerida para su eliminación total.
La condena legal al golpe de Estado de 2009 se concretó con una ley de amnistía, aunque no se estableció una norma específica que sancione penalmente a los responsables. Asimismo, la prometida consulta popular sobre reformas constitucionales no se realizó, debido a la falta de consensos legislativos durante casi todo el periodo.
Hay compromisos aún sin cumplirse plenamente. La instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) continúa en fase de negociación, sin una puesta en marcha definitiva.
La reducción general de tasas de interés para la producción no se ha concretado en el sistema financiero, y la transformación estructural del presupuesto público se ha limitado a ajustes anuales.
El balance general muestra a un gobierno con avances significativos en políticas sociales, pero con dificultades para concretar varias de sus promesas más emblemáticas.
A continuación, EH Verifica analiza 21 promesas del discurso de Xiomara Castro. De estas, 8 fueron cumplidas, 8 se cumplieron parcialmente y 5 no se concretaron, según evidencia documental, acciones gubernamentales y ausencia de reformas estructurales:
El decreto que habilitó esta medida fue publicado en el Diario Oficial en febrero de 2022, y desde entonces está vigente el esquema de subsidio energético para ese grupo de consumidores.
Los reportes indican que el programa ha beneficiado a cientos de miles de abonados con consumos mensuales iguales o inferiores a 150 kWh. En distintas ocasiones se ha informado que el número de hogares favorecidos oscila entre aproximadamente 800,000 y 980,000 familias, según datos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Además, el Gobierno ha continuado con las transferencias presupuestarias para financiar este subsidio en años posteriores, con millonarios desembolsos aprobados para 2024 y 2025.
En cuanto a la estructura de financiamiento, los informes oficiales indican que el subsidio no se cubre exclusivamente con cargos adicionales a los consumidores de alto consumo. Parte del costo proviene del presupuesto nacional, con aportes combinados de distintos sectores y transferencias de recursos desde la Secretaría de Finanzas a la ENEE para sostener el beneficio.
Asimismo, las autoridades han emitido decretos que garantizan la continuidad de la política de subsidios hasta 2025, estableciendo mecanismos de financiamiento y condiciones de elegibilidad.
Cumplió
Poco después de asumir el gobierno, la administración presentó ante el Congreso Nacional un decreto que, además del subsidio a la electricidad, incluía una propuesta para reducir el precio de los combustibles. La medida contemplaba una rebaja en centavos de dólar por galón, equivalente a 10 lempiras, con el objetivo de disminuir el costo de los carburantes.
La iniciativa fue leída en el pleno del Congreso junto con otras propuestas legales remitidas por el Poder Ejecutivo.
Posteriormente, el gobierno implementó subsidios al combustible mediante decretos ejecutivos y medidas administrativas. Entre ellos destacó el subsidio del 50 % al precio de la gasolina regular y el diésel, formalizado a través del Decreto Ejecutivo PCM 04-2025 y aplicado durante el año 2025, como respuesta al incremento de precios a nivel internacional.
Estas acciones reflejan una intervención estatal en los precios de los hidrocarburos para mitigar las fluctuaciones del mercado global.
A pesar de los discursos oficiales, el sistema financiero hondureño no ha experimentado una reducción generalizada de las tasas de interés en los últimos años, en particular dentro del segmento de la banca comercial.
De acuerdo con análisis económicos recientes, en 2024 el Banco Central de Honduras elevó la Tasa de Política Monetaria (TPM) —referencia clave para el sistema financiero— de aproximadamente 4 % a 5.75 %. Este ajuste ha tenido repercusiones directas en las tasas que aplican los bancos comerciales al crédito, tanto para personas naturales como jurídicas.
Como consecuencia, los préstamos en Honduras siguen siendo costosos en términos generales, con variaciones dependiendo del tipo de crédito y las condiciones específicas del mercado.
Por otro lado, no existe evidencia pública de que el Congreso Nacional haya aprobado una ley específica orientada a establecer mecanismos legales para reducir las tasas de interés en el sector productivo en general.
En lugar de una legislación formal, el Gobierno ha recurrido a medidas administrativas o decretos ejecutivos para brindar alivio financiero en situaciones particulares. Por ejemplo, se han implementado disposiciones para que el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) ofrezca condiciones más favorables a familias afectadas por el incremento en las tasas de los préstamos habitacionales.
Asimismo, instituciones públicas como Banadesa han mantenido tasas activas relativamente bajas en sus líneas de crédito dirigidas al sector agrícola y productivo. Sin embargo, estas condiciones responden a políticas internas de la institución, más que a una normativa de alcance general obligatoria para todos los bancos del sistema.
Desde 2022, el regreso a clases presenciales se mantuvieron en suspensión temporal por la pandemia de covid-19. La matrícula gratuita, incorporada al presupuesto educativo, ha beneficiado a miles de estudiantes mediante fondos asignados por el Estado.
El Programa Nacional de Alimentación Escolar cubre a más de 1.2 millones de niños y niñas con raciones diarias durante el año lectivo. Este programa forma parte de las acciones presupuestarias vigentes.
Otras medidas, como la vacunación y la entrega de mascarillas, aunque corresponden a políticas de salud pública, no figuran de forma explícita en los documentos recientes como partidas presupuestarias independientes. Estas acciones están integradas dentro de programas generales del sistema de salud y educación.
Desde 2022, el gobierno ha canalizado recursos al sector educativo a través del Presupuesto General de la República. Dichos presupuestos han sido aprobados por el Congreso Nacional, con asignaciones progresivas.
Para los años 2024 y 2025, se reporta que el presupuesto destinado a educación ha sido uno de los más altos en la historia del país. Supera los 40,000 millones de lempiras y contempla inversiones en matrícula gratuita, programas de alimentación escolar, salarios docentes y reparación de infraestructura educativa.
En el marco de su estrategia para dinamizar el sector agropecuario, el Gobierno ha puesto en marcha programas e iniciativas destinadas a incrementar la producción y brindar respaldo a los agricultores.
Una de las principales acciones ha sido la creación de la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra. Esta instancia busca promover políticas públicas que garanticen el acceso y la tenencia de tierras, en especial para mujeres, campesinos y comunidades indígenas, con el objetivo de aumentar la producción agrícola.
Asimismo, se han distribuido Bonos Tecnológicos Productivos y Bonos Ganaderos, que comprenden insumos agrícolas, asistencia técnica y apoyo pecuario. Estos beneficios han llegado a diversas regiones del país, impactando positivamente a miles de familias productoras.
El Gobierno también ha destinado recursos significativos a proyectos de gran escala orientados a fortalecer el agro y mejorar la seguridad alimentaria. Entre estos destaca el financiamiento al Proyecto de Competitividad Rural (ComRural III), con una inversión multimillonaria para fortalecer la producción agrícola y ganadera, así como la sostenibilidad alimentaria en varios departamentos.
Además, se ha avanzado en la formulación de la Política de Estado del Sector Agroalimentario (PESAH 2023-2043), concebida como una hoja de ruta a largo plazo para mejorar la producción, diversificar cultivos y fortalecer las cadenas de valor agroalimentarias.
El gobierno ha impulsado la creación y fortalecimiento de unidades especializadas dentro de las Fuerzas Armadas para el manejo de ecosistemas y la protección del medioambiente, conocidas como Batallones de Protección Ambiental.
Estas unidades están integradas al Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9), adscrito al Estado Mayor Conjunto, y cuentan con personal capacitado para la vigilancia y supervisión de áreas protegidas, recursos forestales y biodiversidad, en coordinación con otras instituciones del Estado.
Como parte de esta estrategia, se han inaugurado al menos tres batallones ambientales en distintos departamentos del país, con el propósito de apoyar acciones de conservación, restauración de zonas naturales y combate a actividades ilegales como la tala y la minería no autorizadas.
Además, el gobierno ha puesto en marcha el Plan Estratégico “Cero Deforestación al 2029”, que contempla un aumento progresivo del personal militar asignado a tareas de protección ambiental y la implementación de acciones interinstitucionales para frenar la pérdida de bosques y biodiversidad.
Poco después de asumir el gobierno, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas (MiAmbiente) emitió un comunicado, en febrero de 2022, en el que declaró que “todo el territorio hondureño estaba libre de minería a cielo abierto”. La institución anunció la cancelación de permisos de explotación por considerarlos lesivos para los recursos naturales y el acceso al agua como derecho humano.
Asimismo, se indicó que se procedería a revisar, suspender y cancelar licencias, permisos y concesiones ambientales en vigor.
Sin embargo, el seguimiento a esa medida revela inconsistencias entre el anuncio y su aplicación práctica. Informes periodísticos y procesos de verificación indican que, aunque no se han otorgado nuevas concesiones mineras bajo esta declaración oficial, la actividad extractiva existente ha continuado.
Además, no hay evidencia pública clara de una reforma legal profunda que prohíba de forma permanente la explotación de recursos naturales en el país.
En materia de turismo, el gobierno ha impulsado acciones concretas para atraer inversión y fortalecer esta industria clave. En 2025, se presentó la primera Guía de Inversión de Turismo de Honduras, elaborada con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
Este documento recopila datos y oportunidades para inversionistas nacionales y extranjeros, destacando el crecimiento del sector en número de visitantes y servicios generados en los últimos años.
Asimismo, la presidenta participó en el Centroamérica Travel Market (CATM) 2025, donde reafirmó el respaldo estatal al turismo como un sector estratégico para el desarrollo económico y la generación de empleo.
Además, foros de negocios e inversión han permitido fortalecer vínculos con otros países e impulsar proyectos relevantes, entre ellos la promoción de destinos turísticos y obras de infraestructura.
En el ámbito fiscal y monetario, organismos internacionales han reconocido avances en sostenibilidad macroeconómica y disciplina fiscal, en el marco de la cooperación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras la tercera revisión del programa acordado con Honduras, el FMI avaló en 2025 la política económica del gobierno, resaltando medidas enfocadas en el reequilibrio macroeconómico, la estabilidad monetaria y la sostenibilidad fiscal como metas conjuntas con las autoridades hondureñas.
También se mantiene la colaboración con el Banco Mundial para fortalecer la transparencia fiscal y la sostenibilidad financiera. Entre las iniciativas se incluyen mejoras en la recaudación tributaria y el acceso a mecanismos de financiamiento sostenible, con el fin de consolidar un entorno macroeconómico más equilibrado.
En febrero de 2022, un tribunal de Trujillo ordenó la liberación de los ocho defensores de Guapinol, tras una revisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que identificó violaciones al debido proceso durante su detención.
Esta resolución representó un avance significativo en el cumplimiento parcial de la promesa presidencial, al permitir que los ambientalistas recuperaran su libertad física.
Sin embargo, el cierre del caso no ha sido definitivo. Algunos procesos judiciales fueron reabiertos posteriormente, y varios defensores vinculados a la comunidad de Guapinol han continuado enfrentando amenazas, hostigamientos y violencia, incluidos asesinatos cuyos responsables no han sido plenamente judicializados.
Organizaciones de derechos humanos han señalado que el Estado hondureño aún no implementa de manera efectiva las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a las personas defensoras del territorio.
Durante el gobierno de Xiomara Castro, en 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificó las sentencias de prisión para siete de los ocho acusados, incluyendo sicarios, exmilitares y exgerentes de la empresa DESA, vinculados directamente con la ejecución del crimen.
A pesar de estas condenas, la justicia plena aún no se ha alcanzado. Organizaciones de derechos humanos y Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) han señalado que los autores intelectuales, es decir, quienes ordenaron y financiaron el asesinato de Cáceres, no han sido judicializados ni condenados.
Esto incluye a altos mandos de la empresa DESA vinculados a la planificación del crimen. La falta de procesamiento de estas personas mantiene una percepción de impunidad y limita el alcance de la promesa de justicia de la presidenta.
En 2025, un paso adicional en el proceso fue la instalación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en Honduras, coordinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en colaboración con el Estado hondureño, el COPINH y organizaciones internacionales.
Este grupo tiene el mandato de apoyar investigaciones sobre la autoría intelectual y ampliar el esclarecimiento de todos los hechos relacionados con el asesinato de Cáceres.
En los primeros meses de su gestión, el gobierno creó la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), como la entidad responsable de diseñar y coordinar programas sociales dirigidos a grupos vulnerables, entre ellos personas con discapacidad, adultos mayores y pueblos indígenas.
Durante este periodo, Sedesol estableció la Dirección de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, desde la cual se han impulsado actividades para visibilizar y promover la inclusión, como eventos de sensibilización contra el racismo y acuerdos con organizaciones de desarrollo comunitario.
Además, informes oficiales señalan la creación de la Coordinación Nacional de Pueblos Originarios y Afrohondureños (Conapoa), con el objetivo de formular políticas públicas con enfoque técnico dirigidas a estos sectores.
En el ámbito de atención a personas con discapacidad, el Programa de Acción Solidaria (Proasol) ha incluido la entrega de ayudas técnicas, como sillas de ruedas, bastones y andadores, en diversas localidades del país.
Para los adultos mayores, se reporta el otorgamiento de transferencias monetarias a hogares de ancianos, así como la realización de jornadas informativas sobre derechos. Sin embargo, autoridades han reconocido que la normativa vigente aún requiere ajustes.
En lo que respecta a niñez y juventud, el gobierno ha mantenido programas de becas y apoyo escolar que abarcan todos los niveles educativos, aunque no siempre están identificados directamente con los compromisos asumidos originalmente.
En cuanto a la comunidad LGBTI, aunque la mención presidencial del tema fue considerada histórica por diversas organizaciones, no se ha documentado la creación de una entidad estatal específica ni políticas públicas universales dirigidas exclusivamente a este grupo. No obstante, organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Arcoíris continúan su labor en defensa de sus derechos en el país.
En abril de 2022, el Congreso Nacional derogó por unanimidad la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs) y otras normativas relacionadas. La presidenta sancionó el decreto, marcando un paso relevante hacia la eliminación del régimen especial.
El decreto también suprimió leyes secundarias y disposiciones conexas, con el objetivo de impedir que nuevas ZEDEs fueran instauradas en el país.
No obstante, la situación jurídica presenta matices. De acuerdo con la Constitución de la República, las reformas de este tipo requieren ser ratificadas en la legislatura subsiguiente para que adquieran plena validez constitucional.
Dado que dicha ratificación no se concretó en el plazo establecido, las disposiciones sobre las ZEDEs siguen vigentes a nivel constitucional, a pesar de la derogación de su marco regulador.
Además, en septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el marco legal de las ZEDEs. El fallo argumentó que la normativa y sus reformas vulneraban artículos de la Carta Magna. Sin embargo, la resolución dejó aspectos legales pendientes de aclaración, especialmente en lo que respecta a su impacto sobre los proyectos en funcionamiento.
Este fallo judicial representó un avance adicional en el proceso de desmontar el régimen, aunque no implica su desaparición inmediata sin los procedimientos administrativos y publicaciones oficiales correspondientes.
En febrero de 2022 el Congreso Nacional, en respaldo al plan del Ejecutivo, aprobó y publicó en el Diario Oficial la “Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los Hechos no se Repitan”.
Esta legislación derogó el decreto que separó de su cargo al expresidente Manuel Zelaya en 2009, declaró la amnistía a personas procesadas por oponerse al golpe y buscó, en términos generales, reconocer y reparar hechos políticos derivados de esa crisis.
La promulgación de esa norma fue interpretada tanto por el gobierno como por sectores afines como una forma de condena legal al golpe de Estado y a sus consecuencias, incluyendo la persecución política de opositores en años posteriores.
Sin embargo, organismos internacionales y observadores independientes han señalado que la ley también tuvo un efecto amplio de amnistía, lo que ha generado debate respecto a si realmente representa una condena a las violaciones institucionales de 2009 o si se centra principalmente en extinguir procesos penales asociados a esos hechos y otros posteriores.
En la práctica, no existe hasta ahora una legislación adicional que sancione explícitamente como delito de traición a la patria la propia reelección ilegal o el golpe de Estado de 2009 de forma independiente, separada de la normativa de amnistía, ni una sentencia judicial definitiva que califique esos hechos como crímenes con consecuencias penales específicas para los responsables de 2009.
Lo que sí existe es un marco legal vigente (la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho) que reconoce y modifica actos derivados del conflicto político de aquel año, pero que no ha sido complementado con una ley separada y específica exclusivamente destinada a condenar y sancionar jurídicamente el golpe de Estado y la reelección inconstitucional como delitos autónomos.
El plan de gobierno de Xiomara Castro (2022-2026) contemplaba propuestas para actualizar o reformar la Ley de Participación Ciudadana, así como otros marcos legales relacionados con transparencia y acceso a la información, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana en la gestión pública.
Sin embargo, hasta la fecha, esas reformas no han sido aprobadas por el Congreso Nacional ni se han convertido en una nueva ley oficial.
En 2022, el gobierno presentó un proyecto denominado “Mesa Nacional de Participación Ciudadana”, junto con otras iniciativas similares orientadas al mismo fin. No obstante, ninguna de ellas ha derivado en la aprobación de una ley definitiva.
Además, algunas de estas propuestas han generado críticas por parte de observadores y sectores de la sociedad civil, quienes advierten sobre posibles riesgos de manipulación política en su implementación.
En febrero de 2022, el gobierno de Xiomara Castro restituyó formalmente la nacionalidad hondureña al sacerdote Andrés Tamayo, mediante un acto oficial en el que se anuló la resolución administrativa que había revocado su carta de naturalización tras el golpe de Estado de 2009.
Tamayo, originario de El Salvador y nacionalizado hondureño desde 2006, fue expulsado del país por su participación en la resistencia popular contra la ruptura del orden constitucional. La restitución de su nacionalidad fue ejecutada por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización como parte de las acciones de reparación impulsadas por el gobierno.
Durante la ceremonia, se le entregó el acta que le devuelve su condición de ciudadano hondureño. El Ejecutivo calificó el hecho como una reparación a los derechos humanos vulnerados durante la crisis política de 2009 y como cumplimiento de un compromiso presidencial expresado en el discurso de toma de posesión.
En marzo de 2022, una de las primeras decisiones del Congreso Nacional, con respaldo del Poder Ejecutivo, fue derogar la denominada “Ley de Secretos”, una normativa que permitía clasificar como reservados diversos documentos estatales, incluso cuando no correspondían a temas de seguridad nacional.
La ley facultaba a las instituciones públicas para declarar información como reservada, confidencial o secreta por hasta 25 años, lo que restringía el acceso a datos relevantes sobre el uso de fondos públicos y afectaba la transparencia estatal.
Posteriormente, el Congreso también revocó otros decretos considerados parte de los llamados “pactos de impunidad”, como el Decreto 57-2020, que dificultaba la incautación de pruebas; el Decreto 93-2021, que debilitaba la definición legal de lavado de activos; y el Decreto 116-2019, conocido como Fondo Departamental, señalado por expertos por entorpecer las investigaciones sobre malversación y manejo de recursos públicos.
Estas acciones legislativas, impulsadas con el apoyo del Ejecutivo, fueron interpretadas como pasos firmes hacia el desmantelamiento de estructuras legales que obstaculizaban la lucha contra la corrupción.
A pesar de ese compromiso expreso, hasta finales de 2025 no se había concretado la realización de ninguna consulta popular sobre reformas constitucionales. Esto se debe en buena medida a que, para convocar a un plebiscito o referéndum de este tipo, se requiere la aprobación de una ley específica por el Congreso Nacional con mayoría calificada de dos tercios (86 de 128 diputados), un umbral que el partido oficialista no ha podido alcanzar en el Legislativo.
En consecuencia, no hubo proyecto de ley aprobado ni convocatoria formal al Consejo Nacional Electoral (CNE) para efectuar dicha consulta en 2022 ni en años posteriores.
El gobierno ha reiterado en distintos foros, incluso en espacios internacionales, la importancia de los mecanismos de participación ciudadana como parte de su agenda de reforma institucional, pero no se han dado los pasos legislativos necesarios para que la consulta popular sobre reformas constitucionales se materialice efectivamente.
La oposición política, así como la composición fragmentada del Congreso, han sido factores recurrentes señalados en el debate político respecto a la imposibilidad de concretar esta promesa en el período previsto.
Desde 2022, con la llegada de la nueva administración, el Ejecutivo presentó una reforma al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2022-2023, que fue debatida y aprobada por el Congreso Nacional.
Esta modificación implicó ajustes respecto al proyecto heredado del gobierno anterior e incluyó redistribuciones de recursos hacia distintas instituciones y programas. Sin embargo, diversos sectores señalaron que los cambios fueron parciales y no representaron una transformación profunda de la estructura presupuestaria.
En los años siguientes, el Ejecutivo continuó presentando los proyectos de presupuesto con ajustes anuales. Entre ellos se destacan el Presupuesto General de 2025, aprobado por el Legislativo en febrero de ese año por un monto de L 430,907 millones, y el de 2026, aprobado por el Consejo de Ministros en 2025, por unos L 469,249 millones.
Estos proyectos han buscado reflejar prioridades de inversión pública y social —como salud, educación e infraestructura— y, a la vez, mantener la estabilidad fiscal dentro del marco legal vigente.
A pesar de estas modificaciones y sucesivas aprobaciones, no existe evidencia pública de una reforma presupuestaria que represente una rectificación sustantiva del régimen económico y financiero, ni se ha declarado inconstitucional el presupuesto anterior en su conjunto por parte de las instancias constitucionales.
En la práctica, las reformas han sido principalmente ajustes administrativos y redistribuciones dentro del proceso ordinario del Presupuesto General, más que una transformación estructural del modelo presupuestario desde una perspectiva constitucional.
El 14 de febrero de 2022, el gobierno hondureño envió una solicitud formal a la Secretaría General de las Naciones Unidas para establecer la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH). Posteriormente, el 15 de diciembre del mismo año, se firmó un memorando de entendimiento entre Honduras y la ONU, que dio inicio a las negociaciones y evaluaciones necesarias para su eventual instalación.
Este acuerdo contemplaba la participación de un equipo de expertos de la ONU, encargado de identificar reformas legales e institucionales esenciales para la creación de un mecanismo anticorrupción con autonomía e independencia.
Desde entonces, el proceso ha sido prolongado y, a la fecha, la CICIH no ha sido instalada formalmente. El gobierno y la ONU han prorrogado en varias ocasiones el memorando de entendimiento, incluyendo una extensión hasta diciembre de 2025, con el objetivo de dar más tiempo al Congreso Nacional para aprobar las reformas legales requeridas.
No obstante, las condiciones exigidas por la ONU —como la derogación de normativas que otorgan inmunidades a funcionarios o limitan la capacidad investigativa— no han sido cumplidas por el Legislativo. Durante el gobierno de Xiomara Castro, la instalación definitiva de la CICIH continúa sin concretarse.
En los últimos años, Honduras ha logrado avances concretos en su proceso de digitalización estatal. En septiembre de 2025, se lanzó oficialmente el Portal Digital de Inversiones, una plataforma tecnológica que centraliza más de 130 trámites en línea y permite la interoperabilidad entre al menos 20 instituciones públicas.
Su objetivo es agilizar procesos, reducir la burocracia y promover la transparencia ante ciudadanos y empresas.
En la misma línea, a finales de noviembre de ese año, se presentó la iniciativa República Digital, un nuevo esquema de modernización que busca integrar trámites electrónicos, identidad digital, interoperabilidad institucional y mayor acceso digital para la población.
El país también ha desarrollado marcos estratégicos y políticas nacionales que respaldan estos esfuerzos. Entre ellas destacan la Política Nacional de República Digital y los documentos de planificación del Plan de gobierno Digital.
Estas iniciativas no solo pretenden ofrecer servicios en línea, sino también fortalecer la transparencia, la participación ciudadana y la eficiencia estatal mediante el uso de tecnologías emergentes.
El enfoque está alineado con los principios de un Estado más abierto, que promueve el uso de datos, la interoperabilidad de sistemas y la innovación tecnológica como pilares fundamentales de su transformación digital.
Honduras ha asumido un papel activo en espacios regionales como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Durante la presidencia pro tempore de esta organización, que ejerció desde marzo de 2024 hasta abril de 2025, el país impulsó planes de acción conjuntos en áreas como seguridad alimentaria, cambio climático, comercio intrarregional e infraestructura.
Asimismo, fortaleció vínculos con China, India, Turquía y la Unión Africana en iniciativas de cooperación solidaria.
En diversos foros internacionales, la presidenta Xiomara Castro ha reiterado la importancia de la integración latinoamericana para enfrentar desafíos comunes y promover una reforma del sistema multilateral.
La política exterior hondureña también experimentó cambios en sus relaciones bilaterales tradicionales. En marzo de 2023, Honduras estableció vínculos diplomáticos con la República Popular China, rompiendo una relación de más de ocho décadas con Taiwán.
Además, el gobierno ha buscado establecer un diálogo “respetuoso y soberano” con Estados Unidos, abordando temas como la migración y la cooperación sin comprometer la soberanía nacional.
No obstante, algunos sectores han calificado la política exterior de la actual administración como errática. Han señalado desacuerdos diplomáticos con países como Estados Unidos, Israel, Ecuador y Perú, así como la retirada de embajadores, lo que ha generado cuestionamientos sobre la consistencia de la política internacional hondureña.
