Tegucigalpa, Honduras.- Con el inicio de la propaganda política de cara a las elecciones generales de 2025, la difusión de información falsa se ha intensificado, mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no cuenta con sanciones claras para enfrentar esta problemática.
Deepfakes, imágenes manipuladas y videos sacados de contexto circulan rápidamente en redes sociales, generando confusión entre los votantes y poniendo en duda la transparencia del proceso electoral.
Expertos señalan que la ausencia de una legislación clara que establezca responsabilidades y sanciones para quienes crean o difunden desinformación puede favorecer un ambiente propicio para su propagación desenfrenada.
EH Verifica analiza las consecuencias de que el CNE no cuente con mecanismos efectivos para sancionar la desinformación en el inicio de la campaña electoral.
Vacío legal
Pese a la proliferación de información falsa en redes sociales, el CNE, órgano encargado de la dirección y supervisión de las elecciones en el país, no ha implementado sanciones concretas contra quienes difunden desinformación durante la propaganda política.
El análisis del contexto electoral en Honduras evidencia que la Ley Electoral no contempla disposiciones específicas para sancionar la desinformación en este período. Esta omisión deja un vacío legal que facilita la difusión de mensajes falsos o engañosos por parte de actores políticos sin que existan consecuencias claras.
El CNE ha reconocido ante EH Verifica que combatir la desinformación electoral sigue siendo una tarea pendiente. Sin embargo, a menos de 90 días de los comicios, no se han tomado acciones concretas para regular el fenómeno ni para sancionar a los responsables de difundir información falsa.
Esta situación ha generado críticas de expertos y medios de comunicación, quienes señalan que la falta de mecanismos de control representa un riesgo para la integridad del proceso electoral.
Para Denis Gómez, exmagistrado del Tribunal Superior Electoral (TSE), ahora CNE, el órgano electoral debe cumplir con su rol regulador y aplicar las sanciones correspondientes para frenar la difusión de noticias falsas en torno al proceso electoral.
“El Consejo Nacional Electoral es un termómetro: sube la temperatura, la mide, baja la temperatura, la mide, pero la función ideal del CNE debería ser un ente regulador que aplique la ley y sancione el incumplimiento", opinó el experto.
Gómez recordó que “no todo se debe (permitir la desinformación), pero lamentablemente todo se puede. Se puede infringir la ley y no tener temor alguno a las consecuencias por la falta de aplicación”.
El analista político, Germán Licona, consideró que si el CNE no aplica sanciones “es porque ellos han permitido esta selva política que fomenta la desinformación”.
Para Licona, la desinformación inclina la balanza de los votos hacia personas que no están capacitadas ni tienen la capacidad moral y ética para dirigir cargos de elección popular”.
EH Verifica enfatiza que la ausencia de medidas correctivas fomenta un entorno en el que los partidos políticos pueden utilizar la desinformación como estrategia sin enfrentar repercusiones, debilitando la confianza de la ciudadanía en las instituciones electorales.
La desinformación tiene un impacto directo sobre la población, al generar dudas sobre candidatos, propuestas y resultados. En ese sentido, la ciudadanía hondureña enfrenta un desafío creciente para diferenciar entre información veraz y contenido manipulado.
Propaganda digital y su alcance
Las redes sociales se han consolidado como el principal canal de difusión de propaganda política. Estas plataformas permiten llegar a un público amplio en poco tiempo, amplificando el efecto de la desinformación.
Narrativas como encuestas falsas, imágenes manipuladas y supuestas alianzas políticas han sido desmentidas por EH Verifica, aunque continúan generando percepciones distorsionadas de la realidad.
El fenómeno no se limita al ámbito digital: la desinformación también se filtra a medios tradicionales y a grupos de mensajería instantánea, como WhatsApp, ampliando su alcance y su capacidad de influencia sobre distintos sectores de la población.
Expertos han señalado la necesidad de actualizar la normativa sobre propaganda electoral para incluir sanciones claras frente a la desinformación.
El analista político Luis León considera que la Ley Electoral debe regular las plataformas digitales para evitar la propagación de desinformación.
“La ley (Electoral) no contempla un control en cuanto al levantamiento de información digital. En ese sentido, no es culpa del CNE que no exista un mecanismo que lo obligue a regular el ámbito digital”, expresó León.
Germán Lobo, exconsejero del CNE, aclaró que "el problema es que las redes sociales no están reguladas por la Ley Electoral, lo que permite que partidos y candidatos hagan campaña incluso antes del período legalmente establecido".
El experto añadió que "en este momento no hay ningún tipo de regulación para la campaña en redes sociales; solo se puede actuar por la vía civil si alguien se siente agraviado".
Como ha explicado EH Verifica en reiteradas ocasiones, la falta de regulación específica y de mecanismos de monitoreo deja un vacío legal que los actores políticos aprovechan durante las campañas.
Desafío del proceso electoral
El principal desafío del Consejo Nacional Electoral es implementar mecanismos de monitoreo y sanción que frenen la desinformación. La falta de recursos, de personal capacitado y de protocolos claros limita su capacidad de respuesta frente a los contenidos engañosos que circulan durante la propaganda electoral.
EH Verifica enfatiza que, mientras no se adopten medidas concretas, la desinformación seguirá siendo un elemento central en la estrategia de algunos partidos políticos, afectando la transparencia y la confianza en el proceso democrático.
A criterio de la sociedad civil, se requiere un marco legal que contemple sanciones efectivas y mecanismos de prevención, así como una mayor cooperación entre medios de comunicación, autoridades y ciudadanía.
El exconsejero Germán Lobo consideró que "la falta de sanciones (de la desinformación) afecta el proceso electoral, porque en lugar de promover propuestas y capacidades, se centra en el desprestigio del adversario, lo cual va contra la ética democrática".
El fortalecimiento de estas medidas resulta crucial para garantizar elecciones más transparentes y proteger a los votantes de la influencia de información falsa durante los procesos electorales.
Si bien iniciativas como EH Verifica han desempeñado un papel clave en la lucha contra la desinformación, el problema requiere un abordaje integral que involucre al Estado, la sociedad civil, los medios de comunicación y las plataformas digitales.
Sin medidas concretas, la desinformación seguirá manipulando la percepción pública y poniendo en riesgo la democracia hondureña, advierten los especialistas.
